La circularidad de los plásticos Insectos, lombrices y enzimas se combinan para cerrar el círculo del material plástico
ASAJA participa en el proyecto RECOVER para la degradación de plásticos a partir de excrementos de insectos y su uso como biofertilizantes
En todo el mundo se producen 360 millones de toneladas de plástico al año: el 40% es consumido por el sector de los envases alimentarios y el 3,5% por la agricultura.
Poco más del 30% de los residuos de plástico generados en la UE se recicla, el resto se incinera, se deposita en vertederos o se libera en el medio ambiente lo que crea
problemas ambientales y de salud y una carga económica significativa para la sociedad.
Más de la mitad de los envases de alimentos usados, recogidos en los centros de residuos municipales, no se pueden reciclar con las técnicas disponibles actualmente debido
a su heterogeneidad y la presencia de productos sobrantes. Sin duda, la industria necesita establecer diferentes sistemas para cerrar el círculo del material plástico.
Para hacer frente a este desafío, RECOVER y sus diecisiete socios multidisciplinares entre los que está ASAJA, investigan para proporcionar soluciones biotecnológicas
novedosas utilizando la acción combinada de enzimas y organismos (microorganismos, lombrices de tierra e insectos) para la remediación de la contaminación por plásticos en
los campos agrícolas y la conversión de residuos plásticos agroalimentarios no reciclables en bioferfilizantes y plásticos biodegradables para aplicaciones agrícolas y de
envasado de alimentos.
Los insectos y las lombrices, con los microorganismos de su sistema digestivo y las enzimas que producen, actúan en colaboración y transforman gran parte de estos plásticos
en componentes de los que se extrae la quitina, un ingrediente para fabricar plásticos biodegradables. Precisamente, el aspecto más innovador de este proyecto es la acción
combinada de todos los elementos.
El objetivo es convertir los residuos plásticos en biofertilizantes y bioplásticos para aplicaciones agrícolas y de envasado de alimentos.
Otra estrategia dentro del mismo proceso es generar biofertilizantes a partir de los excrementos de insectos y lombrices de tierra y de la cama utilizada para su
desarrollo a expensas de los plásticos. Los mismos organismos se utilizarán también para eliminar los contaminantes presentes en el abono agrícola y que acaban en el
suelo.
Definición de tipos de plásticos y selección de organismos y enzimas
Desde que arrancara el proyecto, en junio de 2020, la actividad del consorcio se ha centrado, por un lado, en identificar los plásticos mayoritarios presentes en los
residuos plásticos agroalimentarios. Estos incluyen los correspondientes a envasado de alimentos, que terminan formando parte de los residuos sólidos urbanos, así como los
empleados en agricultura, tales como bandejas, macetas o las películas de acolchado que bien son recolectados o permanecen en suelo. En general, el proyecto busca
desarrollar soluciones biotecnológicas para la degradación de cuatro plásticos de origen fósil más representativos: poliestireno (PS), polietileno de baja densidad (LDPE),
polietileno lineal de baja densidad (LLDE) y tereftalato de polietileno (PET). Para el desarrollo del proyecto se utilizan estos polímeros, tanto primarios (vírgenes) como
secundarios (reciclados).
Para el tratamiento de los residuos plásticos se han seleccionado los organismos/enzimas candidatos y las condiciones básicas necesarias para degradarlos o transformarlos.
Cuatro combinaciones microbianas (consorcios) han mostrado una capacidad prometedora para utilizar la gama completa de polímeros plásticos como fuente de carbono,
especialmente para polietileno lineal de baja densidad (LLDE) y polietileno de baja densidad (LDPE). Dos nuevas enzimas han exhibido una gran actividad y estabilidad
(termo) frente a LLDPE y se han sintetizado otros homólogos que degradan LLDPE y PS. Adicionalmente, se han seleccionado las lombrices Eisenia foetida y Lumbricus
terrestres, destinadas a escenarios de biorremediación de suelos y vermicompostaje, sobreviven en presencia de plásticos exhibiendo una elevada actividad enzimática
degradadora. Además, se han hecho pruebas con los insectos Tenebrio molitor, Ephestia kuehniella y Galleria mellonella, así como Acheta domesticus y Hermetia illucens,
pero estos dos últimos no han resultado efectivos para la degradación de los plásticos. Para cada lombriz e insecto se han identificado microorganismos compatibles que
permitirán reforzar su actividad.
Por otra parte, se está llevando a cabo la producción a escala de laboratorio de formulaciones microbianas y combinaciones de insectos/lombrices con microorganismos para
determinar las mejores condiciones para la degradación/conversión de los plásticos y el escalado de su producción. Estas condiciones se están aplicando en ensayos de
campo, reactores de compostaje y cultivos de insectos para validar el nuevo proceso a escala piloto, así como para la posterior validación de los subproductos del proceso
en aplicaciones de alto valor añadido para diferentes usos finales en la alimentación y la agricultura.
Los nuevos consorcios microbianos y enzimas con actividad sobre una amplia gama de polímeros plásticos, además de lombrices e insectos capaces de digerir plásticos sobre
una matriz orgánica compleja son fundamentales para trabajar en la consecución de la degradación/conversión de plásticos mixtos heterogéneos con restos orgánicos y la
eliminación de plásticos del suelo. Se espera que una mayor integración de los sistemas biocatalíticos (enzimas hidrolíticas, microbios, insectos y lombrices de tierra)
maximice los rendimientos de la transformación, sea más flexible, permitiendo el tratamiento de flujos de residuos plásticos mixtos, y que haga posible la conversión de
plásticos fósiles en homólogos biodegradables en un solo paso.
Desarrollar productos de valor añadido
Los productos de valor añadido que se desarrollarán incluyen la valorización de quitina/quitosano extraído de los insectos como aditivo en plástico activo para películas
de embalaje y acolchado que proporcionarán propiedades antimicrobianas. Además, se producirán biofertilizantes como el vermicompost y estiércol de insectos.
Impacto
El proyecto RECOVER tendrá un impacto medioambiental muy positivo. Se espera que ofrezca enormes ventajas al disminuir la generación y dispersión de plásticos en los
cambios y así como la reducción de la gran cantidad de plástico que actualmente se entierra en los vertederos o se incinera con las implicaciones que esto tiene para la
liberación de GEI.
Las ciudades serán más sostenibles y seguras gracias a la reducción de los residuos plásticos. Un mayor porcentaje de plástico reciclado y biodegradado hará que lleguen
menos plásticos a los océanos y ríos. Además, se preservará el terreno agrícola evitando la contaminación. Las nuevas iniciativas de reciclaje aumentarán el reciclaje de
plásticos en la UE en un 12%, generando nuevos puestos de trabajo. Además, se evitará alrededor del 80% de las emisiones de CO2 causadas por la incineración común de
plásticos.
Objetivo
El objetivo general de RECOVER es proporcionar soluciones biotecnológicas novedosas para los desafíos del reciclaje y la contaminación de los residuos plásticos
agroalimentarios al convertirlos en bioproductos y eliminarlos del suelo.
El proyecto RECOVER aportará una valiosa contribución al ofrecer soluciones a los principales problemas que plantean los residuos plásticos agroalimentarios, además de
establecer una nueva interconexión transversal en la bioeconomía que implica la gestión de residuos y la biotecnología.
Sobre RECOVER
El proyecto RECOVER es una acción de investigación e innovación que se inició el 1 de junio de 2020 y tiene una duración de cuatro años. Reúne a 17 socios
multidisciplinares para desarrollar un conjunto de procesos basados en la biotecnología, que implican la acción combinada de nuevas enzimas, comunidades microbianas,
insectos y lombrices de tierra para el reciclaje sostenible de envases alimentarios y flujos de residuos plásticos agrícolas, y la limpieza de entornos contaminados por
ellos.
Este proyecto ha sido financiado por la Empresa Común de Industrias de Base Biológica en el marco del programa de innovación e investigación de la Unión Europea H2020
RECOVER bajo el acuerdo de financiación nº 887648. La Empresa Común recibe apoyo del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea y del
Consorcio de industrias de base biológica.
ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía consideran que es una irresponsabilidad exigir la aplicación de una norma que está en fase de
borrador, con continuos parches y que sólo genera incertidumbre a los agricultores y los ganaderos.
El sector agrario andaluz recuerda que tiene motivos de peso para rechazar el Plan Estratégico de la PAC, que hurta a Andalucía 500 millones de euros y busca desmantelar
su modelo social y profesional de agricultura, con el objetivo de abrir las puertas del campo a los fondos de inversión.
El sector agrario andaluz, representado por ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, insiste en la urgencia de aplazar la
aplicación de los ecorregímenes del nuevo marco normativo de la Política Agraria Común (PAC) ante la incertidumbre que genera a los agricultores y los
ganaderos la falta de una normativa clara, en continuo cambio y diseñada sin estudios de impacto previos.
Las organizaciones firmantes se muestran firmes tras la última provocación del ministro de Agricultura, Luis Planas, a los agricultores y ganaderos andaluces, que ha
tenido lugar hoy mismo en el Congreso de los Diputados. Allí, en respuesta a una pregunta en la sesión de control del Gobierno, el titular de Agricultura ha hecho un
llamamiento “a la responsabilidad” para que el sector agrario aproveche todas las oportunidades que ofrece la nueva PAC, criticando además las “voces aisladas e
irresponsables” que solicitan la no aplicación de los ecorregímenes, en clara alusión al rechazo que el Plan Estratégico de Planas ha generado en Andalucía, que justamente
es la principal región agraria de España.
Esta afirmación del ministro ha provocado la indignación de las organizaciones agrarias ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía,
quienes consideran que se trata de un claro desprecio a los agricultores y ganaderos andaluces.
Los representantes de la principal región agraria sostienen que “ni son voces aisladas, ni irresponsables”. El sector agrario andaluz tiene motivos de peso para rechazar
el Plan Estratégico de la PAC, ya que hurta a Andalucía 500 millones de euros y busca desmantelar su modelo social y profesional de agricultura que
mantiene vivo su medio rural, con el objetivo de abrir las puertas del campo a los fondos de inversión.
ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía entienden que lo irresponsable es exigir la aplicación de una norma que está en fase de borrador, con
continuos parches y que sólo genera incertidumbre en el sector, por lo que lo lógico y sensato, si no hubiera otros intereses de por medio, sería retrasar un año
la aplicación de los ecorregímenes.
Asimismo, recuerdan que Planas tuvo claro desde un primer momento que iba a llevar a cabo su nueva política agraria a toda costa, con un marcado perfil
autoritario, sin dar información, sin atender las propuestas del sector agrario andaluz, que incluye a uno de cada tres perceptores españoles de la PAC, y sin
tener en cuenta las constantes demandas de consenso, ni las movilizaciones celebradas en unidad de acción.
En definitiva, ha priorizado los intereses de algunas comunidades, generando desequilibrios y agravios territoriales. Según los datos manejados desde
Andalucía, las medidas del Ministerio de Agricultura van a provocar un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a
otras comunidades, ya que, entre otras cosas, penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) sin
considerar las especificidades de algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o
Huelva, que quedan degradadas y se integran en regiones mucho menos productivas.
Como ya señalaron en su momento las organizaciones firmantes, el impacto de estas medidas que entrarán en vigor el próximo 1 de enero será dramático para los agricultores
y los ganaderos andaluces, máxime en un contexto como el actual de sequía extrema, fuerte crisis energética y de incremento desmesurado de los costes de producción,
a lo que deberán sumar las pérdidas en la PAC, lo que acabará con la rentabilidad de miles de explotaciones andaluzas.
Los datos aportados por la Consejería de Agricultura de Andalucía indican que la nueva PAC provocará una merma del 30% en las ayudas de 750.000 hectáreas de secano,
la pérdida del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual por 700.000 hectáreas de olivar y una reducción de entre el 30 y el 40% de las ayudas de todo el
regadío.
La pérdida de presupuesto no es la única crítica de las organizaciones, ya que -como recuerdan- el Plan Estratégico complica más si cabe la gestión técnica y económica de
las explotaciones agrarias, lejos de la simplificación administrativa anunciada por la Administración y que tanto anhela el sector productor.
José Antonio Montilla (PSOE), Elvira Ramón Utrabo (PSOE), M.ª Inmaculada Oña López (PSOE) y Pedro Antonio Honrubia Hurtado (UP) no apoyaron la introducción de
dos de las enmiendas más importantes para el sector agrario provincial en la ponencia del Proyecto de Ley que regula la Política Agraria Común (PAC): 1) la supresión
del apartado 3 del artículo 27 de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que prohibía con carácter general la quema de restos
vegetales contra toda lógica agronómica y medioambiental y 2) la aplicación de la doble tarifa eléctrica para los regantes en función de las necesidades de
suministro, fundamental para ahorrar agua y energía. Afortunadamente, el resto de grupos parlamentarios en el Congreso votaron a favor y estas enmiendas pudieron
salir finalmente adelante y serán incorporadas en la nueva Ley de gestión de la PAC
ASAJA GRANADA llevará a su próxima Junta Directiva la declaración de personas no gratas a los diputados granadinos del PSOE en el Congreso: José Antonio Montilla, Elvira
Ramón Utrabo y M.ª Inmaculada Oria López, y al diputado de Unidas Podemos (UP), Pedro Antonio Honrubia Hurtado, por su negativa a la introducción de dos enmiendas en el
informe de ponencia de la Ley de la Política Agraria Común (PAC): 1) la eliminación de la prohibición de la quema de residuos agrícolas y 2) la aplicación de la doble
tarifa eléctrica para los regantes en función de las necesidades de suministro. Estas enmiendas han salido finalmente adelante y serán incorporadas a la Ley de gestión de
la PAC (pendiente de aprobación), aunque no ha sido precisamente gracias al apoyo de nuestros representantes provinciales que deberían defender los intereses de
agricultores y ganaderos de nuestra tierra y han hecho todo lo contrario siguiendo la línea marcada por el Gobierno de España.
La quema de residuos vegetales generados en el entorno agrícola y silvícola fue prohibida con carácter general, contra toda lógica agronómica y medioambiental, por la Ley
7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que entró en vigor en abril de este año, en su artículo 27.3, añadiendo sobrecostes inasumibles para
las explotaciones por el aumento de prácticas mecanizadas e inversiones imposibles de afrontar. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Ministerio
de Transición Ecológica se excedieron con ella en su interpretación de las directivas comunitarias y pusieron contra las cuerdas al sector agrario impidiendo una actividad
esencial para el sector primario, perfectamente regulada desde hace muchos años, que evita la proliferación de enfermedades y riesgos fitosanitarios y beneficia la
fertilización del suelo tras la recolección y las podas, con un impacto medioambiental mínimo. La doble tarifa de riego se acabó por incluir, tras las reclamaciones
insistentes del sector, en una disposición final mediante enmienda aprobada en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y se llegó a
incorporar en la Ley de la Cadena Alimentaria, aun así, el propio Gobierno se ha negado a implementarla excusándose en que no existe marco necesario para ello cuando resulta
fundamental para optimizar el uso del agua y la energía y podría ahorrar un 20% la factura de la luz.
Es indudable la política de abandono del campo que practican tanto el PSOE como Unidas Podemos y desde ASAJA GRANADA lo queremos resaltar señalando a los políticos que nos
representan que no cumplen con sus responsabilidades. Asimismo, recriminamos la pésima PAC impuesta sin diálogo por el ministro Planas, que hará perder a los agricultores y
ganaderos de la provincia de Granada 100 millones de euros en el periodo de aplicación 2023-2027.
