Asaja, COAG y UPA solicitan actuaciones urgentes y la convocatoria del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria

- Ha transcurrido más de un mes y aún no se han publicado los estudios de cadena de valor pendientes prometidos por Planas en la reunión del Observatorio del pasado 20 de febrero.

- Además, es necesario ponerse a trabajar de manera inmediata en el desarrollo y generación de índices de referencia de precios por sectores, tal y como recoge la Ley.

Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, reclaman al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, actuaciones urgentes y la convocatoria del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria. En una carta conjunta remitida al presidente del Observatorio, José Miguel Herrero, las OPA recuerdan que el pasado 20 de febrero tuvo lugar la XV sesión del Pleno del Observatorio de la Cadena. Durante la misma, el ministro Planas anunció la publicación de los estudios de cadena de valor pendientes, así como la actualización de los ya aprobados para la leche líquida y el aceite de oliva virgen extra.

Habiendo discurrido casi un mes desde la celebración de dicha reunión, las tres organizaciones firmantes reiteran “la necesidad de aprobar y publicar de manera urgente los estudios para todas las cadenas pendientes (melocotón-nectarina, patata, tomate, carne de vacuno, carne de ovino, naranja y limón y miel, así como la citada actualización también de leche líquida y el aceite de oliva virgen extra)”. A tal fin, solicitamos la convocatoria del Pleno del Observatorio de la Cadena, de manera que podamos cumplir con los compromisos ya adquiridos. “Estos estudios son muy relevantes y beneficiosos para los distintos sectores y para el conjunto de la cadena alimentaria en nuestro país y su transparencia”, han subrayado.

Además, ASAJA, COAG y UPA demandan la puesta en marcha de nuevos estudios de otras cadenas de valor, con el fin de cubrir en el menor plazo posible el mayor número de sectores agrícolas y ganaderos.

Por otro lado, las organizaciones agrarias solicitan que el Observatorio de Cadena comience a trabajar de manera inmediata en el desarrollo y generación de índices de referencia de precios, especialmente para aquellos productos y sectores que no disponen de ellos. La Ley 12/2013 recoge esta función para el Observatorio en su artículo 20.1.m.

Dicha ley establece la obligatoriedad de establecer contratos por escrito, así como de contemplar en dichos contratos el precio en cuantía fija o variable, en función únicamente de factores objetivos, verificables y no manipulables. “En muchos sectores y productos no existen tales índices que puedan cumplir esos criterios, por lo que se hace necesario que el Observatorio los establezca y proporcione así a las personas agricultoras y ganaderas y a sus compradores un elemento necesario para las negociaciones”, han argumentado.

Por otro lado, y en aras de la transparencia necesaria para el correcto funcionamiento de la cadena de valor, se insta a la recuperación de la información mensual sobre Precios Venta a Público. Dicha información se eliminó en 2018 por parte del Ministerio de Comercio, con el acuerdo del Ministerio de Agricultura. El propio MAPA facilitaba determinados datos a través del Panel de Consumo en hogares, pero esta fuente es insuficiente y, hasta donde sabemos, ha dejado de actualizarse en la página web desde 2021.

Asimismo, es necesario proporcionar información concreta y detallada por sectores sobre los precios de las transacciones en la salida de las industrias. “La transparencia de los precios a los que vendemos los agricultores es muy elevada, con datos públicos semanales y otra multitud de fuentes de información. Sin embargo, la información del resto de eslabones no existe de manera oficial y pública. Hay una clara descompensación en este sentido, que afecta seriamente a la transparencia de la cadena de valor”, ha afirmado ASAJA, COAG y UPA.

Por último, en el escrito se reclama la creación de un Observatorio de costes y mercados de insumos o en su defecto, un grupo de trabajo en el seno del Observatorio de Cadena para analizar los precios y estructura de los distintos costes de producción para el sector primario (piensos, fertilizantes, energía, mano de obra…). “Nos encontramos en una situación muy difícil para la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Los indicadores, como apuntaba el propio Ministro en la citada reunión del Observatorio, señalan una posible bajada de los insumos y ésta debe trasladarse lo antes posible y evitando la especulación a la producción primaria, de manera que puedan verse aliviadas en cierta medida las tensiones inflacionistas que encontramos en la actualidad y los consumidores se vean en una situación más favorable”, han apostillado.

