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NOTICIAS DEL 2023

18/01/2023 - ASAJA-ANDALUCÍA, COAG-ANDALUCÍA Y COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA NO SE OPONEN AL EXPEDIENTE SIEMPRE Y CUANDO SE EVITE LA INSCRIPCIÓN DE MÁS DE 144.000 HECTÁREAS DE OLIVAR EN EL CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ
Olivar, Patrimonio histórico andaluz

ASAJA-ANDALUCÍA, COAG-ANDALUCÍA Y COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA NO SE OPONEN AL EXPEDIENTE SIEMPRE Y CUANDO SE EVITE LA INSCRIPCIÓN DE MÁS DE 144.000 HECTÁREAS DE OLIVAR EN EL CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ

Andalucía cuenta hoy con un envidiable “mar de olivos” gracias al trabajo, al tesón y al esfuerzo de miles de olivareros que con su trabajo diario pelean por obtener rentabilidad de un cultivo vecero, sujeto a los avatares de la climatología, del mercado y de la PAC

ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía quieren dejar claro que han apoyado desde el principio la candidatura a Patrimonio Mundial de los Paisajes del Olivar de Andalucía, siempre que se estableciera como línea roja la propiedad y que no hubiera limitaciones a la capacidad productiva del olivar protegido.


Así ha ido quedando patente en las diversas reuniones durante todos estos años, e incluso así se recogía en los documentos que se presentaron para las Adhesiones a la Declaración de los Paisajes del Olivar de Andalucía de finales del año 2017 y principios del año 2018. De hecho, en el Documento de Adhesión se indicaba que “ello además no supondrá ninguna limitación de uso o de manejos en la actividad productiva”.

Sin embargo, la última versión del expediente contradice claramente dicha afirmación, por lo que las organizaciones firmantes se ven empujadas a resolver todas las dudas surgidas tras conocer el citado documento con la única intención de salvaguardar los intereses del sector productor, principal avalista del paisaje del olivar andaluz.

En todas las reuniones que se han mantenido a lo largo de estos años no se ha hablado de nada de las limitaciones que ahora, después de siete años, se dan a conocer. Incluso las indicaciones eran en sentido contrario. No es hasta el 20 de diciembre de 2022, hace unas semanas, cuando se informa de estas restricciones, con las que tanto el derecho de propiedad como la propia libertad de empresa se verían seriamente afectados, sin que se concreten cuáles serán las supuestas ventajas para los agricultores, ganaderos y propietarios que entrañaría la declaración de Patrimonio Mundial.

Hasta el momento, se desconoce el presupuesto asignado, así como la procedencia del mismo. Además, se habla de posibles ayudas y subvenciones a los propietarios afectados, pero no se detallan ni evalúan económicamente las mismas.

Según los estudios técnicos, esta figura provocaría limitaciones y obligaciones a los agricultores, ganaderos y propietarios del territorio afectado, mientras que las ventajas no quedan nada claras. Entre las primeras, las obligaciones y restricciones, están la inclusión de la inscripción en el Registro de la Propiedad; la obligación de los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de los bienes de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos garantizando la salvaguarda de sus valores; la obligatoriedad de ejecución de obras y actuaciones de conservación; la ejecución forzosa, el derecho de tanteo y retracto, la expropiación, la potestad de inspección de la Consejería de Cultura, la evitación de la contaminación visual o perceptiva y la obligación de comunicar la realización de cualquier obra o intervención a la Consejería competente, entre otras.

Ante este nuevo marco jurídico que se presentaría para las más de 144.000 hectáreas de olivar incluidas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias plantearon, por un lado, la necesidad de una reunión técnica donde se expongan todas las consecuencias que tiene esta declaración para los olivareros afectados y, si los hay, se cuantifiquen los beneficios que puedan suponer para ellos. Y, por otro lado, que se hagan reuniones en las zonas afectadas para que sean los propios olivareros los que conozcan las consecuencias de primera mano y se manifiesten al respecto, ya que la caracterización de estos olivares no sólo afectará a la provincia de Jaén, sino también a zonas de Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz.

Las organizaciones agrarias firmantes no se opondrán, por tanto, a la candidatura a Patrimonio Mundial de los Paisajes del Olivar de Andalucía, siempre y cuando no conlleve la inclusión de 144.000 hectáreas de olivar en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Debe tenerse en cuenta que las citadas plantaciones olivareras son en primer lugar, y antes que cualquier otra cosa, explotaciones agrarias, cuya buena gestión privada por parte de sus agricultores no sólo permite su supervivencia, sino que además constituye la base de la economía de todo un sector agroalimentario que es a su vez la principal fuente de riqueza y empleo de más de 400 municipios de Andalucía.

En este sentido, las organizaciones consideran innecesario imponer restricciones y limitaciones a un sector productivo como el olivar para favorecer los intereses de otros sectores como el turístico, y menos bajo el pretexto de conservar un paisaje y una cultura por la que ya velan sus legítimos propietarios en virtud de su función primera y esencial, la obtención de la aceituna de la mejor calidad para la producción de aceite o para su transformación en aceituna de mesa.

Si Andalucía cuenta hoy con un envidiable “mar de olivos” es gracias al trabajo, al tesón y al esfuerzo de miles de olivareros que con su trabajo diario pelean por obtener rentabilidad de un cultivo vecero, sujeto a los avatares de la climatología, del mercado y de la PAC. Un sector que precisa mejorar las condiciones productivas, las infraestructuras -especialmente las hidráulicas-, la conectividad y todas aquellas cuestiones que redundan en la rentabilidad del cultivo y en la sostenibilidad del medio rural, desde el punto de vista económico, social y también medioambiental.

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03/01/2023 - ASAJA se alía con REPSOL para transformar residuos agrícolas y ganaderos en combustibles renovables
Acuerdo Asaja - Repsol

ASAJA y REPSOL han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar proyectos que tienen como eje central la economía circular para mejorar la sostenibilidad del campo. Ambas organizaciones compartirán su conocimiento y capacidades para buscar soluciones que mejoren la gestión de subproductos de la agricultura y la actividad ganadera en entornos rurales y poco poblados, donde la logística puede suponer una gran dificultad. Repsol analizará el potencial de estos residuos y subproductos como nueva materia prima para la fabricación de combustibles renovables y materiales circulares en sus complejos industriales.

Otra de las líneas de trabajo contempla la reutilización de subproductos procedentes de la industria del refino como fertilizantes en suelos agrícolas para incrementar su rendimiento y productividad.

Con estos proyectos ambas entidades promoverán la creación de nuevas cadenas de valor locales que inducen el empleo en esas zonas rurales y afectadas por la despoblación.

Para Repsol, la economía circular es una herramienta clave en su programa de transformación industrial que permite fabricar productos de alto valor añadido y con menor huella de carbono a partir de residuos de distinta naturaleza. Repsol está analizando más de 40 tipos de residuos y tecnologías para asegurar la producción de biocombustibles avanzados y materiales petroquímicos circulares con el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en el 2050.

ASAJA, que representa a más de 200.000 agricultores y ganaderos hace esta apuesta de futuro para que sus afiliados puedan beneficiarse de los proyectos de economía circular y aprovechamiento de residuos agrícolas y ganaderos para la producción de biometano y otros combustibles renovables, mejorando el valor de los subproductos y residuos agrarios.

Este acuerdo afianza la relación entre ASAJA y REPSOL y certifica el compromiso de ambas entidades con la transición energética y un desarrollo económico sostenible.

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