Encuentro. “El papel clave de las mujeres para el sostenimiento del medio rural”
Se presenta en Granada la asociación nacional ASAJA MUJERES
La presidenta de esta nueva asociación, Blanca Corroto, ha señalado en rueda de prensa que las mujeres tienen que hacerse más presentes en los puestos de dirección,
gestión de asociaciones, cooperativas y empresas, y que desde ASAJA MUJERES se les formará e informará para emprender, defender sus derechos y asumir el papel de liderazgo
necesario para cambiar las cosas. En este encuentro mujeres agroprofesionales contarán las experiencias de gestión en sus explotaciones para que otras mujeres las tengan
como referentes y combatir así la despoblación y avanzar en la igualdad de oportunidades.
Hoy tiene lugar en Granada la presentación de la asociación nacional ASAJA MUJERES, de reciente constitución, en el Encuentro sobre “El papel clave de las mujeres para el
sostenimiento del medio rural” que se celebra a partir de las 11.00 horas en el Auditorio Municipal La Chumbera, con la asistencia de su presidenta, Blanca Corroto
y el presidente de ASAJA NACIONAL, Pedro Barato. Este acto cuenta con la presencia y respaldo de las autoridades locales y provinciales en su
inauguración: Mercedes Garzón, diputada de Igualdad; Matilde Ortiz, delegada de Inclusión Social y María de Leyva,
concejala de Cultura, y en la clausura con la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López, y el viceconsejero de Agricultura, Vicente Pérez.
El programa de la jornada incluye, además, una conferencia magistral sobre gestión y economía de las mujeres en el mundo rural a cargo de Maribel Díez,
doctora en Historia de las Mujeres y socióloga, y una mesa redonda en la que se hablará de liderazgo de la mujer rural y sus oportunidades con la participación de la
delegada de Agricultura en Granada, Celia Santiago; la presidenta de ASAJA MUJERES, Blanca Corroto, y tres mujeres agroprofesionales de
diferentes comunidades autónomas: Pilar Pascual (AgriPilar en redes), de Castilla y León, con una finca de pistachos en proyecto en su pueblo Parada de
Rubiales; Carolina Fernández, de Ciudad Real, de Casa Gautier, donde vende carne rica en Omega 3 de su propia ganadería de vacuno, en Mansalbas, y
Marta García, de Cantabria, con la ganadería Val del Mazo de vacuno y equinos, en Cañedo. A continuación de este mesa de debate la especialista de
Agrobank, Eloísa del Río, hablará de las iniciativas de apoyo en favor de las mujeres del medio rural.
El evento, organizado por ASAJA GRANADA, ASAJA MUJERES y ASAJA NACIONAL cuenta con el patrocinio de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, la Fundación “la Caixa” y Maeva. También colaboran: Bodegas Anchurón, Quesería Collados, Jamón de Trevélez y Embutidos Lizana.
La grave situación que atraviesa el sector agrario contrasta con la irrisoria subida de 23 millones de euros en el presupuesto con respecto al actual
ASAJA CONSIDERA INSUFICIENTE LA DOTACION ECONÓMICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PARA 2023
En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, presentado en el Congreso de los Diputados, el Gobierno de Pedro Sánchez solamente ha incrementado un 0,3
por ciento la partida destinada al MAPA, lo que supone 23 millones de euros más con respecto a 2022, pasado de 8.845 a 8.868 millones. Este ridículo incremento, teniendo
en cuenta la gravísima situación que atraviesa el sector agrario español, contrasta con las considerables subidas en el presupuesto de ministerios como Derechos Sociales
y Agenda 2030; Igualdad; Cultura y Deporte, etc.
Un sector estratégico para la economía de este país como es el sector agrario (representa el 10 % del PIB español) queda liquidado con tan solo un 1,8% del total del
presupuesto destinado por el Gobierno para el conjunto de los ministerios.
Teniendo en cuenta las graves dificultades por las que pasa el sector agrario español, aquejado por una durísima sequía que ha mermado las producciones; unos inasumibles
incrementos de costes de producción en energía, combustibles, semillas, fertilizantes, abonos…las consecuencias de la guerra de Ucrania que han quedado patentes en el
sector y unos precios en origen que no compensan los costes de producción, ASAJA considera ridículo el presupuesto propuesto.
En este sentido, ASAJA exige al Gobierno un incremento de la dotación presupuestaria para que se contemplen ayudas directas a los sectores agrícolas y ganaderos más
afectados por la crisis, al igual que una partida mayor para medidas fiscales, que fueron incluidas en la Ley de la Cadena Alimentaria como son: la reducción de las
facturas del gasóleo agrícola, de los fertilizantes y plásticos en el IRPF, así como la implantación de la doble tarifa eléctricas para el sector. Recordamos que la
puesta en marcha de estas medidas, ya aprobadas, ha sido incumplida por parte del Gobierno.
Por otra parte, el incremento de presupuesto destinado a los seguros agrarios es de todo punto insuficiente, a la vista de las tremendas pérdidas sufridas por el sector en
este durísimo año de sequía. De igual forma, es necesario un presupuesto mayor para la modernización de los regadíos, así como para las nuevas infraestructuras hidráulicas
que son imprescindibles para la sostenibilidad y mantenimiento de este sector productivo, que sigue abasteciendo con alimentos seguros y de calidad a la sociedad.
ASAJA, COAG y UPA exigen al Ministerio de Agricultura una investigación urgente para comprobar y sancionar los incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria
en el sector avícola.
Las integradoras de pollo están pagando a los granjeros un precio inferior a sus costes de producción, que se han disparado en los últimos meses. Así lo han reconocido
los representantes de Avianza, la patronal de las integradoras avícolas, ante representantes de ASAJA, COAG y UPA, en una reunión celebrada el pasado viernes. Las
denuncias que los representantes de los avicultores llevan meses realizando de falta de precios justos e incumplimiento de la Ley de la Cadena se ven así confirmadas por
parte de las industrias avícolas.
La reunión entre las organizaciones profesionales agrarias y las empresas integradoras agrupadas en Avianza ha servido para confirmar que el sector, en su conjunto,
atraviesa un momento crítico y que ahora, más que nunca, urge que se cumpla con las obligaciones que marca la Ley de la Cadena Alimentaria a todos los operadores del
sector.
Los representantes de Avianza han reconocido a COAG, UPA y ASAJA que en los últimos doce meses los avicultores integrados han soportado un “enorme incremento de los
costes de producción”, en partidas como la energía, el combustible o los gastos por la subida de sus gastos financieros, por lo que las organizaciones agrarias insisten
en la necesidad de que sean modificadas las condiciones contractuales para cumplir con el artículo 9 de la Ley, que obliga a establecer en los contratos un precio que
cubra al menos el coste efectivo de producción.
Inspecciones y sanciones
Ante esta situación, las organizaciones exigirán al Ministerio de Agricultura, en una próxima reunión que se celebrará el 19 de octubre, que comience una inspección de
oficio urgente en el sector, analizando “todas y cada una de las operaciones comerciales” que tienen lugar a lo largo de la cadena de valor de los productos avícolas de
carne.
En este momento, la práctica totalidad de los productores de pollo y pavo de España están teniendo una remuneración muy inferior a sus costes de producción, con lo que
“no será difícil”, aseguran, “encontrar incumplimientos de una ley esencial para el desarrollo futuro del sector primario”.
“No podemos seguir soportando las pérdidas de una cadena de valor ineficiente en su conjunto”, afirman los representantes de los granjeros. El precio del pollo ha subido
más de un euro por kilogramo en el último año en los lineales, mientras que los granjeros que crían los pollos siguen percibiendo precios “de ruina”, han concluido.
UPA, COAG y ASAJA señalan a la industria y a la gran distribución como los que tienen en su mano pagar un precio justo a los granjeros y piden auxilio al
Ministerio de Agricultura.
Los granjeros de pollo atraviesan desde hace varios meses una situación límite: los costes que asumen se han disparado por la brutal inflación que afecta a sus diferentes
partidas. Sin embargo, el precio que perciben de las integradoras apenas ha variado. Los consumidores, por su parte, están pagando cada día un precio más alto por la carne
de pollo, que además es la fuente de proteínas más consumida de España.
Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, se han dirigido a la patronal Avianza, que aglutina a las industrias integradoras, a las asociaciones de la
gran distribución, y al Ministerio de Agricultura para exigir un cambio de actitud inmediato que asegure la supervivencia de los granjeros de pollo españoles.
Las organizaciones describen la situación como “dramática”, como consecuencia del aumento de los costes de producción, tanto en el caso de la energía, los combustibles, y
todas las materias primas y materiales que son necesarios para continuar con el proceso de producción.
“Sin duda, son las granjas de producción las que están pagando la factura de esta crisis, junto con los consumidores, porque el precio de venta al consumidor se ha visto
incrementado sin que se haya producido un reparto de este aumento a lo largo de la cadena de valor”, señalan.
Las organizaciones afirman que sigue creciendo el número de titulares de granjas de producción de carne de pollo y pavo que anuncia su intención de cerrar las naves, “ya
que lo único que están haciendo es acumular pérdidas y contraer deudas con sus proveedores. Es por ello que en los próximos meses existe un enorme riesgo de
desabastecimiento de carne de pollo y de pavo en España”.
Por todo ello ASAJA, COAG y UPA urgen a las empresas integradoras agrupadas en Avianza que realicen una revisión inmediata de sus contratos de integración, y a la vista
del enorme aumento de los costes de producción, eleven los precios remunerados por los ganaderos, en cumplimiento de la Ley de Cadena alimentaria.
También piden una reunión al más alto nivel, con la participación de representantes de empresas integradoras y de empresas de la distribución y OPAs, donde el Ministerio
de Agricultura pueda entender la “delicada situación en la que se encuentra el sector” y actúe en consecuencia. Las OPAs envían también un mensaje a las Comunidades
Autónomas, para que agilicen el pago de las ayudas directas por los efectos de la guerra de Ucrania, para dotar de cierta liquidez a las explotaciones avícolas ante la
crisis que atraviesan.
La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, mantuvo una reunión de trabajo el pasado 8 de septiembre con el presidente de Asaja Nacional,
Pedro Barato, en la que abordaron temas tan importantes para el sector agrario como los graves problemas de sequía y la situación de elevados costes de producción que,
desde hace tiempo, están sufriendo los agricultores y ganaderos.
De hecho, gran parte de la reunión de trabajo se centró en abordar los efectos que está dejando la falta de agua en el campo español y la necesidad de adoptar más medidas
que permitan paliar efectos y ayudar al sector a buscar alternativas que generen nuevos recursos hídricos. En este sentido, la consejera y el presidente de Asaja Nacional
coincidieron en señalar la necesidad de que el Gobierno de España reprograme los fondos Next Generation para poder poner en marcha las infraestructuras hídricas necesarias
que hay pendientes, así como aplicar otros fondos que vayan más allá y que permitan ir avanzando hacia una seguridad hídrica.
Respecto a la nueva PAC, la Consejería y ASAJA creen necesario flexibilizar la aplicación de la futura PAC ante los acontecimientos existentes por la guerra de Ucrania y
los elevados costes de producción.
Por último, la consejera quiso evidenciar el esfuerzo inversor que está haciendo Andalucía recordando que el ejecutivo regional, a pesar de ser competente solo en el 33%
de territorio andaluz, trabaja para poner a disposición de los regantes 120 hm3 de agua adicional frente a los 20 hm3 que pone el Estado a través de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.
Fuente: AQUÍ (EXTERNO).
La Unión Europea y el Ministerio de Agricultura dejan indefenso al tejido productivo andaluz, penalizan la diversidad y la apuesta por la
sostenibilidad de la principal región agraria de España y abren las puertas del campo a los fondos de inversión
Agricultores y ganaderos andaluces, vendidos por Planas
El sector agrario andaluz muestra su rechazo y decepción por la aprobación definitiva de la UE al Plan Estratégico de la PAC del ministro de Agricultura, que
ya tiene vía libre para quitarle a Andalucía 500 millones de euros y machacar su modelo social y profesional de agricultura que mantiene vivo su medio rural.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha salido con la suya. Ayer mostraba su felicidad por la aprobación definitiva por parte de la Unión Europea del Plan
Estratégico que España ha diseñado para llevar a cabo la aplicación, a partir del 1 de enero de 2023, de la nueva reforma de la Política Agraria Común –PAC-.
Una dicha que el sector agrario andaluz, representado por ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, no entiende ni aprueba, ya que el
ministro ha culminado lo que siempre “inexplicablemente” ha perseguido, que es el trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades autónomas.
Como recuerdan los representantes del campo andaluz, la satisfacción de Luis Planas pasa por hurtar 500 millones de euros a la principal región agraria de España, machacar
su modelo social y profesional de agricultura que mantiene vivo su medio rural, además de penalizar su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad, señas de
identidad del sistema agroalimentario andaluz.
Para Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias, Planas tuvo claro desde un primer momento que iba a llevar a cabo su nueva política agraria a toda costa, con un marcado
perfil autoritario, sin dar información, sin atender las propuestas del sector agrario andaluz, que incluye a uno de cada tres perceptores españoles de la PAC, y sin tener
en cuenta las constantes demandas de consenso, ni las movilizaciones celebradas en unidad de acción.
En definitiva, el Plan que ya tiene el visto bueno de Europa se ha redactado sin diálogo, sin estudio de impacto previo y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando
los intereses de algunas comunidades, generando desequilibrios y agravios territoriales. En este sentido, según los datos manejados desde Andalucía, las medidas del
Ministerio van a provocar un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades, ya que, entre otras cosas, penaliza la
diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) sin considerar las especificidades de algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de
pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva, que quedan degradadas y se integran en regiones mucho menos productivas.
Esta discriminación se evidencia claramente si vemos los ecorregímenes en los que a nivel estatal se han configurado dos regiones de pastos y solo una de regadío. Así, el
número de ecorregímenes y el reparto de los fondos de esta partida son, a todas luces, insuficientes si se quiere impulsar una producción agraria más verde, como señala
Bruselas. Además, para el campo andaluz es un error no vincular esta arquitectura medioambiental con las nuevas regiones productivas.
Como ya señalaron en su momento las organizaciones firmantes, el impacto de estas medidas que entrarán en vigor el próximo 1 de enero será dramático para los agricultores
y los ganaderos andaluces, máxime en un contexto como el actual de sequía extrema, fuerte crisis energética y de incremento desmesurado de los costes de producción, a lo
que deberán sumar las pérdidas en la PAC, lo que acabará con la rentabilidad de miles de explotaciones andaluzas. Los datos aportados por la Consejería de Agricultura de
Andalucía indican que la nueva PAC provocará una merma del 30% en las ayudas de 750.000 hectáreas de secano, la pérdida del 25% de las ayudas percibidas en el periodo
actual por 700.000 hectáreas de olivar y una reducción de entre el 30 y el 40% de las ayudas de todo el regadío.
La pérdida de presupuesto no es la única crítica de las organizaciones, ya que como recuerdan el Plan Estratégico complica más si cabe la gestión técnica y económica de
las explotaciones agrarias, lejos de la simplificación administrativa anunciada por la Administración y que tanto anhela el sector productor.
La sequía que estamos padeciendo está teniendo gravísimas repercusiones en el sector agropecuario español, con unas perdidas y daños que ASAJA NACIONAL estima que podrán
superar fácilmente los 8.000 millones de euros, al verse mermadas las principales producciones agrícolas:
• Un 30% de reducción de cosecha en cultivos de invierno,
• Entre un 40 y 50% de reducción, tanto en superficies como en producción, en maíz,
• Bajos rendimientos en girasol, que han neutralizado el incremento de superficies,
• Cerca de la mitad de la producción estimada en olivar, tanto para mesa como para almazara,
• Adelantos importantes en la vendimia y reducción prevista de la cosecha entre un 25% y un 30%,
• Caída de la producción en almendros, con un 80% de pérdidas estimadas
A estos datos desalentadores de campaña y de previsiones a corto plazo se añaden las posibles restricciones que puedan sufrir los casi cuatro millones de hectáreas que
tenemos de regadío en España, una parte fundamental en la producción agrícola que paradójicamente debe funcionar sin un Plan Nacional de Regadíos y sin las inversiones
hidráulicas necesarias en todo el territorio nacional. “Si hace años se hablaba de una España húmeda y una España seca, desgraciadamente hoy solo podemos hablar de
una España seca, lamenta el presidente de ASAJA, Pedro Barato.