El secretario general de ASAJA GRANADA, Manuel del Pino, junto con Natividad Vilchez y Fernando Coronel, miembros de la Junta Directiva de la organización agraria se reunieron la pasada semana con la delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Celia Santiago, para analizar los problemas del sector con respecto a la situación de sequía y las restricciones en el riego previstas para la próxima campaña agrícola si no cambia el escenario de ausencia de precipitaciones, con un máximo de 700 m3/ha autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), un 88,34% inferior a la dotación máxima concesional de 6.000 m3/ha. En dicha reunión se acordó la constitución, para después de Semana Santa, de un Grupo de Trabajo para evaluar periódicamente la evolución de los distintos cultivos de la provincia y tomar las medidas de apoyo necesarias para sacar adelante las siembras. Se incidió también en la situación precaria de los ganaderos afectados por la falta de pastos para sus animales y las dificultades para abrevar el ganado, que necesitan de apoyo urgente. Otra de las demandas expuestas por parte de nuestros representantes en la reunión fue instar a la Administración autonómica para que actúe de mediadora con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con el fin de introducir ciertas excepciones a la normativa de la PAC 2023 por sequía, en concreto, la excepción del cumplimiento de determinados requisitos de la Condicionalidad Reforzada y los Ecoesquemas que obligan a la implantación de una cubierta vegetal y rotación de cultivos, que no van a ser posibles de llevar a cabo por la falta de agua. También se pidió la mediación con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la exoneración a los regantes del pago del canon y de las tarifas de riego, dada la reducción de sus dotaciones de agua que merman la productividad y rentabilidad de las cosechas. Por último, se habló del reciente pacto firmado por la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT-A y CCOO-A para hacer frente a la crisis social y económica, por el que se movilizarán 9.000 millones en medidas de apoyo para familias, jóvenes, pymes y autónomos, reclamando nuestra asociación agraria fondos para el sector primario no solo para el sector agroalimentario industrial.

Pasados quince días desde que la apertura del plazo oficial de presentación de la Solicitud Única aún no está plenamente disponible el programa de aplicación dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para gestionar las ayudas y no se ha podido concluir la formación a los técnicos sobre la implementación de las últimas novedades de la reforma. Se respira una gran inseguridad que no pone nada fácil el trabajo de las entidades colaboradoras y que causa gran inquietud en los agricultores y ganaderos.

A pesar de que el plazo de inicio de presentación de la Solicitud Única de la PAC comenzó oficialmente el 1 de marzo, con fecha de finalización el 31 de mayo, aún no es posible registrar ninguna en el Sistema de Gestión de Ayudas (SGA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) e incluso la formación de los técnicos sobre la implementación de las últimas novedades de la reforma está inconclusa, pendiente de sesiones programadas para la próxima semana. A estas alturas lo peor es que no sabemos tampoco en qué fecha se va a cargar la última versión de la herramienta de aplicación que solucione todos los problemas existentes.

Se está generando una gran inseguridad en las entidades colaboradoras que no pueden informar con fiabilidad a sus socios y una gran e incertidumbre en los agricultores y ganaderos que temen por sus ayudas. Por parte de la Junta de Andalucía quedan también por publicar oficialmente la normativa agroambiental autonómica, que se enmarca dentro de las intervenciones del desarrollo rural de la PAC a las que se acogen agricultores y ganaderos de forma voluntaria, complementando las ayudas directas, circunstancia que también contribuye al desconcierto.

El nuevo marco de la Política Agraria Común (PAC) ya triplica la carga burocrática por los nuevos requisitos que trae y a ello se le añaden ahora, por si algo faltara, problemas técnicos imperdonables en su tramitación generados por una total falta de previsión del Ministerio tras dos años de preparación de un Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) que a nadie conforma. Desde ASAJA GRANADA consideramos imprescindible la ampliación de plazo para poder dar el servicio a todos los agricultores y ganaderos que tramitan la PAC en nuestras oficinas y el ministro Planas no debería demorar su solicitud a Bruselas, una petición que hacemos desde todo el sector para no acabar sufriendo un problemático cuello de botella que nos impida acabar todo el trabajo a tiempo.