Especial mención merecen los sectores ganaderos, donde la falta de pastos naturales y el incremento desorbitado de los costes de alimentacion del ganado han provocado
situaciones dramáticas, como el cierre de explotaciones o el obligado sacrificio de cabezas de ganado ante la imposibilidad de asumir estos costes ni poder repercutirlos
en los siguientes eslabones de la cadena.
Más allá de los mensajes triunfalistas del Gobierno, la realidad del sector es que se enfrenta a una crisis de gravísimo calado, que podría incluso afectar al propio
suministro alimentario, que gracias al sector productor junto con el resto de los operadores agroalimentarios, han sido capaces de afrontar situaciones tan graves como la
pandemia, el confinamiento del conjunto de la sociedad o la falta de materias primas.
El Gobierno debe ponerse al frente de la gestión de la crisis, como han hecho otros gobiernos europeos, y presentar medidas urgentes y eficaces, primero para paliar esta
crisis, y además para ofrecer soluciones duraderas a la agricultura española, que padece problemas estructurales, como es el acceso al agua para dar estabilidad a
nuestras producciones, unos costes energéticos y de los insumos, acceso a la financiación y equilibrio en la cadena de suministros a la hora de marcar precios y
condiciones.
• Mientras los precio de las frutas y hortalizas caen en el campo hasta un 50%, para el consumidor suben entre un 25 y un 40%
• Los precios de los cítricos en origen, para la próxima campaña, son un 30% inferiores a los costes
Siete meses después de su entrada en vigor, la aplicación de la modificación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria aprobada el pasado 2 de diciembre de 2021 ha
tenido escasos efectos sobre el funcionamiento del mercado agroalimentario y los productores agrarios ven como los precios en origen siguen cayendo, mientras que al
consumidor se le dispara la cesta de la compra. La Ley de la cadena sigue sin funcionar y sin dar respuesta a los abusos comerciales.
Según los datos que maneja ASAJA en Valencia, las primeras operaciones de compraventa de cítricos que empiezan a formalizar agricultores y operadores comerciales de cara a
la próxima campaña citrícola establecen unos precios en origen que se sitúan hasta un 30% por debajo de los costes medios de producción. En el caso de la naranja Navelina
ofrecen precios en torno a 0,21 euro/kg, mientras que los gastos que supone el cultivo de la naranja superan los 0,32 euros/kg, después de haber aumentado estos últimos un
40% en dos años.
Esta situación se extiende a buena parte de los productos perecederos y afecta de forma especial a prácticamente todas las frutas y hortalizas. Los productores de Murcia
denuncian como sandias, lechugas o albaricoques triplican sus precios del campo al mercado y desde ASAJA en Alicante se advierte de un desplome del consumo de fruta debido
a que el diferencial entre el precio cobrado por los agricultores y pagado por el consumidor ha alcanzado unos niveles alarmantes que se sitúan en torno al 1000%, cuando
lo habitual es del 300%. Este alarmante desplome del consumo ha sido confirmado por la propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): “uno de cada cinco consumidores
admite haber dejado de comprar alimentos frescos como carne, pescado, frutas y verduras”.
En estos momentos se pone de manifiesto, más que nunca, los tremendos desequilibrios de fuerzas que hay en la cadena de valor, los abusos comerciales existentes y el nulo
papel de los productores que, sobre todo en productos perecederos, no pueden repercutir la escalada de costes porque el precio les viene impuesto.
En opinión de ASAJA, esta Ley de la Cadena Agroalimentaria debe ser urgentemente mejorada con el fin de corregir estas deficiencias que perjudican gravemente tanto a
productores como a consumidores. Por ello, seguimos insistiendo, como ya lo hicimos en la tramitación de la Ley, en la necesidad de contar con índices de precios
referenciados que contemplen los costes de producción de cada alimento y que no se permita la venta por debajo de dichas referencias.
Igualmente pedimos que la AICA realice más controles de oficio cuando se sospeche que se incumple la Ley. Recientemente hemos conocido que casi el 70% de las denuncias que
llegan a la AICA son finalmente sancionadas, lo que indica que el abuso comercial sigue estando presente y que a la Ley le queda recorrido para cumplir con su objetivo, ya
que la denuncia debería ser el último recurso y no algo sistemático.
Por último, vigilaremos con detalle lo que ocurra a partir de enero de 2023 cuando entre en funcionamiento el registro de los contratos agroalimentarios en el que se
deberán reflejar los contratos superiores a un importe de 1000 euros, que son prácticamente la mayoría, y si a partir de ese momento se multiplica la efectividad de la
ley.
Las ayudas de mínimis para gastos corrientes y gastos de inversión arbitradas por la institución local en la provincia de Málaga, dotadas con 4,9 millones
de euros, serían también aquí el modo más eficaz y ágil para paliar la crítica situación que están atravesando nuestras explotaciones agrarias y ganaderas afectadas por
la crisis energética.
La crisis energética sobrevenida tras la guerra de Ucrania, con máximos históricos en los precios de la electricidad (+160,98%), el gasóleo (+63,48%) y las materias primas
necesarias para el desarrollo de la actividad productiva agraria y ganadera (los abonos un +52,8% o el trigo para pienso un +25,3%) le está pasando otra factura más al
sector tras los letales efectos de la pandemia del COVID-19 por la restricción de movimientos de bienes y personas y los bajos precios en origen, a pesar de ser declarado
entonces esencial para garantizar la seguridad alimentaria y no se han arbitrado todavía, por parte de las Administraciones central ni autonómica, medidas efectivas que
palien la falta de rentabilidad que vienen sufriendo nuestras explotaciones agrarias y ganaderas.
Nos atrevemos a decir que las ayudas de mínimis arbitradas por la Diputación provincial de Málaga para gastos corrientes de las cuotas a la Seguridad Social de autónomos
agrarios o los costes de producción en alimentos, piensos transporte o gastos de arrendamiento o subarriendo de terrenos, así como los gastos de inversión en maquinaria,
herramientas, instalaciones e infraestructuras como invernaderos, mallas, vallados etc., con una dotación de 4,9 millones de euros, son las más ágiles y eficaces para
fortalecer e impulsar al sector agroganadero y tan necesarias, o más incluso, en la provincia de Granada por el peso que tienen en su economía, el 7,2% del PIB, y así se
lo ha trasladado el secretario general de ASAJA GRANADA, Manuel del Pino, a la institución provincial local en una carta dirigida a su presidente, José Entrena, para que
tome en consideración esta iniciativa y la plantee a su Junta de Gobierno.
Apelamos a la sensibilidad de la Diputación provincial de Granada como institución local con vocación de cercanía para la resolución de los problemas que afectan a su
población, para que acuda al rescate de nuestras explotaciones agrarias y ganaderas debilitadas por la situación de volatilidad e incertidumbre actual y las dote de los
recursos necesarios para asegurar su continuidad.
La unidad de acción de las tres organizaciones agrarias y Cooperativas es la tónica predominante de una tractorada que discurre sin incidentes por la ciudad
de Granada para lanzar un mensaje muy claro: el campo no aguanta más.
Más de 400 vehículos agrícolas, la gran mayoría tractores, han recorrido esta mañana las calles de Granada para exigir medidas que salven al campo ante el desorbitado
e injustificable incremento del precio del gasóleo. La unidad de acción de las tres organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada ha vuelto a ser la tónica de una tractorada que ha transcurrido con normalidad, a la que también se han unido varios centenares de personas a pie.
El secretario general de ASAJA Granada, Manuel del Pino; el secretario provincial de COAG Granada, Miguel Monferrer; el secretario
general de UPA Granada, Nicolás Chica, y el director de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Gustavo Ródenas han encabezado la
tractorada detrás de una pancarta en la que se podía leer el lema: “El precio del gasoil, la ruina del campo”. La desorbitada subida del gasóleo agrícola y la
electricidad lastran la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y condiciona el trabajo diario en nuestras explotaciones. De ahí que los cuatro dirigentes
hayan coincidido en reclamar al Gobierno medidas reales y efectivas que palíen esta abusiva e injustificable subida de los costes de producción.
El precio del gasóleo agrícola, a una media de 1,70 euros por litro, y el de la factura de la luz prácticamente triplican los costes de producción con respecto a la
anterior campaña. Una crisis sin precedente que hace inasumible para las explotaciones agrícolas y ganaderas el salir a trabajar diariamente. La bonificación de 20
céntimos del carburante sigue sin resolver nada de nuestra crisis. Ni siquiera los intentos de contener la subida del megavatio/hora de la luz poniendo topes al gas hace
que los costes de producción se hayan reducido. Todo lo contrario, siguen aumentando sin control alguno.
Las organizaciones agrarias granadinas ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias reclamamos al Gobierno soluciones verdaderamente eficaces que permitan al sector
agrario y ganadero seguir funcionando, a través de la bonificación de la factura del gasóleo (plásticos y fertilizantes) en el IRPF; la aplicación de la doble potencia
eléctrica para los regantes que les permita ahorro de energía durante los periodos en que no riegan; y el aumento de la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos,
actualmente 0.063 euros/litro, o en su caso la vuelta al gasóleo profesional bonificado.
Los costes de producción hacen inviable el futuro de las explotaciones agropecuarias
Inmersos en plena campaña de cereales, los agricultores ven como los gastos de cosecha se disparan como consecuencia de las subidas diarias del precio del
combustible. Una cosechadora consume al día unos 400 litros de gasóleo, es decir, 677, 2 euros/día, a lo que hay que sumar el consumo de tractores y/o camiones que
realizan las tarea de acarreo del grano para su almacenamiento. Unos gastos que resultan desorbitados y que merman la rentabilidad de las explotaciones cerealistas de
forma alarmante. El resto de sectores tampoco salen mejor parados y la ganadería soporta una subida indiscriminada del precio de los piensos que la aboca al sacrificio
de animales.
Cuando a finales del mes de marzo el Gobierno aprobó la bonificación de 20 céntimos al combustible, el precio del gasóleo se situaba en 1,3 euros/litro, a fecha de hoy el
precio alcanza ya los 1,7 euros/litro. Una subida cercana a los 30 céntimos que rebasa la bonificación diseñada para compensar el precio.
Respecto a junio de 2021, el precio del gasóleo agrícola se ha incrementado un 120%, la energía eléctrica un 180%, y los piensos para la alimentación del ganado un 36%
para el vacuno y en un 49% para el porcino. Con estos costes de producción resulta de todo punto inviable el futuro de las explotaciones agropecuarias, máxime si a esto
sumamos los efectos que la sequía está dejando en sector, con importantes mermas de producción (cereales -30%), y la inestabilidad y incertidumbre provocadas en los
mercados internacionales como consecuencia de la invasión de Ucrania.
Por todo ello, ASAJA insiste al Gobierno en la necesidad de poner en marcha medidas fiscales urgentes que alivien los incrementos de costes de producción, y en este
sentido urgimos a reducir el IVA de los hidrocarburos para situarlo en el tipo reducido o superreducido con el margen que establece la Directiva europea de fiscalidad y
a poner en marcha las reducciones en la factura del gasóleo del 35% y del 15% de los fertilizantes y plásticos en el IRPF, tal y como se recoge en la Ley de la Cadena
Alimentaria que entró en vigor el 16 de diciembre de 2021.
Igualmente, demandamos un incremento de la deducción de los gastos de difícil justificación para los agricultores que tributen en el régimen de estimación directa del
IRPF, así como un incremento en el IVA compensatorio del 10,5% al 12% en ganadería para equiparlo con el de agricultura en el régimen especial de agricultura y ganadería
del IVA.
También consideramos urgente la aplicación del tipo superreducido del 4% del IVA a las compras realizadas por los productores agrarios de aquellos medios de producción
necesarios para el desarrollo de su actividad, como inputs agrarios y materias primas.
Y, por último, demandamos la reducción de los costes energéticos aplicando, de una vez por todas, la doble tarifa eléctrica para el riego, tal y como ha venido anunciando
el Gobierno desde finales del año 2020 en la Ley de Presupuestos para 2021 y posteriormente en la Ley de la Cadena Alimentaria y que ha sido incumplido reiteradamente
hasta la fecha.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a actuar por su cuenta y ha introducido sin el consenso del sector una modificación de
última hora en el cumplimiento de la figura de “agricultor activo” para el cobro de las ayudas de la PAC muy lesiva para la provincia de Granada, donde tienen mucho
arraigo las Comunidades de Bienes como tipo de sociedad familiar, que se verían en gran medida afectadas.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha introducido en las últimas propuestas al Plan Estratégico de la PAC, sometido a revisión tras la evaluación
y observaciones realizadas por la Comisión Europea a finales de marzo, una modificación de última hora y por sorpresa que puede suponer el fin de las Comunidades de Bienes
y Sociedades Civiles, un tipo de sociedad familiar con un gran arraigo en la provincia de Granada (alrededor de un millar de beneficiarios que aglutinan a 3.000
perceptores las ayudas comunitarias), así como en el resto de Andalucía.
Hasta ahora no se exigía al total de los comuneros el cumplimiento de la nueva definición de “agricultor activo”, es decir, que más del 25% de los ingresos totales fueran
agrarios, sino al CIF, de esta manera se mantenía el statu quo de estas uniones de varios agricultores, pequeños y medianos, que tienen también ingresos al margen de su
explotación y que ponen en común sus activos. El cambio realizado supondrá que muchas de estas Comunidades de Bienes, además de Sociedades Civiles y Herencias Yacentes,
puedan quedarse fuera y tengan que desaparecer o constituirse en sociedades mercantiles en un abrir y cerrar de ojos (con la complejidad que ello implica) y en la peor
coyuntura posible con los insumos, el gasóleo agrícola y la electricidad por las nubes.
Una vez más el ministro Luis Planas menosprecia al sector agrario urdiendo artimañas y tomando decisiones unilaterales que no consensua con el sector. Desde ASAJA GRANADA
le instamos a que reconsidere esta medida antes de que se remate la versión final del Plan Estratégico Nacional de la PAC que, no olvidemos, tiene que comenzar a aplicarse
en un cada vez más cercano año 2023.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visitó Granada por sorpresa el pasado 15 de junio, en plena campaña electoral, para reunirse solo con
los suyos y decir que la nueva PAC es “muy positiva” para el sector primario de Granada, cuando lo único que nos va a traer la reforma del periodo 2023-2022 serán recortes
de fondos en cultivos y comarcas principales productoras de olivar como Iznalloz (-8%) y Montefrío (-14%), en almendro en el Valle de Lecrín (-14%), junto con los cultivos
de regadío en la Vega de Granada (-22%) y la Costa (-22%). Saldrán también malparados los cultivos de secano prácticamente en todas las comarcas, salvo Guadix y Huéscar que
aumentan un insignificante 1%. Solo ganarán los cultivos de regadío en algunas zonas, y el almendro y olivar en el norte de la provincia, si cumplen determinadas exigencias
medioambientales muy discutibles. Unos muchos ganarán poco y unos pocos perderán mucho, precisamente los agricultores y ganaderos profesionales que más peso tienen en la
economía provincial.
Para la nueva PAC del periodo 2023-2027, en teoría Granada se queda básicamente como está, solo perdería, en principio, 1.597.800 euros, el 1% del total del presupuesto
destinado a los beneficiarios de la Política Agraria Común (PAC), quedándose con 110.428..820 millones de euros con respecto a los 112.026.620 millones del periodo
anterior, sin embargo, no podemos decir ni mucho menos que salga beneficiada, sino agraviada una vez más al no contemplar el nuevo modelo de ayudas diseñado en el Plan
Estratégico Nacional la realidad de nuestra agricultura, traduciéndose al final con su aplicación en pérdidas que podrían superar los 20 millones de euros anuales, 100
millones en total.