El representante de ASAJA, Pedro Gallardo, ha sido elegido presidente del Grupo de Trabajo del Cereales del COPA-COGECA. Tras dos mandatos al frente de la presidencia de Oleaginosas y Proteaginosas deja este grupo de trabajo para tomar las riendas de Cereales. En esta nueva responsabilidad al frente de los cerealistas europeos le acompañarán los vicepresidentes Guido Seedler (Alemania) y Cristina Cionga (Rumania).

ASAJA centrará su trabajo en dar respuesta al encarecimiento de los costes de producción, la protección de los cultivos, la innovación científica en las explotaciones frente al cambio climático; la competencia desleal extracomunitaria; la volatilidad de los precios, la implementación de la nueva PAC y un mayor esfuerzo en la Comunicación para que la sociedad entienda cómo producimos los alimentos de forma sostenible, con trazabilidad y con los mayores estándares de calidad del mundo.

Durante los próximos dos años defenderemos en las instancias comunitarias los intereses de los productores españoles y europeos de cereales. Ya en nuestra etapa anterior al frente del Grupo de Trabajo Oleaginosas y Proteaginosas centramos nuestra labor en poner el acento en el marco financiero plurianual y en la defensa de un presupuesto sólido para la PAC, sin que el Brexit y otras políticas restasen a los fondos agrarios. Para ello, hemos defendido los intereses de los productores tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión Europea, reforzando el diálogo.

Para esta nueva responsabilidad en el mandato 2023-2025, uno de los retos de ASAJA es la defensa del modelo productivo cerealista de Europa donde vivimos un periodo de altísimos costes de producción que junto con la invasión de Ucrania y la inflación están comprometiendo seriamente la viabilidad de las explotaciones agrarias europeas.

También continuaremos apoyando la protección de los cultivos con nuestras medicinas de las plantas, dosier que debe ir muy de la mano con la innovación en las explotaciones agrícolas donde las nuevas técnicas de edición genética jugarán un papel fundamental en un país que es frontera con un continente como África y que sufre el cambio climático. Para ello, debemos apoyarnos en la evidencia científica y alejarnos de posicionamientos políticos y de cualquier otra índole.

Además, el presidente del Grupo de Trabajo de Cereales del COPA continuará apoyando los debates de la PAC “donde recordaremos a la Comisión que no se puede ser juez y parte, donde la Comisión y las instituciones comunitarias deben reflexionar y entender que el contexto mundial ha cambiado y donde Europa debe seguir liderando su papel de liderazgo.”

Y, por último, “pero no menos importante, debemos reflexionar sobre la mejor manera de gestionar los riesgos relacionados con la volatilidad de los precios, por ejemplo, este año de nuevo muchos de los agricultores no se han beneficiado del incremento de los precios de la pasada campaña”, ha señalado Pedro Gallardo.

El secretario general de ASAJA GRANADA, Manuel del Pino, declina asistir a la reunión del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación con los miembros de la Interprofesional del Espárrago Verde, motivo de su visitita a nuestra ciudad mañana jueves 9 de marzo, y le invita para la próxima a que venga a escuchar las quejas de todos nuestros agricultores y ganaderos por la lesiva reforma de la PAC que ha impuesto, que no solo implica pérdidas patrimoniales, sino más complicaciones burocráticas, menos producciones e indefensión jurídica. Precisamente el cultivo del espárrago es uno de los más perjudicados al ser considerado cultivo permanente en lugar de plurianual negando, así, a los productores cualquier posibilidad de acogerse al pago de los ecorregímenes. El único motivo que tiene Planas para acudir a la cita sería que trajese una solución a este imperdonable agravio..

Con el comienzo del periodo de tramitación de las ayudas de la PAC, del 1 de marzo al 31 de mayo, y la publicación de los importes provisionales de los nuevos derechos vamos descubriendo cada vez más y más problemas de los que ya veníamos denunciando tras la aprobación del Plan Estratégico Nacional, impuesto por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sin atender las propuestas del sector agrario andaluz, con importantes pérdidas patrimoniales para nuestros agricultores y ganaderos que traen la debacle para el campo granadino, más complicaciones burocráticas, menos producciones e indefensión jurídica.