Sale perjudicado, de entrada, el olivar granadino en dos de sus principales zonas productoras, como Iznalloz (-8%) y Montefrío (-14%), el almendro en el Valle de Lecrín
(-14%), junto con los cultivos de regadío en la Vega de Granada (-22%) y la Costa (-22%). Los cultivos de secano repartidos en todo nuestro territorio salen también
malparados en todas las comarcas, salvo en Guadix y Huéscar, que aumentan un insignificante 1%. Los cultivos de regadío solo ganan de forma significativa en Montefrío
(+33%), la zona norte de la provincia (Guadix +14%; Baza +42% y Huéscar +6%), Las Alpujarras (+56%) y Valle de Lecrín (+33%). El almendro y olivar sí suben en la zona
norte (Guadix +39%; Baza +42% y Huéscar +25%) y en Alhama (+18%) condicionados, eso sí, al cumplimiento de unas exigencias medioambientales muy discutibles (o de otro
modo Eco-regímenes o Ecoesquemas) que a muchos se les volverá en contra, pues suponen el 23% de la ayuda básica a la renta. En definitiva, un plan nada compensado, que no
considera las diferencias agronómicas ni respeta los equilibrios territoriales, en el que unos muchos ganarán poco y unos pocos perderán mucho, precisamente los
agricultores y ganaderos profesionales que más peso tienen en la economía provincial.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se le han llenado la boca de jugosas palabras que no son creíbles. O salimos en la última fila y apenas se
avanza, o nos situamos en una buena posición en la parrilla de salida (nunca la mejor) y se acaba el último. Desde ASAJA GRANADA ponemos en duda una reforma lesiva no
solo para nuestra provincia, sino también para Andalucía, hecha con plena conciencia y mala fe, que conlleva más obligaciones con menos dinero y más burocracia.
La Sectorial de Cereales de ASAJA, reunida en Madrid, ha analizado los datos de avance de campaña y estima que la cosecha de cereales de invierno de este año sufrirá
una reducción del 21 % es decir, 4,1 millones de toneladas menos respecto a los datos oficiales del pasado año. Por cultivos, se espera una producción de 5,3 millones
de toneladas en trigo blando; 600.000 toneladas en trigo duro; 7,6 millones de toneladas en cebada; 1 millón de toneladas de avena; 300.000 toneladas de centeno y 600.000
toneladas de triticale.
Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias durante el mes de mayo han dado al traste con unas expectativas de cosecha que se consideraban muy buenas. Esto resulta
especialmente preocupante para un país como el nuestro, deficitario en grano, si tenemos en cuenta el contexto internacional actual de falta de materias primas. A este
respecto, ASAJA advierte tanto a las autoridades nacionales como europeas que España requiere anualmente más de 36 millones de toneladas de cereales para atender nuestras
necesidades de consumo (humano y animal) y que por tanto es necesaria una apuesta decidida, y con dotación económica suficiente, para rebajar nuestra dependencia exterior
de grano y evitar posibles desabastecimiento.
El principal problema que han tenido los productores durante esta campaña han sido los altos costes de producción a cotas nunca vistas como consecuencia del encarecimiento
de los precios de la energía, las semillas, los abonos y los productos fitosanitarios, que incluso ha echado para atrás la posibilidad que con carácter excepcional se ha
abierto este año para realizar siembras en tierras de barbecho, no obteniendo esta medida la respuesta esperada.
A los daños provocados por el calor y la falta de lluvias hay que añadir cuantiosos daños registrados como consecuencia de la fauna silvestre, conejos fundamentalmente,
aunque también corzos, jabalíes y palomas que han diezmado la cosecha y que están provocando el abandono del cultivo cerealista en algunas zonas.
Otro problema detectado, un año más, por esta sectorial es el aumento de las plagas y enfermedades de los cultivos de invierno que no se pueden atajar con el uso de
productos fitosanitarios, por la paulatina retirada de estas materias activas, y la prohibición de la quema controlada de rastrojos. Por ello, ASAJA reitera la imperiosa
necesidad de que se autoricen las quemas por parte de la Administración como única medida efectiva de control de plagas.
Todo lo que ha hecho el ministro de Consumo, Alberto Garzón, desde que empezó la legislatura es denigrar al sector ganadero con sus frívolas declaraciones
sobre la reducción del consumo de carne y el impacto ecológico, sin tener las competencias ni el conocimiento sobre lo que dice, basándose en informes sin
fundamento condicionados por su posición ideológica. Desde ASAJA GRANADA pedimos al presidente Sánchez que ponga orden en su Gobierno en beneficio del campo para
que cese esta ofensiva, y al ministro de Agricultura, Luis Planas, que dé la cara y defienda los intereses de los ganaderos frente a las imprudencias temerarias
de un representante gubernamental con un desmedido afán de protagonismo..
El ministro Alberto Garzón visita mañana sábado nuestra ciudad y no tiene previsto en su agenda ningún encuentro con representantes de los agricultores y
ganaderos, a quienes creemos debe una explicación por sus continuas declaraciones, imprudentes y frívolas, sobre el consumo de carne y el impacto ecológico que
dice que causa el sector, basándose únicamente en informes sin fundamento condicionados por su posición ideológica.
Conviene recordar, precisamente, que la agricultura y la ganadería es un sector económico sostenible que mantiene paisajes y ecosistemas singulares, el único que
es sumidero de CO2 y compensa las emisiones, y que, en concreto, la ganadería es la actividad principal que sustenta muchas zonas de nuestra provincia, de
Andalucía y de gran parte de nuestro país. No estaría de más que el ministro Garzón tuviera en cuenta cuando habla como representante del gobierno de España que
está perjudicando con su imprudencia y desconocimiento a quienes cuidan el mundo rural y se esfuerzan por obtener productos de primera calidad. No es nada
desdeñable, por otra parte, que un 14% de la producción final agraria provincial correspondan a la producción animal, con 227 millones de euros de aportación.
Desde ASAJA GRANADA aprovechamos la ocasión para pedir al presidente del Gobierno que ponga orden en su ejecutivo, en beneficio del campo, para que cese esta
ofensiva desde el Ministerio de Consumo, y al ministro de Agricultura, Luis Planas, que dé la cara y salga a defender los intereses de nuestros ganaderos.
La cosecha de almendra en Andalucía para la campaña 2022-2023 superará las 29.939 toneladas, según las estimaciones realizadas por el Grupo de
Trabajo de Frutos Secos de Andalucía, en el que participan las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, AEOFRUSE y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.
De cumplirse las previsiones, la comunidad reduciría en un 11,42% la producción respecto a la campaña precedente. No obstante, revalidaría así su
liderazgo nacional, con cerca del 50% del total de la almendra recogida en España (61.684 toneladas).
Con los datos actuales, el incremento de la superficie en toda Andalucía destinada a la producción de almendra ha compensado la bajada de producción general como
consecuencia de las inclemencias meteorológicas, las restricciones en la dotación de agua (1.750 m3/ha) por el decreto de sequía en la cuenca del Guadalquivir y
la incidencia de enfermedades en el desarrollo del fruto.
En este sentido, el Grupo de Trabajo de Frutos Secos de Andalucía teme que el estado sanitario de los árboles pueda causar daños en futuras campañas en las zonas
tradicionales de cultivo. Por ello, el sector reclama un seguro que sea capaz de dar respuesta de manera ágil y real a los problemas del cultivo de la almendra.
En cuanto a la estimación por provincias, Sevilla aporta casi una tercera parte de la producción regional, si bien el nivel productivo es
inferior al del año pasado, aunque el gran incremento de superficie de almendro (1.136 hectáreas), compensa la caída de producción por la falta de dotación de
agua y la incidencia de las enfermedades. La estimación es de 9.000 toneladas, un 13,53% menos respecto al año anterior (10.409 toneladas).
Por su parte, Granada, a pesar de tener el mayor incremento de superficie de Andalucía (9.801 hectáreas), registrará un retroceso productivo por
la falta de lluvias durante todo el año, los problemas sanitarios provocado por los temporales y por las bajas temperaturas. Todo ello supone que la provincia
granadina verá mermada su producción hasta las 8.500 toneladas, un 22,63% menos que en el ejercicio precedente, cuando cosechó 11.000 toneladas.
Destaca el gran incremento de la superficie productiva de la provincia de Córdoba, que alcanza las 1.028 hectáreas. Aunque mantiene el nivel
productivo, cuenta con un decreto de sequía que recorta la dotación de riego a menos de un tercio de su dotación normal, ello, unido a las incidencias de
enfermedades merma su capacidad productiva. Con una estimación superior al 20,03% y un total de 5.700 toneladas, frente a las 4.749 del año
anterior.
En Almería se prevé una disminución de la cosecha de un 25,76% con respecto al año pasado, lo que suponen 3.302 toneladas,
frente a las 4.442 toneladas del año anterior. Esta caída se debe al impacto de la sequía, las heladas y las enfermedades que han afectado al cultivo.
Los datos recabados en Málaga señalan una merma del 18,75% de la cosecha, en torno a 1.300 toneladas, frente a las 1.600
toneladas del año anterior. Este retroceso se debe a la sequía y al estado sanitario del cultivo.
Porcentualmente, la provincia de Jaén presenta la subida más importante, con una estimación en 892 toneladas, un 78,4% superior
al año anterior (500 toneladas). Esto es debido a que la campaña pasada las heladas tardías redujeron su producción a la mitad. Si bien, cabe señalar que la
producción se ha visto afectada por las restricciones de agua recogidas en el decreto de sequía y por la incidencia de enfermedades en el cultivo.
Por su parte, la provincia de Huelva presenta una cosecha parecida al año anterior, lo que unido al incremento en la superficie productiva se
traducirá en un aumento de la producción del 1,84%. En concreto, se estima recoger 662 toneladas.
Por último, en la provincia de Cádiz se mantiene el nivel productivo del año pasado, principalmente por el incremento de la superficie
productiva. Así, se estima que la producción será de 583 toneladas, un 29,56% superior frente a las 450 toneladas de la pasada campaña.
ASAJA considera que la Comisión Europea se burla e insulta al sector citrícola al presentar a los Estados Miembros una propuesta para el debate, en el
comité fitosanitario, por la que se pretende elevar el rango de temperatura de -1 a +2 ºC (antes de -1 a 0 ºC) durante 20 días (antes 16) en el tratamiento en
frío que Sudáfrica deberá aplicar en sus envíos de naranjas al mercado comunitario.
ASAJA critica que la propuesta avanzada por la CE añade una mayor flexibilidad en el rango de temperaturas, hasta el punto de que sobrepasa las recomendaciones
científicas de la EFSA y, por tanto, continúa consistiendo un elevado riesgo de entrada de la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta) a la citricultura
comunitaria. Según los estudios, los huevos de esta plaga se abortan a temperaturas inferiores a 1 ºC.
El tratamiento en frío que había aprobado inicialmente Bruselas, entre 0 y -1 ºC, ya no era el que reclamaba la interprofesional Intercitrus, que defendía el
aplicado por Estados Unidos para esta plaga, que es de 22 días a -0,55 ºC. La propuesta era menos exigente y estaba basada en un estudio del propio CRI
sudafricano, que lo calificó de “intensidad reducida”. Ahora, con esta nueva documentación de la CE, las garantías fitosanitarias aún resultan más cuestionables.
Asimismo, ASAJA reclama que el tratamiento en frío también se adopte a mandarinas y pomelos, porque tienen exactamente el mismo riesgo de infección de falsa
polilla que las naranjas.
El presidente de la sectorial de frutas y hortalizas de ASAJA, Cristóbal Aguado, subraya que “es inconcebible que Bruselas tome decisiones políticas sin tener
en cuenta los estudios de sus propios científicos, y ceda de manera tan cómplice y bochornosa ante un país tercero, anteponiendo intereses comerciales a la
seguridad fitosanitaria europea. Al igual que un político no tiene que decirle a un médico especialista cómo tiene que curar a un enfermo, Bruselas no tiene que
decirles a los científicos en materia fitosanitaria cómo tienen que prevenir las plagas y enfermedades”. Aguado advierte de que “si la CE se sale con la suya y
consuma esta puñalada a los citricultores europeos, en el caso de que acabe entrando la falsa polilla y ocasionando pérdidas en la producción estudiaremos la
interposición de una posible demanda jurídica a la UE por daños y perjuicios, porque es intolerable que sean los agricultores quienes paguen por despropósitos de
los políticos”.
Presentación oficial de la asociación ASAJA Mujeres en FIMA 2022
BLANCA CORROTO: “LAS MUJERES RURALES DEBEN DAR EL PASO HACIA LABORES DE DIRECCIÓN Y LIDERAZGO EN EMPRESAS Y COOPERATIVAS AGRARIAS”
Tras la constitución de la nueva asociación que aglutina al colectivo de Mujeres que forman parte de ASAJA, el primer acto oficial de presentación pública
ha tenido lugar en Zaragoza, coincidiendo con la celebración de FIMA 2022. Allí, la nueva presidenta ha tenido la ocasión de presentar el que será el libro de ruta
de esta nueva organización y dar a conocer las líneas de trabajo en las que ya se empieza a actuar.
“Asaja Mujeres tiene como objetivo sumarse a la labor que desarrolla ASAJA Nacional para llevar la voz y las reivindicaciones de la mujer a los foros,
organismos e instituciones que corresponda”, ha asegurado la nueva presidenta, Blanca Corroto, que a su vez es presidenta de ASAJA en Toledo desde hace 11
años. Esta asociación nace con varios retos que Corroto resume en dos: “apoyar a las mujeres que viven en el medio rural, acercándoles la información y
formación que precisen y motivar a la población rural femenina a asumir más responsabilidades fuera del hogar, a que se hagan más presentes en los puestos de
dirección y gestión de asociaciones, cooperativas y empresas”.
Como ha explicado Blanca Corroto, a ella le avala la experiencia propia de formar parte de los órganos de decisión tanto de ASAJA Nacional, organización de la
que es Tesorera, como de su propia cooperativa de agricultores en Toledo. “Yo empecé entrando en la junta rectora de mi cooperativa siendo muy joven y vi la
reacción de algunos de mis compañeros… es cierto que había cierta reticencia a que las mujeres estuvieran dirigiendo, pero también es cierto que, aún hoy, hay
muchas mujeres que no dan ese paso. Insisto en la necesidad de que nos lo creamos: no solo podemos estar en cargos de dirección, sino que, además, debemos
estar”.
Con esta Asociación, las Mujeres de ASAJA pretenden aportar su granito de arena en la lucha por la igualdad de oportunidades; en reducir la brecha salarial; en
mejorar prestaciones sociales y pensiones y en hacer de la conciliación laborar una realidad al alcance de todos. Corroto también se refirió a otras medidas de
carácter social como guarderías públicas, Centros de Día para los mayores y servicios asistenciales, que deben mejorar sus servicios en el medio rural porque
así contribuiremos a dignificar el papel de la mujer y facilitarle su acceso a la vida laboral y la dirección empresarial.
Por último, Corroto ha recordado que la mujer ha sido siempre, y sigue siendo, un motor de la economía y de la sociedad en el mundo rural y por eso la
cotitularidad en las explotaciones agrarias y el autoempleo se constituyen como herramientas básicas para el desarrollo profesional de las mujeres rurales.
“La participación de las mujeres en la toma de decisiones es fundamental para eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, y es el primer paso para
que la mujer rural suba un escalón más, el del liderazgo”.