Las nuevas asignaciones de derechos caen de media en Granada entre un 10% y un 23% para la mayoría de regiones productivas (cultivos permanentes, pastos, cultivos de secano y cultivos de riego) no siendo compensadas con los pagos redistributivos a las primeras hectáreas ni con las prácticas medioambientales voluntarias o ecorregímenes, difíciles de llevar a cabo en muchos casos dado que no se adaptan a la realidad agronómica de nuestras comarcas agrarias y con obligaciones que disparan costes, a lo que se suma que no hubo normativa publicada hasta finales del 2022 para conocer los requisitos y las siembras no se pudieron planificar con tiempo. Las pérdidas con respecto al anterior marco superarán los 15 millones de euros anuales (el 15% del presupuesto), es decir, más de 80 millones de euros durante el periodo 2023-2027 del total de 552.144.100 millones de euros.

ASAJA GRANADA no comparecerá a la reunión de la Interprofesional del Espárrago Verde con el ministro Planas, mañana jueves 8 de marzo, motivo de su visita a nuestra ciudad, solo entendible si viniera a traer una solución a uno de los principales agravios cometidos con nuestra provincia, precisamente con el cultivo del espárrago (también afecta al chopo) al considerarse erróneamente en la nueva PAC como cultivo permanente en lugar de plurianual, negando a los productores cualquier posibilidad de acogerse al pago de los ecorregímenes, que representan nada menos que un tercio de las ayudas. Manuel del Pino, secretario general de la organización agraria le invita para la próxima a que venga a escuchar las quejas de nuestros agricultores y ganaderos.

ASAJA GRANADA exige al Gobierno la financiación de las canalizaciones de Rules en su integridad

Son casi veinte años de espera y promesas incumplidas, pero las instituciones siguen con su tira y afloja bloqueando una y otra vez el inicio de las obras de las canalizaciones de Rules. En el acuerdo de financiación pendiente de firma con los regantes estos piden incluir los 11 desglosados de la obra para hacerse cargo del 10% de los costes, no solo el número 9, que es más para abastecimiento y no les garantiza los riegos futuros, de ahí su rechazo. Tendrían que estar todos los proyectos redactados en su conjunto con fecha anterior. Y ahora los representantes granadinos del PSOE inician un viciado juego político para que la Junta de Andalucía se haga cargo del 20% del coste “por compromiso” cuando no son precisamente ellos los más indicados para invocarlo. Las obras están declaradas de Interés General desde 2001 y es el Estado quien tendría que pagarlas no al 80% recurriendo a fondos europeos que obligan a su cofinanciación, sino en su integridad.

A principios de 2023 el Gobierno anunció el inicio de las obras del proyecto del sistema de canalizaciones Béznar-Rules, únicamente del desglosado 9 que llevará el agua a Almuñécar (hay 11 proyectos y seis fases de ejecución) y solo pondrá en riego 722 has desde la presa hacia las comunidades de regantes situadas en la cota 400 en su margen derecho (Río Verde, Jete, Almuñécar y su entorno), con un plazo de ejecución de tres años. El coste previsto de este primer desglosado es de 61,98 millones de euros, que se financiarán al 80% con los fondos Next Generation de Europa y el 20% restante, en principio, lo aportarían los regantes (10%) y la Mancomunidad de Municipios de la Costa (10%) mediante un acuerdo de financiación, pendiente de firma, por el rechazo de los regantes que quieren un convenio del conjunto de la obra que les asegure que todos tendrán opción de regar sus tierras en el futuro. No se niegan al pago, pero no a cualquier precio.

Tendrían que estar a fecha de hoy todos los proyectos planificados y redactados de forma integral y conocerse todas las fases de ejecución y, en cambio, volvemos a entrar en debate político abierto por los representantes granadinos del PSOE sobre la cofinanciación del 20% de las obras, que dicen deben asumir la Junta de Andalucía “por compromiso” cuando no son precisamente los más indicados para invocarlo. Las obras de Rules están declaradas de Interés General desde 2001 y es el Estado el responsable de pagarlas, no al 80%, sino en su totalidad, aunque lo más importante es olvidar esos tira y afloja permanentes entre las instituciones y desbloquear la situación creada.

Desde ASAJA GRANADA pedimos al Gobierno que agilice la redacción de los diez desglosados del proyecto de canalizaciones de Rules que faltan (el número 3 no está tampoco finalizado) y ponga el 100% del dinero, sin apelar a la cofinanciación obligada de nadie. La Junta de Andalucía podría contribuir con los gastos de los regantes para las conducciones secundarias desde las tuberías principales a las zonas de regadío, como muestra de su implicación en el desarrollo de la Costa.

Las alegaciones presentadas por esta Organización se han tenido en cuenta

SATISFACCIÓN EN ASAJA PORQUE LA CORDURA SE HA IMPUESTO EN LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL

Agricultores, ganaderos, cazadores y habitantes del medio rural, en general, están de enhorabuena. Los animales de trabajo en las explotaciones agrarias y los perros de caza quedan definitivamente fuera de la Ley de Bienestar Animal que acaba de ser aprobada en el Congreso de los Diputados. La cordura y el sentido común se han impuesto gracias a la presión que desde ASAJA, desde la Real Federación Española de Caza e incluso desde algunas Comunidades Autónomas se ha realizado para conjugar la protección de los animales con el correcto desarrollo de actividades como la ganadería o la caza.

ASAJA aplaude el giro de timón, in extremis, que el grupo parlamentario del PSOE ha dado en este tema al incluir la enmienda para que los perros de caza y de trabajo quedaran fuera del texto legislativo, y que ha sido refrendada por el resto de grupos parlamentarios, socios del Gobierno. Definitivamente, los animales inmersos en la actividad profesional, como es el caso de los animales en las ganaderías (fundamentales para el trabajo en nuestro sector) y los animales para la actividad cinegética quedan excluidos de la Ley.

De esta forma, la ley no afectará a los animales empleados en el manejo y protección de la ganadería, algo que no haber sido así hubiera supuesto un grave problema para nuestros ganaderos. De todos es conocido que hay actividades y situaciones que no se podrían llevar a cabo de forma efectiva en las explotaciones ganaderas, y que resultan fundamentales para el correcto desarrollo de la actividad productiva, sin la colaboración de estos animales, como es el caso del pastoreo o la protección del ganado frente a amenazas externas, como son los continuos y crecientes ataques del lobo a vacas, ovejas o cabras.

Valoramos también que se haya excluido de la Ley a los animales de caza, puesto que el aumento de la población silvestre en especies como corzo, jabalí, conejo, o el propio lobo antes citado, suponen una amenaza para el desarrollo de nuestros cultivos, la supervivencia de nuestro ganado y para la prevención y/o expansión de las enfermedades que estos animales transmiten, es el caso de la tuberculosis bovina o la peste porcina africana. Sin el desarrollo de la actividad cinegética este control no sería posible.

Ya en el mes de marzo del pasado año, ASAJA presentó un documento de alegaciones a la Ley en el que se razonaban y explicaban los motivos por los que se pedían estas exclusiones particulares y desde entonces hemos realizado una intensa labor en colaboración con la Real Federación Española de caza y otras entidades afines, así como con los gobiernos de las Comunidades Autónomas, para concienciar a los grupos políticos y al propio Gobierno de la necesidad de dejar fuera de la ley a estos animales. Finalmente, el resultado nos satisface a todos.

El secretario general, Manuel del Pino, acudió e intervino resolutivamente en la reunión convocada el pasado 6 de febrero por la Delegación de Agricultura en Granada con motivo de la visita del viceconsejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez García de Prado, donde se dio un repaso general a la situación de la provincia y se recogieron las peticiones y reivindicaciones del sector. Las especificidades de la provincia de Granada pasan por evaluar y puntuar como criterios subvencionables en las bases reguladoras de todas las ayudas del Plan de Desarrollo Rural andaluz del nuevo marco 2023-2027 el riesgo de desertificación, la baja pluviometría, altas pendientes, altitud y despoblamiento.

ASAJA GRANADA estuvo presente el pasado 6 de febrero en la reunión convocada por la Delegación de Agricultura en Granada con motivo de la visita del viceconsejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez, donde se dio un repaso general a la situación de la provincia y se recogieron las peticiones y reivindicaciones más acuciantes del sector.