La promesa de ayudas para la reconversión del sector queda desdibujada y carente de sentido con el plan de intervención diseñado por el MAPA
ASAJA CALIFICA DE RIDÍCULAS LAS AYUDAS DIRIGIDAS AL OLIVAR TRADICIONAL
La sectorial de Aceite de Oliva de ASAJA ha analizado el documento de trabajo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha elaborado sobre
la intervención sectorial del olivar tradicional y ha presentado una serie de alegaciones con la posición de la organización con el fin de mejorar el plan y que las
ayudas lleguen de forma directa a los profesionales del sector.
El plan para la reconversión del olivar tradicional presentado por el MAPA está diseñado para que los perceptores de las ayudas sean las Organizaciones de
Productores (OPs) y Cooperativas, mientras que ASAJA defiende la creación de un subprograma específico para el olivar tradicional dentro de un Plan de Desarrollo
Rural (PDR), con el fin de que sean los oleicultores particulares quienes las reciban directamente y autogestionen para realizar la reconversión de sus olivares.
La dotación total de treinta millones de euros a repartir entre las diferentes zonas productoras de olivar tradicional, unos dos millones de hectáreas, supone,
además, un importe ridículo que no se adapta a la relevancia del cultivo en España y que no va a permitir realizar la reconversión que el sector del olivar
tradicional necesita. Por ende, las ayudas irán dirigidas a los cultivos catalogados como olivar de secano en el SIGPAC quedando excluidas todas las parcelas de
olivar tradicional en regadío.
Por otra parte, ASAJA considera un problema su asignación: cómo y quién las van a aplicar. Dentro de cada cooperativa habría que crear y clasificar subsectores de
olivar para diferenciar el olivar tradicional del olivar intensivo o super-intensivo. Dada la complejidad de su aplicación es de esperar que estas ayudas se
acaben al final perdiendo, ya que además de ser poco dinero no va a llegar a quién realmente lo necesita.
ASAJA confía en que el Ministerio tenga en cuenta sus observaciones y opte por crear un programa específico para el olivar tradicional español dentro de un Plan
de Desarrollo Rural, ya que ahora mismo estamos en un momento oportuno para llevarlo a cabo.
Más de 800.000 personas entre cazadores, agricultores, ganaderos, y gente de campo colapsaron las calles de la capital de España
El 20MRural es día histórico para el campo español. Más de 800.000 personas, 1600 autobuses provenientes de distintos puntos del país, especialmente de aquellas
zonas en las que actividades ligadas al medio rural como la agricultura, la ganadería o la caza son una fuente principal de subsistencia y desarrollo, y, por
supuesto, ciudadanos de Madrid han inundado la capital de España para mostrar su apoyo al mundo rural y contra las políticas que están asfixiando al campo y las
actividades y costumbres ligadas a él.
La cita convocada por ASAJA, COAG, UPA, Real Federación Española de Caza (RFEC), Oficina Nacional de la Caza (ONC), Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL),
Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), Cooperativas Agro-alimentarias y Alianza Rural, ha provocado el colapso de la ciudad en las
horas previas a la manifestación, donde más 45 tractores, caballos, ovejas, perros de rehalas, cetreros, cazadores, agricultores, ganaderos, gente del mundo
rural… han llenado el Paseo de la Castellana en una protesta iniciada en la plaza del Emperador Carlos V hasta Fuente de San Juan de la Cruz, frente al
Ministerio de Transición Ecológica.
Bajo los lemas ‘Juntos por el Campo’ y ‘El mundo rural despierta’ las principales reivindicaciones se han centrado en reclamar unos servicios sociales y
sanitarios dignos para el mundo rural, un plan de choque que paralice el incremento continuado de los precios de producción agrarios, la reducción de tarifas
eléctricas, el cese de los ataques a actividades como la caza y la retirada del anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, entre otras muchas cuestiones. En
definitiva, el respeto y dignificación a las gentes del campo y sus tradiciones.
A la llegada al final del recorrido situado frente al Ministerio de Transición Ecológica, los presidentes de las entidades convocantes se han dirigido a los
asistentes. En primer lugar, ha tomado la palabra, Pedro Barato, presidente de Asaja quien ha destacado “esta es una movilización histórica porque el campo no
puede más. El sector agrario ha dado #juntosporelcampo #20MRural la cara por la sociedad en tiempos de pandemia y lo que hemos encontrado después son ataques
indiscriminados por parte de Gobierno y unos incrementos de costes de producción q han hecho que desaparezcan dos exploraciones ganaderas diarias. Necesitamos
que se ponga pie en pared a este disparate; que se reconozca la dignidad de los profesionales agrarios y se arbitren mecanismos que permitan la rentabilidad de
sus explotaciones”
Por su parte el Secretario General de COAG, Miguel Padilla, ha reclamado la creación de mesas interministeriales para negociar un plan de choque urgente y que
el Gobierno intervenga en el mercado de la energía, fijando un precio máximo del precio de la luz y los combustibles. "Es una vergüenza que los miles de
millones de beneficios caídos del cielo de las eléctricas lastren la producción de alimentos en un contexto en el que la seguridad alimentaria de Europa se
tambalea por el impacto de la guerra en Ucrania" ha remarcado.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha pedido al Gobierno que escuche la voz unánime del campo para luchar por un medio rural vivo y con futuro. Ramos
ha denunciado la especulación que se está dando en muchos productos de forma injustificada. Dicha especulación está incrementando los costes de producción de
forma inasumible. “La Ley de la Cadena Alimentaria debe aplicarse a rajatabla”, ha sentenciado.
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha exigido que los alimentos no se utilicen como producto reclamo y que las importaciones cumplan las
mismas exigencias que nuestra producción agrícola y ganadera en España y en la Unión Europea. Asimismo, ha pedido un reconocimiento y mayor apoyo a las
cooperativas como instrumento principal de vertebración y mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, el acceso a mercados de valor y
de adaptación al nuevo modelo productivo
El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC) y coordinador de la Oficina Nacional de la Caza (ONC), Manuel Gallardo, ha resaltado que miles de
cazadores de toda España han salido a la calle para decir basta ya de políticas anticaza de un Gobierno cobarde entregado a ecologistas y animalistas que
quieren imponer su modelo sin importarle la vida del mundo rural. "La sociedad tiene que elegir, animalismo o libertad. La caza ha llegado a la política y no
habrá ni un solo voto para los partidos que no defiendan la caza, porque a nadie se le olvide que la caza también vota", ha recordado.
A continuación, Andrés del Campo, presidente de Fenacore, ha expuesto “los regantes nos manifestamos hoy para protestar frente al señalamiento y la
discriminación que sufre el regadío en la agenda del Gobierno. Un desprecio que atenta gravemente contra la España rural y tiene nefastas consecuencias a nivel
socioeconómico y demográfico. Algo tan básico como la producción de alimentos se encuentra ahora mismo amenazada por culpa de una planificación totalmente
desenfocada que no garantiza el agua
Las organizaciones agrarias granadinas, ASAJA, COAG, UPA, junto a Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, llaman a la participación en la gran manifestación
del mundo rural que se celebrará en Madrid el próximo domingo, 20 de marzo, con el objetivo de reivindicar un futuro para el mundo rural y las actividades que
lo sustentan, bajo el lema “20M RURAL. JUNTOS POR EL CAMPO”.
Las organizaciones agrarias, representadas por Manuel del Pino, secretario de ASAJA; Miguel Monferrer, secretario de COAG; Nicolás Chica, secretario de UPA y
Fulgencio Torres, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, han explicado en rueda de prensa la situación asfixiante que atraviesan las
explotaciones agrícolas y ganaderas debido a la falta de rentabilidad por los bajos precios en origen, agravada por la fuerte subida de los insumos y los costes
de producción (+12,6%), lo que ha provocado el descenso del 5,2% en la renta agraria durante el año 2021. A este problema se suman otros tantos como la
competencia desleal de terceros países o la falta de agua por la pertinaz sequía que padecemos y de las necesarias infraestructuras para preservarla. Las
organizaciones reclaman unos precios de los productos agrarios que garanticen la sostenibilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas, tal y como
establece la Ley de la Cadena Alimentaria.
Todo esto se traduce en un cierre paulatino de explotaciones, un escaso relevo generacional y un despoblamiento progresivo de las zonas rurales, en particular, en
las zonas de montaña y desfavorecidas, donde la agricultura y la ganadería son el único sector económico activo. “Los agricultores y ganaderos y sus cooperativas
producen alimentos sanos y seguros a disposición de nuestra sociedad. Y queremos seguir cumpliendo esta estratégica misión, asegurar el abastecimiento alimentario”
resaltan las organizaciones convocantes, defendiendo “una remuneración justa y suficiente por el trabajo que desarrollan los productores”.
En las últimas semanas, la injustificable guerra de Ucrania, además de provocar un inmenso dolor y daño a ciudadanos, agrava la crisis de rentabilidad que
atraviesa el sector agrario. En este sentido, el campo reclama la adopción de medidas extraordinarias para sustituir las importaciones de productos de esta zona
europea, imprescindibles para la alimentación de la ganadería, además de abordar las perturbaciones que va a sufrir el mercado agroalimentario europeo.
Los representantes del sector agrario granadino animan al sector a manifestarse, el día 20 de marzo en Madrid, para reclamar pacífica, pero firmemente, un
conjunto de medidas que permitan mejorar la situación de los agricultores y ganaderos granadinos y españoles, para que puedan seguir asegurando el abastecimiento
de alimentos sanos y seguros a la ciudadanía.
MANIFESTACIÓN
La cita comenzará a las 11:00 horas en la Plaza Emperador Carlos V, frente al Ministerio de Agricultura, en Atocha. Posteriormente, la manifestación recorrerá el
Paseo de La Castellana para llegar a la Plaza de San Juan de la Cruz, sede del Ministerio de Transición Ecológica, una de las administraciones responsables de la
difícil situación que atraviesa el mundo rural español.
El 20 M Rural se presenta como una cita histórica que reunirá por primera vez a sectores como el de la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y otros muchos
relacionados con el mundo rural, pero también a muchos otros afectados por las políticas de las distintas administraciones autonómicas, gobierno central y las
instituciones comunitarias (UE). Las organizaciones convocantes prevén reunir a más de 200.000 manifestantes procedentes de todos los lugares de España, que
llegarán a la capital por diversos medios de transporte: autobuses (más de 1.500), en tren y en vehículos particulares.
MEDIDAS NECESARIAS
1. Adecuados servicios sociales y sanitarios en el medio rural, desarrollo de planes educativos, formativos y de empleo, digitalización y banda ancha,
que permitan el mantenimiento de la España rural.
2. Un plan de choque que ayude a paliar los negativos efectos del incremento de los costes de producción del sector agro-alimentario.
3. Por unos precios de los productos agrarios que permitan la sostenibilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas, tal y como establece la
ley de la cadena alimentaria. Para ello, las administraciones deben establecer índices de precios y costes de producción en los observatorios de la cadena para
cada sector y deben trabajar para que la normativa europea se alinee con la española en lo referente a la destrucción de valor en la cadena alimentaria.
4. Es necesario poner fin a las prácticas abusivas que utilizan los alimentos como productos reclamo. No a la banalización de los alimentos.
5. En situaciones de crisis graves de precios, la administración deberá habilitar también mecanismos para que hacer que se reviertan.
6. Por una PAC y un Plan estratégico más justos que aborden la pérdida de renta de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
7. Exigir y controlar que las importaciones cumplen las normativas que se exigen a la producción agrícola y ganadera en España y en el interior de la Unión
Europea.
8. Por el reconocimiento y mayor apoyo al cooperativismo agroalimentario, como instrumento principal de vertebración y mejora de la rentabilidad de las
explotaciones agrícolas y ganaderas, el acceso a mercados de valor y de adaptación al nuevo modelo productivo.
9. Por una legislación laboral que reconozca la especificidad, temporalidad y estacionalidad de la actividad agrícola y ganadera.
10. Desarrollo de unos seguros agrarios eficaces y que se puedan asumir por las explotaciones.
11. Planes hidrológicos adaptados al futuro del sector agrario que permitan la consolidación, modernización y optimización de los regadíos, así como un reparto
más justo entre las explotaciones.
12. Reducción de las tarifas eléctricas que están ahogando al mundo rural y aplicación de la doble potencia en el sector agrario, tal y como se recoge en la
ley.
13. Planes eficaces que permitan una mayor incorporación de jóvenes agricultores.
14. Bonificación de un 35% y un 15% de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes, respectivamente en el IRPF para hacer frente al incremento
de los costes del sector agrario.
15. En defensa de nuestro sector ganadero, uno de los que mayor garantía alimentaria y calidad ofrece al consumidor, y del modelo de producción europeo, que es
el más exigente del mundo en materia de seguridad alimentaria, bienestar animal y compromiso medioambiental.
16. Potenciar la investigación agraria y el apoyo a la innovación en explotaciones y empresas agroalimentarias, logrando alternativas eficaces en la lucha
contra plagas y enfermedades vegetales.
17. Por una legislación medioambiental y de bienestar animal que permitan la adaptación progresiva hasta 2030 de la actividad agroalimentaria, manteniendo la
competitividad del sector.
18. Apoyo a las inversiones necesarias para avanzar en las exigencias medioambientales y de bienestar animal y plazos adecuados para las adaptaciones.
19. Reconocer el papel clave del agricultor y de las cooperativas en la lucha contra el cambio climático valorando su contribución en la captación de carbono.
20. Ante la execrable invasión de Ucra nia por parte de Rusia, es necesaria la adopción urgente de medidas extraordinarias que permitan hacer frente a las
perturbaciones del mercado agroalimentario europeo y permitan asegurar el abastecimiento de la alimentación de nuestra ganadería:
Autorización excepcional de importaciones de cereales de los Estados Unidos de América, Argentina y otros países terceros que permitan suplir las
necesidades alimentarias de nuestra ganadería.
Aumentar la superficie productiva autorizando temporalmente la siembra de barbechos y prados permanentes y suspendiendo la obligación de retirada
de tierras de cultivo.
Habilitar mecanismos de financiación eficaces y extraordinarios para hacer frente a la crisis de liquidez que va a generar el inasumible aumento de los
costes de la alimentación animal.
#juntosporelcampo
#20MRural
Los incrementos del gasóleo agrícola que ya se paga a 1,47 euros/litro, de los fertilizantes, a 1.200 euros/tonelada, y del precio de la luz a 227,
euros/MWh de media, asfixian a las explotaciones agrarias que no solo no cubren costes, sino que trabajan para arruinarse. Desde ASAJA GRANADA exigimos al
Gobierno que no siga haciendo caja con los impuestos energéticos y tome medidas para abaratar los costes energéticos y rebaja de los impuestos que gravan
el gasóleo agrícola.
La situación era límite a finales de 2021 con la subida del combustible respecto del año anterior un 78%, de los fertilizantes hasta el 200% y del precio
de la luz el 270%, lo que hacía que se doblara la inversión para iniciar las labores de siembra de las explotaciones agrícolas, con la incertidumbre,
además, de la falta de lluvias y la declaración de sequía extraordinaria en el 80% de la cuenca del Guadalquivir con tres unidades territoriales de la
provincia de Granada afectadas por restricciones de riego: la Hoya de Guadix, Vegas Altas de Granada, Cubillas-Colomera y el Altiplano. Y vamos a peor.
Las lluvias de estos últimos días dan un respiro al campo y muchos agricultores podrían animarse a abonar sus cultivos tras las siembras, solo que el precio
de uno de los abonos de cobertera más utilizados por los agricultores, la urea, está al desorbitado precio 1.200 euros/tonelada (+20% en tres meses) y sus
bolsillos no dan para más, ni tampoco habría para todos en los almacenes porque las empresas suministradoras no han hecho acopio. Se ha disparado igualmente
el precio del gasóleo, que en poco más de quince días ha pasado de 1.064 euros/litro a 1,47 euros/litro y ni qué decir del precio de la luz a 227,64 euros/MWh
de media los últimos tres meses, doblando el precio récord de 2021. Todos estos factores están lastrando la economía del sector primario, que va a tener que
parar, porque los agricultores y ganaderos no solo no están cubriendo costes, sino que trabajan para arruinarse.