El secretario general de la organización agraria, Manuel del Pino López, puso de manifiesto en la citada reunión que la nefasta y arbitraria gestión del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (PEPAC) por parte del Gobierno central, alejada totalmente de la realidad del campo y cargada de una imposible burocracia, va a traer muchas complicaciones para su aplicación junto con considerables pérdidas en ayudas directas (1er pilar) para nuestros agricultores y ganaderos. Por este motivo, le hizo al viceconsejero una petición de vital importancia para la provincia de Granada, como es que se tengan en cuenta sus especificidades en el desarrollo normativo de las ayudas que integran el Plan de Desarrollo Rural Andaluz del nuevo marco 2023-2027 (2º pilar), cofinanciadas junto con el FEADER por la Administración autonómica, entre ellas las medidas de compensación para zonas con limitaciones naturales, por cumplimiento de compromisos medioambientales y climáticos, de mejora de regadíos y para la incorporación de jóvenes agricultores y creación de empresas. Se trata de que en las bases reguladoras de todas estas ayudas se evalúen y puntúen como criterios subvencionables el riesgo de desertificación, la baja pluviometría, altas pendientes, altitud y despoblamiento para optar a ellas con mayores posibilidades.

Otra de las cuestiones prioritarias planteadas fue el estado de anormalidad en que han quedado en el PEPAC, al incluirse en el grupo de cultivos permanentes y no plurianuales, dos de los cultivos más emblemáticos de Granada como son: el espárrago y los chopos, es decir, fuera de la posibilidad de aplicar alguna práctica medioambiental o eco-régimen para el cobro de lo que antes se denominaba “Pago verde”, un tercio de las ayudas directas. Se instó al viceconsejero a que incidiera y aclarara con el MAPA el problema creado y pueda establecerse una medida específica para estos cultivos en sí mismos sostenibles y generadores de biodiversidad.

Otra prueba más del mal funcionamiento de la cadena agroalimentaria

ASAJA PIDE AL MINISTERIO DE AGRICULTURA QUE ACTÚE EN DEFENSA DE LA PATATA ESPAÑOLA

Pedro Barato:“ Reclamamos que se cumpla la legalidad vigente, que se realicen controles y no se engañe al consumidor”

Ante la campaña puesta en marcha por la cadena de distribución LIDL con ofertas de patata a 0,90 euros/kilo asegurando que se trata de patata nueva (de esta campaña) y con origen España, ASAJA advierte a los consumidores sobre el engaño de tal oferta y pide al Ministerio de Agricultura que extreme los controles sobre los agentes de la cadena agroalimentaria para que se detecten, y sancionen en su caso, prácticas fraudulentas que perjudican tanto a los consumidores como a los productores españoles.

La patata nueva de origen nacional que los productores están sacando a la venta en estos momentos tiene un precio en origen de 0,60 euros/kg. y por tanto no es posible que una cadena de distribución la comercialice en el punto de venta a 0,90 euros/kg., una vez sumado los gastos de procesado, lavado, enmallado, etiquetado, transporte, etc. Se trata, según indagaciones realizadas por ASAJA, de patata procedente de la campaña anterior (sometida a varios meses de cámara frigorífica) y con origen francés.

Ante esto, apelamos al sentido común y a la responsabilidad de la cadena alimentaria, y en especial de la distribución, para que no utilice la patata como producto reclamo, recurriendo a partidas de patata importada o de inferior calidad, tratando de desestabilizar los precios y presionar para que los cultivadores nacionales vendan a pérdidas. Igualmente, ASAJA pide al ministerio de Agricultura máxima diligencia a la hora de velar por el cumplimiento de la Ley de la cadena agroalimentaria.

Cualquier presión para bajar los precios al productor se traduce en una reducción automática de las siembras, siendo especialmente sensibles cultivos como la patata, producción en la que en los últimos años ha habido un descenso de la superficie cultivada, y en la que España es deficitaria y tiene que importar para cubrir el consumo, una tendencia peligrosa de dependencia que nuestro país no se puede permitir.

En el caso de la patata, en España se consumen cerca de 2,5 millones de toneladas, de las que aproximadamente 1,2 millones se producen en España, y el resto es importado, sobre todo de Francia. Los umbrales de rentabilidad escasos son motivo principal de la reducción de la superficie de patata y ASAJA considera que no puede seguir perdiéndose superficie de patata, por ser una producción esencial para el país y también por su fuerte implantación en zonas como Castilla y León, con cerca de 2.000 cultivadores profesionales, Galicia, Andalucía y Murcia.