Desde ASAJA GRANADA consideramos que está en juego la continuidad de las explotaciones agrarias y ganaderas granadinas y exigimos al Gobierno que no siga
haciendo caja con los impuestos y tome medidas para abaratar los costes energéticos. Se debe, además, aplicar la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria
aprobada el pasado mes de diciembre de 2021, que todavía no ha puesto en marcha las medidas en ella previstas, y otras como la contratación de dos potencias
eléctricas a lo largo del año discriminando la época de riego y de no riego, así como la bonificación de hasta un 35% y un 15% de la factura del gasóleo y la de
los plásticos y fertilizantes.
La organización del 20 de marzo hace un llamamiento a toda la población española a sumarse a la defensa del futuro del campo
Los organizadores de la manifestación del Mundo Rural convocada el próximo 20 de marzo en Madrid (ASAJA, COAG, UPA, Real Federación Española de Caza (RFEC),
Oficina Nacional de la Caza (ONC), Alianza Rural, Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España
(FENACORE) y Cooperativas Agro-alimentarias) han realizado un llamamiento a toda la población española comprometida con la supervivencia del campo porque,
aseguran, el futuro del campo es cosa de todos.
A la cita se prevé la asistencia de más de 200.000 personas provenientes de todos los puntos del país, especialmente de aquellas zonas en las que actividades
ligadas al medio rural como la agricultura, la ganadería o la caza son una fuente principal de subsistencia y desarrollo.
En este sentido, se espera la llegada de más de 1.500 autobuses movilizados por distintas organizaciones, entidades y particulares del mundo rural, para lo que
se ha preparado un dispositivo histórico que garantice la llegada segura y escalonada de todos los participantes.
Pero los organizadores quieren extender la participación a cualquier persona que quiera defender un mundo rural vivo, puesto que el abandono del campo no solo
afecta a quienes viven en él, sino a toda la sociedad que consume sus productos, respira el oxígeno de sus plantas y disfruta de su tranquilidad cuando busca
descanso.
La cita comenzará a las 11:00 horas en la Plaza Emperador Carlos V, frente al Ministerio de Agricultura, tras haber tenido que cambiar el recorrido ante la
previsión de asistencia masiva de manifestantes. Recorrerá el Paseo de la Castellana para llegar a la Fuente de San Juan de la Cruz, a las puertas del Ministerio
de Transición Ecológica, administración responsable de muchos de los problemas que afectan al campo.
Para las organizaciones promotoras de la manifestación, es muy importante que toda la sociedad, también quienes viven en las ciudades y están más alejados del
campo, se una al mundo rural y muestren su apoyo y fuerza a unos sectores que son vitales para el país y que están cada día más asfixiados.
Por otro lado, las organizaciones convocantes han recalcado el carácter apolítico de la movilización, ya que el verdadero protagonista de la manifestación es el
campo español y todo el mundo rural.
Es el momento de unir nuestras voces frente a unas políticas ineficaces que están dando la espalda a quienes trabajan día a día para llenar las neveras de todos
los españoles y para cuidar de un medio ambiente que todos necesitamos y del que todos disfrutamos.
#juntosporelcampo
#20MRural
NOTA DE PRENSA
El 20M Rural prevé reunir a más de 200.000 personas para reivindicar un futuro para el campo
- La previsión de una asistencia masiva, con más de 1.500 autobuses, ha obligado a la organización a cambiar el itinerario de la marcha
Los organizadores de la manifestación del mundo rural que se celebrará en Madrid el próximo 20 de marzo, (ASAJA, COAG, UPA, Real Federación Española de Caza (RFEC),
Oficina Nacional de la Caza (ONC), Alianza Rural, Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) y
Cooperativas Agro-alimentarias), prevén la asistencia de más de 200.000 personas en lo que se presenta como una cita histórica para reivindicar un futuro para el
mundo rural y las actividades que lo sustentan.
La cita comenzará a las 11:00 horas en la Plaza Emperador Carlos V, frente al Ministerio de Agricultura, en Atocha, lo que supone un cambio en el itinerario
anunciado hasta el momento, debido precisamente a la previsión de asistencia masiva de manifestantes, que obliga a cambiar el inicio de la misma con el objeto de
que los más de 1.500 autobuses puedan acceder al punto de encuentro con facilidad.
Posteriormente, la manifestación recorrerá el Paseo de La Castellana para llegar a la Plaza de San Juan de la Cruz, sede del Ministerio de Transición Ecológica,
una de las administraciones responsables de la difícil situación que atraviesa el mundo rural español.
El 20 M Rural se presenta como una cita histórica que reunirá por primera vez a sectores como el de la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y otros muchos
relacionados con el mundo rural, pero también a muchos otros afectados por las políticas de las distintas administraciones autonómicas, gobierno central y las
instituciones comunitarias (UE).
En la manifestación, los asistentes alzarán la voz frente al abandono del mundo rural por parte del Gobierno y frente a unas políticas incapaces de resolver los
problemas que afectan a los hombres y mujeres del campo, que se están viendo obligados a abandonar su forma de vida y sus costumbres.
Desde la organización hacen un llamamiento a la asistencia masiva a todos aquellos que desean una agricultura y ganadería viables como motor económico del medio
rural, conservar las tradiciones, usos y costumbres del campo y a quienes deseen apoyar la existencia de un mundo rural vivo.
#juntosporelcampo
#20MRural
El incremento de los cereales y los piensos es la primera consecuencia en los mercados agrarios tras la invasión rusa a Ucrania y el sector ganadero,
agravado ya por la sequía y los altos costes energéticos, es el principal afectado. El secretario general de ASAJA GRANADA, Manuel del Pino, lamenta el terrible
acontecimiento y la crisis humanitaria que está generando el conflicto, sin olvidar la grave situación que puede llegar a plantearse aquí: “Nos van a tener que
decir qué hacer con el ganado”.
Tras el impacto en las cotizaciones de las materias primas destinadas a la alimentación animal por la paralización de sus ventas, ante la invasión de Ucrania,
la Comisión Europea estudia ya la posibilidad de intervenir los mercados agrarios y reforzar la soberanía alimentaria. España es uno de los países más damnificados,
porque es Ucrania, precisamente, nuestro segundo proveedor de maíz con un 22% del total de importaciones españolas y también proceden de este país el 17% del
trigo, el 31% de las tortas de aceites vegetales y el 15,4% de leguminosas en grano, además de depender nuestro sector agrario del suministro de otros medios de
producción básicos como es el gas ruso para la fabricación de abonos y fertilizantes.
Los ganaderos son los principales afectados por esta sobrevenida circunstancia, que puede conducir al desabastecimiento de los mercados y a un encarecimiento de
los piensos superior al existente (son 30% más caros que hace un año al convertirse en valores refugio en bolsa), lo que se sumaría a los efectos de la sequía por
la falta de pastos, los bajos precios de venta en origen y los altos los costes energéticos que ya lastran la rentabilidad de sus explotaciones y no paran de
subir. El secretario general de ASAJA GRANADA Manuel del Pino, lamenta el terrible acontecimiento y la crisis humanitaria que está generando el conflicto bélico,
sin olvidar el inquietante panorama que puede llegar a plantearse aquí: “Nos tendrán que decir qué hacer con el ganado”.
Nos hemos dado cuenta del riesgo cierto de no poder garantizar el abastecimiento alimentario, muy especialmente de la cabaña ganadera, destacando la provincia de
Granada por su aportación en cabezas de ovino, con 406.393 (el 18,6% de efectivos en Andalucía) y caprino con 156.232 cabezas (el 15,7%), además de bovino, con
22.044 cabezas (el 4%). Se requieren soluciones a corto plazo por parte de Europa, la primera el cambio de normativa para poner cultivos proteicos en tierras
actualmente en barbecho para alimentación (2.601.293 has en España) y, por otro lado, replantear el ritmo de aplicación de la estrategia comunitaria “De la
granja a la mesa”, que podría causar una reducción sin precedentes de la capacidad productiva europea, entre el 5% y el 15%, según sectores.
• Cerca del 30% de las importaciones españolas de maíz proceden de Ucrania. También importamos trigo (17%) y torta y aceite de girasol (30%).
• El parón en las importaciones junto con la sequía que padecemos extreman aún más las dificultades por las que pasa el sector productor.
ASAJA lamenta profundamente que las amenazas de conflicto armado entre Rusia y Ucrania se hayan hecho realidad y la diplomacia internacional no haya sido
capaz de evitarlo. A las graves consecuencias de pérdidas en vidas humanas en Ucrania, habrá que añadir los efectos que para la economía europea y mundial tendrá
este conflicto. El sector agrario español será, sin duda, uno de los damnificados. Nuestras importaciones de cereales y girasol, así como de medios de producción
básicos como abonos y fertilizantes, se resentirán gravemente, lo que implicará un nuevo encarecimiento de los costes de producción para el sector.
Ucrania es, hoy por hoy, el granero de Europa en lo que a cereales se refiere y el primer productor mundial de semillas, harinas y aceites de girasol. De igual
manera, el gas y el petróleo ucranianos son la base para la producción de abonos y fertilizantes para toda Europa y el conflicto armado tendrá consecuencias de
peso para el comercio comunitario, con un importante incremento de precios, y desde luego para el sector agrario español aquejado de una importante crisis de
rentabilidad.
Hay que recordar que España, deficitaria en cereales, importa anualmente casi el 30% del maíz que necesita de Ucrania. En 2018 las importaciones de maíz alcanzaron
los 2,8 millones de toneladas, por un valor de 460 millones de euros (España fue el segundo destino de las exportaciones ucranianas de maíz). Además, el 60% de
nuestras compras en el exterior de aceite de girasol también proceden de Ucrania, así como el 17% del trigo, el 31% de las tortas de aceites vegetales y el 15,4%
de leguminosas grano.
El destino de todas estas importaciones es, fundamentalmente, la elaboración de piensos para nuestra ganadería y una falta de suministro derivará en el
encarecimiento de estas materias primas, algo que para los ganaderos españoles sería de fatales consecuencias en estos momentos que nos vemos afectados por la
sequía que padece España.
Otros factores de producción agrícola como abonos y fertilizantes también se pueden ver seriamente afectados por el comercio con Ucrania, y eso provocará nuevas
subidas de precios. En suma, un nuevo varapalo más para las explotaciones agrícolas y ganaderas españolas que se encuentran asfixiadas por unos costes de
producción nunca vistos y unos precios de venta en origen que no permiten que la actividad agraria resulte rentable para el productor.
Por todo ello, hacemos un nuevo llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez para que ponga en marcha, de forma urgente, un Plan de Choque para el sector agrario que
le permita salir a flote de la comprometida situación en la que se encuentra.
Las Organizaciones Agrarias, ASAJA y COAG, junto a Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, hacen un llamamiento a los agricultores y ganaderos granadinos para
que secunden el paro general convocado el 25 de febrero, y se unan a la gran manifestación que tendrá lugar el 25 de febrero, a partir de las 10:00 horas en
Sevilla, con la finalidad de exigir un marco normativo, fiscal y ayudas a un sector esencial y estratégico como es el agroalimentario. Bajo el lema “¡Por un
campo vivo!”, la movilización iniciará su recorrido en la explanada del Estadio Benito Villamarín, hasta finalizar en la Delegación de Gobierno de Andalucía,
situada en la Plaza de España.
En estos últimos meses, muchos los factores han empeorado el contexto en el que se desarrolla la actividad agraria. El más lesivo y preocupante es la escalada de
costes de producción que soportan agricultores y ganaderos como consecuencia del encarecimiento desproporcionado de los insumos (semillas, abonos…), el incremento
continuo del precio de la energía y del gasóleo, además de unos costes laborales cada vez más elevados que asfixian a los productores y abocan al cierre a miles
de explotaciones agrícolas. Y para colmo, la peor sequía en los últimos veinte años, que redondea lo que es una tormenta perfecta.
Los agricultores y ganaderos demostraron durante la pandemia que el sector agrario proporciona un servicio esencial para el abastecimiento de alimentos a los
hogares y quieren decirle de nuevo a la sociedad que no lo olvide, que no se les puede marginar tal y como se está haciendo, desde todos los frentes, con recortes
de las ayudas de la PAC, con una reforma laboral hecha de espaldas al campo, con subidas salariales inasumibles y con inundación de productos de terceros países
que no cumplen con los estándares de producción exigidos en la UE.
El campo granadino pide a todos los agricultores y ganaderos de la provincia que se unan para sumar fuerzas con el fin de conseguir las medidas necesarias para
paliar la grave situación que atraviesa el sector y se reconozca su actividad como se merece. Las demandas son comunes y las hacemos al unísono: corrección del
Plan Estratégico de la PAC, un plan de choque que ponga coto al incremento de los costes o al menos contribuya a paliarlos, una revisión de los acuerdos
comerciales para exigir la reciprocidad en las producciones de terceros países y el incremento de las medidas de control en frontera; adecuar la legislación y
los costes laborales a la realidad del campo puesta en marcha de la Cadena Alimentaria para que se garanticen unos precios justos, una política hídrica real y
consensuada, acompañada de ayudas e inversiones que permitan paliar los efectos de la sequía y, por último, respeto al mundo rural.
La situación de los embalses de la CHG en la provincia de Granada es ya crítica, tan solo se encuentran al 29,70% de su capacidad y con la declaración
de alerta por sequía en las unidades territoriales de Bermejales, Vega Alta y Media y Vega Baja desde hace más de tres meses y en emergencia la Hoya de Guadix
y la Zona Norte perteneciente a la unidad de Regulación General, sin que la AEMET ofrezca señales de cambio en cuanto al pronóstico de posibles lluvias. El
cultivo que más está sufriendo los estragos de la sequía es el cereal, por estar en pleno desarrollo vegetativo, y, no menos, la ganadería extensiva, por la
ausencia de pastos. También preocupa el olivar, los forrajes y el almendro, así como, las frutas y hortalizas, debido a las restricciones de riego que se
avecinan. Urge la publicación del decreto de sequía con medidas excepcionales como la condonación de los cánones de riego e impuestos directos, bonificaciones
en la Seguridad Social, exenciones fiscales, reducción de los costes eléctricos, ayudas directas o créditos de interés cero que amparen a los agricultores y
ganaderos afectados.
En el mes de enero en toda la cuenca del Guadalquivir la precipitación media fue un 85% inferior, según el último informe pluviométrico de la CHG, y no menos
catastrófica fue la situación en la provincia de Granada, con un 82% menos de lluvia recogida: 8,6 l/m2 frente a la media de 48,42 l/m2, pero en lo que va del
mes de febrero solo ha caído 1,1 l/m2 y la AEMET ofrece posibilidades casi nulas de precipitaciones a corto plazo para que cambien mucho la crítica situación
en que se encuentran los embalses de la provincia, apenas al 29,70% de su capacidad y con escenarios de alerta en las unidades territoriales de Bermejales,
Vega Alta y Media y Vega Baja y en emergencia la unidad de Regulación general que incluye la Zona Norte. Esperamos saber, tras la reunión de la Comisión de
Desembalse de la CHG, a qué restricciones se enfrentarán los regantes si la situación hidrológica no cambia para tomar las oportunas decisiones de las siembras
de primavera, contando con que, según cultivos, podrá haber pérdidas superiores a las de la anterior campaña que ya supusieron entre el 10% y el 50% de un año
normal.
El cultivo que más está sufriendo los estragos de la sequía es el cereal, por estar en pleno desarrollo vegetativo y, dependiendo de las zonas, podrá salvarse
parte de la cosecha si llueve pronto o se perderá por completo, y, asimismo, la ganadería extensiva por la falta de pastos, lo que obliga a cubrir las
necesidades alimenticias del ganado con pienso y forrajes que han sufrido incrementos de precio de más del 30%, a lo que se suma también el coste de suministro
de agua por su merma en los abrevaderos. No es menor problema los daños en cultivos de la fauna silvestre, principalmente conejos, por la falta de comida en las
cunetas, ribazos, taludes etc. También preocupan los forrajes de secano, principalmente la alfalfa, con una superficie sembrada de 2.400 has, así como el olivar
y el almendro que, aunque están en parada invernal no están acumulando reservas de humedad necesarias para afrontar los próximos meses.
Desde ASAJA GRANADA urgimos al Gobierno a que publique el decreto de sequía con medidas excepcionales como la condonación de los cánones de riego e impuestos
indirectos, bonificaciones en la Seguridad Social, exenciones fiscales, reducción de los costes eléctricos de las explotaciones, ayudas directas o créditos de
interés cero que amparen a los agricultores y ganaderos afectados.
El sector agrario andaluz, en unidad de acción, intensifica las protestas
25 de febrero: Paro general agrario en Andalucía y gran manifestación en Sevilla
Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias en Andalucía convocan a los agricultores y ganaderos andaluces a paralizar la producción
agroalimentaria y a manifestarse en las calles de Sevilla ante la grave crisis que está asfixiando al sector.
Exigen medidas urgentes que garanticen precios justos en origen, ayudas por la inasumible subida de los costes de producción, control
exhaustivo de las importaciones de terceros países, corrección del Plan Estratégico de la PAC que machaca al sector agrario andaluz, y una política de ayudas
e inversiones que palien los nefastos efectos de la sequía.
El sector agrario andaluz no puede más y no va a esperar a manifestarse en la protesta nacional convocada para el 20 de marzo en Madrid. Ante la grave crisis
que están sufriendo los agricultores y ganaderos andaluces, que están al límite, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía, han decidido, en unidad de acción, intensificar, desde ya, las acciones reivindicativas. Por ello, el próximo 25 de febrero, el sector agrario
llevará a cabo un paro general agrario en Andalucía, además de celebrar una gran manifestación en Sevilla, que saldrá desde el Estadio Benito Villamarín y
culminará en la sede de la Delegación del Gobierno, en la Plaza España.
Los motivos que tienen asfixiado al campo andaluz y que van a llevar a agricultores y ganaderos de todas las provincias andaluzas a paralizar la producción
agroalimentaria y llevar sus protestas a las calles de la capital andaluza tienen que ver con los precios, la subida de los costes de producción, las novedades
sobre cuestiones laborales, la competencia desleal, la reforma de la PAC y, para colmo, una sequía severa, que asfixia a las explotaciones agrarias andaluzas
desde hace varios años.
Se trata de un cúmulo de circunstancias muy perjudiciales que está hiriendo de muerte al tejido productivo andaluz y que está haciendo inviable la subsistencia
de las explotaciones agrícolas y ganaderas, abocando en muchos casos al abandono de una actividad que es clave para el desarrollo socioeconómico de las zonas
rurales, ya que crea empleo, fija población al territorio, cuida el medio ambiente y da vida al medio rural.
Concretamente, ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía exigen que toda esta problemática sea abordada con la magnitud que se merece, como un
problema de Estado y de manera transversal por parte del Gobierno, con la obligada implicación de la Junta de Andalucía, y que se tomen medidas urgentes que
garanticen precios justos en origen, ayudas por la inasumible subida de los costes de producción, control exhaustivo de las importaciones de terceros países,
corrección del Plan Estratégico de la PAC que machaca al sector agrario andaluz, y una política hídrica real y consensuada, acompañada de ayudas e inversiones,
que permitan paliar los nefastos efectos de la sequía.
La grave crisis generada por el indiscriminado aumento de los costes de producción está lastrando la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas y
ganaderas de la comunidad autónoma. Los costes de producción se han disparado para los agricultores y ganaderos a niveles nunca vistos. Los piensos para el
ganado se han encarecido un 30% en el último año. También son más caras las semillas (+20%); los abonos (+150%); el agua (+33%) o los plásticos que se utilizan
en los cultivos de invernadero (+46%). Pero las subidas más espectaculares son las que afectan al gasóleo que usan los tractores (+73%) y a la energía eléctrica
(+270%). También, el SMI ha subido un 29,7% en los últimos tres años y con la nueva propuesta de subida se va a un 35,89% de incremento.
Mientras esto ocurre, los alimentos siguen encareciéndose en la cesta de la compra para los consumidores, que pagan más por los productos que adquieren. Un
aumento de precios que, sin embargo, no repercute en los agricultores y ganaderos, el primer eslabón de la cadena alimentaria, que ven cómo se incrementan sus
pérdidas porque ni siquiera cubren los costes de producción con la venta, mientras que al mismo tiempo llegan a nuestros mercados productos importados de
terceros países que no cumplen con los requisitos exigidos en la Unión Europea, ni en calidad ni en seguridad alimentaria ni en su proceso de producción.
Asimismo, agricultores y ganaderos andaluces ven mermada sus rentas con el recorte severo de la nueva PAC, que supone un varapalo para Andalucía, ya que los
productores de la comunidad perderán hasta 450 millones de euros por la reformulación planteada por el Plan Estratégico de Luis Planas como consecuencia de la
reducción de regiones y del modelo de ecoesquemas diseñado. Todo ello, sin olvidar, que agricultores y ganaderos deberán asumir mayores compromisos y requisitos
medioambientales con un menor presupuesto. En este contexto, la situación meteorológica, caracterizada por una sequía persistente y difícilmente controlable por
el ser humano, redondea lo que es una tormenta perfecta contra la rentabilidad y el futuro del sector.
Por todo ello, ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía hacen un llamamiento a agricultores, ganaderos y cooperativas para que acudan a la gran
manifestación y tractorada del próximo viernes 25 de febrero y que al unísono reclamen políticas y medidas coherentes para garantizar la dignidad de las
explotaciones agrarias y salvaguardar el campo de Andalucía.
El Comité Ejecutivo nacional de ASAJA ha analizado la preocupante situación que atraviesa el sistema de seguros agrarios, con graves deficiencias de
funcionamiento motivadas por el encarecimiento de pólizas, el recorte de coberturas y la subida de franquicias, con el único objetivo de obtener máximos
beneficios a corto plazo. Todo ello está provocando el abandono de la contratación por parte de muchos productores que ya no encuentran en el seguro una
herramienta útil para estabilizar sus rentas cuando sufren siniestros en sus explotaciones.
Desde hace varios años, el sistema de seguros agrarios adolece de graves fallos de funcionamiento derivados, casi todos, del interés denodado del pool
AGROSEGURO por priorizar la obtención de máximos beneficios. Con este objetivo, se han endurecido las condiciones para los asegurados, elevando los costes
del seguro, recortando coberturas y modificando las tablas de bonificaciones y recargos.
Por otra parte, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, dependiente del Ministerio de Agricultura y encargada de elaborar los planes anuales de seguros
agrarios, ha perdido buena parte de su protagonismo y el tradicional modelo de colaboración entre las instituciones implicadas (la propia ENESA, el pool
asegurador y las organizaciones agrarias) donde las decisiones se tomaban por consenso y existía una correlación de fuerzas, se ha roto. Ahora es AGROSEGURO,
quien impone, muchas veces de forma unilateral, sus planteamiento de régimen de funcionamiento del sistema.
Recientemente hemos visto esta forma de actuar en la negociación del seguro de cítricos cuyo resultado lesiona gravemente los intereses de los agricultores,
ya que propone la eliminación de la extensión de garantías para el riesgo de pedrisco y la supresión de la cobertura de daños de calidad por viento en limón.
Casos similares de supresión de coberturas para evitar las indemnizaciones cuando ocurre un siniestro se dieron también, meses atrás, con los seguros de frutales
y uva. Es el camino fácil que escoge AGROSEGURO, pero que resulta totalmente inaceptable para los productores.
Desde ASAJA entendemos que el sistema de seguros tiene que ser económicamente sostenible para las compañías, pero no podemos de ninguna manera olvidar que los
seguros agrarios no se pueden equiparar, por sus especiales peculiaridades, con otros ramos de seguros como autos, hogar o salud.
El sistema de seguros agrarios es una herramienta de política agraria creada y desarrollada para estabilizar las rentas de los productores que sufran daños
climáticos, a través de un modelo de financiación público-privado, donde el ministerio de Agricultura financia parte de las primas que pagan los productores
(financiación que se ha visto reducida notablemente en los últimos años y que debe recuperarse) y parte de los siniestros los paga el Consorcio de Compensación
de Seguros. AGROSEGURO no puede limitarse a hacer caja a costa de los agricultores y ganaderos.
El Comité Ejecutivo de ASAJA considera esencial reconducir la actual situación que atraviesan los seguros agrarios, comenzando por el cese inmediato del
presidente de AGROSEGURO, Ignacio Machetti, y siguiendo por la recuperación de la función de ENESA de defensa del sistema y su labor de coordinación, con
eficacia y eficiencia, de todos los agentes implicados.
De igual modo, entendemos prioritario avanzar en la consolidación de un sistema de seguros agrarios transparente, accesible y en mejora continua: estudiar
medidas, no solo de incremento de primas, para hacer frente a los desequilibrios actuariales; procurar un sistema económicamente sostenible; una apuesta clara
por una cultura de Gerencia de Riesgos y el diseño de una cartera de productos y soluciones aseguradoras atractivas que den respuesta a las necesidades de los
productores. Así, se estimulará la contratación, la fidelización y la universalización del seguro agrario, algo que fortalecerá al sistema en su conjunto.
El Gobierno propone que a partir de 2023 los autónomos coticen en función de sus rendimientos netos
Los agricultores no pueden asumir más incrementos en los costes sociales
ASAJA considera que el mecanismo de cotización planteado por el Ministerio de Seguridad Social para que entre en vigor a partir de 2023 supone, en
primer lugar, un incremento en los costes sociales para los autónomos agrarios de cerca del 40 % y, además, no tiene en cuenta las características fiscales
específicas del sector agrario. En suma, una vuelta de tuerca más para las maltrechas cuentas de resultados de las explotaciones agrarias.
La última propuesta para reformar el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) del Gobierno busca que este colectivo pague cotizaciones sociales en
función de sus ingresos reales mediante un sistema de tramos. Son tramos que se definen teniendo en cuenta los rendimientos netos del autónomo. En concreto,
el Ministerio de Seguridad Social ha llevado a la Mesa de Diálogo Social un sistema de trece tramos distintos de rendimientos netos (ingresos deduciendo gastos).
Con esta propuesta los agricultores pueden cambiar de tramo hasta 6 veces en un año y la cuota que pagarán a la Seguridad Social se calculará sobre esa base.
Los autónomos que tienen ingresos bajos y están clasificados en cualquiera de los primeros dos tramos (menos de 600 euros o de 600 a 900 euros) experimentarán
un ahorro una vez se implemente completamente la propuesta; los del tercer tramo, de 900 a 1.125,90 euros, no notarán la diferencia; mientras que los que se
encuadren en cualquiera de los diez tramos restantes, la inmensa mayoría de los cotizantes agrarios, tendrán que pagar más a la Seguridad Social con incrementos
en las cuotas que llegarían en algunos casos a pagar el triple de lo que se cotiza en la actualidad.
Por otra parte, ASAJA considera que el mecanismo de cotización planteado por el Ministerio de Seguridad Social no tiene en cuenta las características fiscales
específicas del sector agrario. Es un método basado en los rendimientos netos, por lo que desde ASAJA consideramos que los autónomos agrarios pagarán más o
menos en función de su capacidad de deducción de gastos, no de sus ingresos reales. En esta línea, nos preguntamos qué hará el Gobierno para poder calcular los
rendimientos netos de aquellos profesionales que no tributen en estimación directa.
En suma, si añadimos esta propuesta de incremento de costes en las cotizaciones a las reiteradas subidas del SMI en los últimos tres años, que han supuesto un
incremento de más del 30 % en los costes laborales y sociales de los empresarios agrarios, más la subida de las cuotas anuales de la Seguridad Social y el
incremento de costes que tendremos que afrontar con la nueva Reforma Laboral, muy perjudicial para los intereses del sector agrario, el resultado es que se pone
de nuevo en jaque al campo español.
Una nueva vuelta de tuerca para un sector asfixiado ya por los incrementos de costes de producción, la imposibilidad de repercutir los mismos en el precio de
venta de los productos y por las limitaciones productivas que imponen la nueva PAC, con mayores condicionamientos medioambientales. Mientras tanto, el Gobierno,
lejos de aportar soluciones, con cada nueva decisión exprime aún más las maltrechas economías agrarias.
ASAJA GRANADA no entiende que tras la entrada en vigor de la reciente Ley de Tasas y Precios Públicos de Andalucía la cuantía de la tarifa de los
análisis de rendimiento graso y acidez de la aceituna se multiplique por tres en la Red de Laboratorios Públicos Agroalimentarios o que para sacar una
guía para el desplazamiento del ganadero se pague 4 euros cuando antes se pagaba 0,20 euros, ni que se creen de pronto tasas hasta la fecha inexistentes
para la expedición de informes y certificados oficiales, la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas o la obtención de una autorización para
replantar un viñedo, tal es el apoyo a los agricultores y ganaderos del que presume la Administración autonómica y la coherencia con lo que predica
respecto de la bajada de impuestos.
Un agricultor cobra en función del aceite que obtiene por los kilos de aceituna que entrega a su cooperativa o almazara privada, determinado según el
rendimiento graso por kilo (entre 85 y 250 ml de aceite), para lo cual se le realiza un análisis de cada una de las partidas entregadas a lo largo de la
campaña, que pueden ser numerosas según la producción. Es lo más habitual que el agricultor contrate por su cuenta un contraanálisis de cada lote, que le
servirá para hacer una media o ponderación con los resultados que aporte el laboratorio de la cooperativa o almazara, puesto que del aceite que se calcula
que va a extraerse depende la renta que va a recibir por su cosecha. Tras la actualización de tasas y precios públicos en la Red de Laboratorios
Agroalimentarios de Andalucía el precio por muestra ha subido de 6,50 euros a 19,11 euros para el análisis de rendimiento de la aceituna y para el análisis
de rendimiento con acidez (de la que depende si es aceite virgen extra, extra o lampante) de 9,45 a 25,75 euros, multiplicándose por tres. La Administración
autonómica justifica este incremento en la subida del coste real del servicio, lo que no encaja con el precio que actualmente se cobra en laboratorios privados,
que, por ahora, mantienen su precio en 7 euros en los análisis de rendimiento y 8,50 euros con acidez. Veremos si no ve el sector privado una oportunidad de oro.
Se suben, además, otras tasas de forma desproporcionada o se crean de pronto otras nuevas: sacar una guía para el desplazamiento del ganadero cuesta 4 euros en
lugar de los 0,20 euros que se pagaba hasta ahora, la expedición de informes y certificados oficiales se cobran entre 28,19 a 65,59 euros, la inscripción en el
Registro de Explotaciones Ganaderas va desde los 28,28 euros hasta los 165,09 euros y la autorización para replantar el viñedo llega hasta los 186,48 euros.
El hecho es que, con la nueva Ley de Tasas y Precios Públicos se han encarecido los servicios de forma desproporcionada con respecto a las tarifas vigentes hasta
2021, y no debe ser con el fin de utilidad pública, sino por el impacto recaudatorio significativamente positivo que va a conseguir la Administración Autonómica
en materia de Agricultura y Ganadería (y Pesca marítima), nada menos que un 246,8% más, es decir, 4,41 millones de euros que se suman a los 2.037 previstos con
las tasas anteriores. Desde ASAJA GRANADA recriminamos la falta de atención de la delegada provincial de Agricultura que no ha respondido siquiera a nuestras
consultas y exigimos a la Junta de Andalucía la rectificación inmediata de estas tasas abusivas, que no hacen otra cosa que castigar aún más al sector agrario y
ganadero.
El hundimiento de los precios en origen, las importaciones indiscriminadas de terceros países, el brutal incremento de los costes y el abuso de la
posición dominante por parte de las grandes cadenas, principales amenazas del sector
Ante la crisis de precios que atraviesa el sector citrícola y sus graves repercusiones para los agricultores y ganaderos de Andalucía, y dada la magnitud de los retos
e imposibilidad de afrontarlos en solitario, las asociaciones representativas del campo andaluz y del sector productor de los cítricos: ASAJA, COAG, UPA,
Cooperativas Agro-alimentarias, Asociafruit, Palmanaranja y la Asociación de Citricultores de Huelva han constituido en Sevilla la Mesa de los Cítricos de Andalucía,
un grupo de trabajo que supone un primer paso para trabajar conjuntamente, desde el primer eslabón, en defensa del sector citrícola andaluz y poder hacer
frente a las amenazas que sufre este sector a todos los niveles.
El problema más grave y el que ha desencadenado este encuentro es la grave crisis que atraviesa el sector productor andaluz, con precios en origen por debajo de 0,13
euros/Kg. Un precio que no cubre siquiera los costes de producción y que ha ido a la baja desde la primera semana de campaña. Sin embargo, el consumidor no
se ha beneficiado de este hundimiento del precio en origen, pues sigue pagando por el kilo de naranjas entre 1 y 2 euros. Así, cuando estamos iniciando la
segunda parte de la campaña de recolección aún queda en el campo mucha naranja navelina que no ha encontrado hueco en el mercado ante el tapón provocado por
la entrada de miles de toneladas de naranja “vieja” de Sudáfrica, que es a la que las cadenas de supermercados han dado preferencia.
Tal como denuncia la Mesa de los Cítricos, supone una aberración que va contra toda lógica que las grandes cadenas de supermercados vendan en España o en
Europa naranjas recolectadas hace dos o tres meses a más de 8.000 kilómetros de distancia, cuando tenemos aquí en Andalucía la mejor naranja del mundo. Por
ello, la primera llamada de atención de la Mesa andaluza de los Cítricos va dirigida al consumidor, para que mire las etiquetas y de preferencia a la naranja
española, de mucha más garantía y mejor calidad, puesto que la naranja española cumple unos estándares sociales, laborales y medioambientales con los que no cumple
la naranja que se produce fuera de la Unión Europea.
El sector de los cítricos es estratégico para toda Andalucía. De hecho, la producción citrícola andaluza continúa en progresión, al contrario de lo
que ocurre en otras comunidades autónomas, en las que el sector está en clara regresión. El aforo de la Consejería de Agricultura para la presente campaña estima que
la cosecha alcanzará 2,4 millones de toneladas (casi un 3% más que en la campaña anterior), de los que el 70% se corresponde con naranjas (1.692.631 toneladas), un
23% con mandarinas (556.556 toneladas) y un 5% (111.795 toneladas) con limones. Por provincias, Sevilla lidera la producción andaluza, con 952.200 toneladas, seguida
de Huelva (612.000 toneladas) y Córdoba (364.000 toneladas).
La producción de cítricos en Andalucía alcanzó en 2020 un valor de 947 millones de euros. Se trata de una fruta muy apreciada en los mercados exteriores, y con una
clara vocación exportadora. Así, en 2020-2021 se exportó el 15,2% de la producción (356.000 toneladas) citrícola, valorada en 308 millones de euros. El sector
citrícola andaluz genera 7,85 millones de jornales, de los cuales, cinco millones corresponderían a las labores de producción y el resto a centrales hortofrutícolas.
Bajo el lema, #JuntosPorelCampo
Agricultores, ganaderos y cazadores convocan una gran manifestación en Madrid el 20 de marzo en defensa del mundo rural
El campo español, representado a través de las tres organizaciones profesionales agrarias - Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA),
Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)-, la Real Federación Española de Caza (RFEC)-
y Alianza Rural, han anunciado una gran manifestación del mundo rural en Madrid, el domingo, 20 de marzo.
La rueda de prensa celebrada en Madrid ha servido para presentar un MANIFIESTO que recoge en 18 puntos las reivindicaciones consensuadas de todo el mundo del campo
español. El mundo dice basta ya y saldrá en marzo a llenar las calles de Madrid para que la sociedad en general escuche sus necesidades, muestre su apoyo y el
Gobierno presente la atención y cuidado necesario a quienes ocupan el 84% del territorio.
En defensa de la agricultura y la ganadería, de la caza, de nuestro campo y su cultura y tradiciones, Pedro Barato -presidente de ASAJA-, Miguel Padilla - secretario
general de COAG, Lorenzo Ramos-secretario ganadería UPA-, Manuel Gallardo- presidente de RFEC y Fermín Bohórquez -presidente de Alianza Rural, han coincidido en que
el 20M será una gran cita para apoyar un mundo rural vivo, para que el campo sea un espacio para vivir dignamente, que sea comprendido y valorado
desde el mundo urbano.
En el acto se adelantó que inicialmente se ha constituido un comité de organización y planificación de este movimiento formado por representantes de: ASAJA, COAG,
UPA, Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS), Oficina Nacional de la Caza (ONC), RFEC, Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL),
Alianza Rural y todas las entidades que las conforman.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha declarado que su organización está comprometida con esta manifestación del 20M porque el mundo rural
necesita salir a la calle para denunciar los atropellos de los que es objeto y reivindicar otros temas que son de justicia. En concreto, se ha referido a la reforma
laboral que prepara el Gobierno y que no es la que necesita el sector o a la regulación de las tarifas eléctricas, donde el sector agrario es el único sector que
sin utilizar la luz tiene que pagarla. “Que dejen de utilizar a la España Vaciada y den un tratamiento acorde a la situación que vive el mundo rural“, ha concluido.
Por su parte, Miguel Padilla, secretario general de COAG ha afirmado que el Plan Estratégico de la nueva PAC enviado a Bruselas no responde a las
necesidades de los agricultores y ganaderos profesionales. “Se deben priorizar los apoyos a aquellos activos agrarios que viven de su trabajo en el campo y generan
verdadera economía real en el medio rural. Sin sostenibilidad económica de las explotaciones agrarias profesionales difícilmente habrá sostenibilidad social y
medioambiental”. Asimismo ha advertido sobre la hipocresía que supone que las importaciones de terceros países o se les exija el cumplimiento de los altos estándares
de producción que sí cumplen los productores europeos. “Es una competencia desleal e inaceptable. Hay que acabar con ello”.
Desde UPA han animado a todo el medio rural a manifestarse el próximo 20 de marzo en Madrid. “No podemos permitir que ningún joven que quiera vivir y trabajar en su
pueblo se vea obligado a abandonarlo. Tenemos que hacer lo que haga falta para favorecer el relevo generacional”. Ha declarado el secretario general de UPA,
Lorenzo Ramos, que ha señalado la “gravísima” coyuntura que atraviesan la agricultura y la ganadería debido a la falta de precios justos y el incremento de
costes de producción.
Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), ha expresado la preocupación del sector cinegético ante la deriva
anti-caza del Gobierno de España “que desprecia a la caza como actividad generadora de economía, fijadora de empleo y sustento de muchas poblaciones rurales. Que
aporta enormes beneficios sociales, culturales, económicos y medioambientales, y que está fuertemente arraigada a la cultura española. Igualmente el Gobierno obvia
el impacto negativo que tendría el abandono de la caza en España, desde la perspectiva socio-económica, pero sobre todo de conservación de nuestros ecosistemas”.
Fermín Bohórquez, presidente de Alianza Rural, realizó un alegato en defensa de un mundo rural vivo y expresó que “no puede admitir se legisle a
nuestras espaldas, desde una visión urbanita desconocedora de la realidad del campo, de la realidad del mundo rural. Perjudicando nuestros intereses, empujando
nuestros pueblos al abandono o a convertirlos en museos para visitar los fines de semana”.
Video de presentación de la manifestación: AQUÍ (EXTERNO)
Organizaciones agrarias y cooperativas confirman su apoyo a la protesta que se celebrará en marzo a nivel nacional
El sector agrario andaluz aplaza su gran movilización regional por responsabilidad ante la situación actual del Covid
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias en Andalucía celebrarán actos de protesta más reducidos, a nivel provincial, ante la grave crisis de
precios, la insoportable subida de los costes, la falta de control de las importaciones y el varapalo de la PAC
Exigen que se tengan en cuenta las observaciones al Plan Estratégico de la PAC que, en unidad de acción, ha trasladado todo el sector agrario andaluz al
ministro de Agricultura, Luis Planas; e instan a todas las administraciones a tomar medidas para paliar la grave crisis que sufre este sector capital para la economía
andaluza
El sector agrario andaluz, representado por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, replantea su calendario de protestas en Andalucía
a la espera de ver la evolución del coronavirus en la región. Las grandes concentraciones siguen estando muy condicionadas a la evolución de la pandemia, y
en este momento, los responsables de las organizaciones agrarias y cooperativas consideran que el aplazamiento de la gran manifestación regional que se estaba
preparando en Sevilla para el 20 de enero es lo más prudente. Por ello, en un ejercicio de responsabilidad, posponen la celebración de esta gran protesta del
campo y confirman su participación en la que está previsto convocar a nivel nacional en el mes de marzo. Si bien, mantienen abierta la posibilidad de
organizar en Andalucía otras protestas de carácter provincial que no conlleven una excesiva concentración de personas.
El varapalo de la reforma de la PAC (Andalucía es la región que más pierde), la grave crisis de precios, la insoportable subida de los costes de producción y los
problemas y los costes laborales, y la falta de control de las importaciones, llevaron a las organizaciones agrarias y cooperativas a organizar una primera protesta
el pasado 21 de diciembre en Córdoba y a anunciar una gran manifestación regional en Sevilla en el mes de enero, que es la que ahora queda aplazada, que no suspendida
puesto que por desgracia, los problemas que llevaron a las organizadores a anunciarla se mantienen, e incluso en algunos casos se están viendo agravados.
La grave crisis generada por el indiscriminado aumento de los costes de producción está lastrando la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas
de la comunidad autónoma. Los costes de producción se han disparado para los agricultores y ganaderos a niveles nunca vistos. Los piensos para el ganado se han
encarecido un 30% en el último año. También son más caras las semillas (+20%); los abonos (+150%); el agua (+33%) o los plásticos que se utilizan en los cultivos de
invernadero (+46%). Pero las subidas más espectaculares son las que afectan al gasóleo que usan los tractores (+73%) y a la energía eléctrica (+270%). También, el SMI
ha subido un 29,7% en los últimos tres años.
Mientras esto ocurre, los alimentos siguen encareciéndose en la cesta de la compra para los consumidores, que pagan más por los productos que adquieren. Un aumento de
precios que, sin embargo, no repercute en los agricultores y ganaderos, el primer eslabón de la cadena alimentaria, que ven cómo se incrementan sus pérdidas porque ni
siquiera cubren los costes de producción con la venta y además verán mermada sus rentas con el recorte severo de la nueva PAC. De ahí que ASAJA, COAG, UPA y
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía continuemos reclamando a las administraciones medidas que reviertan esta situación al objeto de que los agricultores y
ganaderos tengan precios que les permitan vivir dignamente de sus explotaciones.
ASAJA GRANADA advierte que el contrato eventual es imprescindible en campañas estacionales como la recogida de la aceituna o de frutas y hortalizas, así como
en faenas agrícolas puntuales, que duran lo que duran, que se desarrollan a la intemperie y no siempre en la misma explotación, lo que no quiere decir que sean
trabajos en precario, sino que su condición intrínseca es la temporalidad y que quien ha redactado esta norma no tiene ni remota idea de la realidad del campo.
El texto del Real Decreto publicado en el BOE el pasado 30 de diciembre sobre la Reforma Laboral recoge que únicamente podrán justificarse los contratos temporales
en dos casos, el primero por circunstancias de la producción cuando haya un incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial (o previsible, pero con
una duración reducida dentro de la contratación fija y limitada a un máximo 90 días anuales no consecutivos) y el segundo por sustitución de la persona trabajadora,
por lo que no habría alternativas para dar cobertura a necesidades de tipo estacional como son las labores agrarias de recolección o las faenas agrícolas puntuales
como talas, podas, riegos, limpieza de fincas, salvo el contrato fijo-discontinuo, que no se adapta a la realidad del campo y derivará en una pérdida de empleo.
La actividad agrícola y ganadera es la actividad con mayor capacidad empleadora y la que mejor resiste las adversidades como la que vivimos actualmente con la
pandemia. Es la que más números de contratos firmados acaparó en la provincia de Granada en 2020, con 160.162 contratos, el 39,78% del total, a mucha distancia de la
segunda sección de actividad más contratada que es la hostelería, con un 10,82%, según datos del SEPE. Además, los últimos datos de la Seguridad Social indican en la
provincia hay 62.200 trabajadores afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Agrarios, que representan el 18% del total, muy por delante el sector industrial
(6,50%) y de la construcción (5,42%). Muchos de estos contratos, aunque de carácter temporal, podrían perderse y muchos granadinos ocuparían las listas del paro y no
tendrían un jornal que llevarse a casa.
El campo tiene como condición intrínseca la temporalidad al estar condicionada la actividad agrícola a una duración determinada ―según épocas de recolección y otras
casuísticas como el clima o la mayor o menor producción―, a que su desarrollo se hace a la intemperie y los trabajadores circulan por diferentes explotaciones, lo
que no significa precariedad de los contratos, sujetos a convenio, sino que la mano de obra que se requiere es la eventual. La reforma no responde, por tanto, a las
necesidades del sector agrario, a pesar del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, CEOE y sindicatos, y desde ASAJA se va a seguir trabajando para que se regule
adecuadamente sobre la estacionalidad estructural del sector.
ASAJA GRANADA solicita la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por asegurar en una entrevista en el periódico The Guardian que España exporta carne de
mala calidad de animales maltratados, sin justificación alguna, y con total desconocimiento de la ganadería intensiva de nuestro país que sigue el mismo modelo que
en la Unión Europea y que lucha día a día por mejorar su sostenibilidad mediante la reducción de emisiones y avances en materia de bienestar animal.
No es la primera vez que Garzón defiende la reducción del consumo de carne porque perjudica la salud y el planeta, sin verificar datos ni fuentes e ignorando que
forma parte de nuestra dieta mediterránea, como ya hizo el verano pasado en diversos foros, y para defenderse ahora de las críticas recibidas por sus incongruencias
declara al diario inglés que le han venido de parte de los hombres que “sentían que su masculinidad se vería afectada por no poder comer un trozo de carne o hacer
un asado”, afirmaciones que demuestran, una vez más, que no está capacitado para ejercer sus funciones de ministro ya que solo busca confundir a los ciudadanos con
ideologismos causando graves daños económicos a los titulares de las explotaciones ganaderas que son quienes, en gran parte, mantienen el mundo rural. En Granada,
la ganadería es mayoritariamente extensiva, basada en el aprovechamiento eficaz de los recursos naturales, pero esta invitación a no consumir carne de origen España
también les está haciendo daño a nuestros ganaderos.
ASAJA GRANADA no comprende cómo desde la Presidencia del Gobierno español se puede mantener un ministerio y a un ministro que está continuamente atacando a un
importante sector como es el agroganadero, y, por lo tanto, a los intereses de España, y ante este despropósito pide al presidente Sánchez que le cese inmediatamente
de su cargo para evitar males mayores, ya que el sector primario necesita apoyos y no demonización ni ataques continuos desde dentro.