ASAJA recuerda que desde el pasado 31 de enero está abierto el registro de contratos alimentarios, en el que se deberán inscribir todos los contratos que se suscriban con el sector primario, antes de la entrega del producto, trámite que será obligatorio a partir del próximo 30 de junio. El contrato debe incluir el precio, que en todos los casos debe ser superior al total de costes asumidos por el productor, el denominado “coste efectivo de producción”. Por tanto, “respetar los beneficios legítimos del agricultor no solo es moral, sino también exigible legalmente, y esperamos que la Administración actúe en consecuencia ante el menor intento de romper las reglas que todos nos hemos marcado y que son las que garantizan que llegue un producto de calidad a los consumidores”, reclama ASAJA.

El incremento de costes salariales, unido a los efectos nefastos de la reforma laboral, hace caer el empleo en el campo en 86.900 trabajadores en 2022

EL IMPACTO DE LA ÚLTIMA SUBIDA DEL SMI SOBRE LA ACTIVIDAD AGRARIA SERÁ DRAMÁTICO

Los agricultores y ganaderos han visto incrementados sus costes de producción hasta límites de todo punto inasumibles, de ahí que el número de explotaciones que cierran cada día es alarmante

Con la última subida del SMI pactada por el Gobierno de Pedro Sanchez y los sindicatos CCOO y UGT, el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado en 344 euros en los últimos cinco años, con el consiguiente incremento en las bases mínimas de cotización. A este disparado incremento de los costes salariales debemos añadir los incrementos de precios de prácticamente todos los bienes de producción (semillas, fertilizantes, abonos, piensos y por supuesto combustibles y energía). Con unos costes de producción desorbitados y sin margen de maniobra para poner precio a lo que los agricultores y ganaderos producen, la viabilidad del sector atraviesa un momento crítico y se dispara el número de explotaciones agrarias que se ven abocadas al cierre.

Según datos del INE sobre el censo agrario, hasta diciembre de 2020 el sector había perdido 75.000 explotaciones agrarias en los diez años anteriores. A estos datos debemos añadir los graves efectos que dejó la pandemia en el sector y las consecuencias de la guerra de Ucrania que han provocado volatilidad en los mercados y un incremento desmesurados de los precios de materias primas. Teniendo en cuenta todo esto y según las estimaciones de ASAJA, a día de hoy, el sector agrario ya ha superado las 80.000 explotaciones perdidas.

Por lo que respecta al empleo en el sector y según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del ministerio de Trabajo, en el último año la ocupación en el campo ha disminuido en 86.900 trabajadores, es decir un 10,34% menos. Según los datos que maneja ASAJA, solo con los efectos de la anterior subida del SMI (febrero 2022) se perdieron 25.000 empleos en el campo.

Las consecuencias de esta nueva subida están aún por ver pero podemos adelantar que va a tener una repercusión muy negativa en los convenios colectivos del campo que se están negociando a nivel provincial, ya que supone una intromisión del Gobierno en la independencia de la negociación a la que resta margen de maniobra a sus legítimos representantes (empresarios y trabajadores).

Por otra parte, ASAJA advierte al Gobierno que este tipo de subidas reiteradas pueden conllevar otras, no tan deseadas, como son las subidas en el precio de los alimentos, algo que el propio Gobierno está intentando combatir con la reciente puesta en marcha de la bajada del IVA para algunos productos básicos de la cesta de la compra.

Desde 2017, cuando el Salario Mínimo Interprofesional estaba fijado en 707,70 euros (en nuestro vecino Portugal está en 760 euros para 2023) hasta hoy que asciende a los 1.080 euros, el sector ha soportado una subida global del SMI del 52,60%, sin que se hayan arbitrado compensaciones (deducciones o bonificaciones) que alivien las cargas sociales que soportan los empresarios agrarios, como hemos reclamado desde ASAJA en reiteradas ocasiones.

ASAJA quiere dejar patente que no está en contra de que los trabajadores tengan un salario acorde a la realidad actual que vivimos, pero sí de que los empresarios agrarios soporten incremento tras incremento de los costes salariales (SMI, cotizaciones sociales, impuestos) sin ningún tipo de compensación o ayuda para afrontar los mismos.

ASAJA-ANDALUCÍA, COAG-ANDALUCÍA Y COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA NO SE OPONEN AL EXPEDIENTE SIEMPRE Y CUANDO SE EVITE LA INSCRIPCIÓN DE MÁS DE 144.000 HECTÁREAS DE OLIVAR EN EL CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ

Andalucía cuenta hoy con un envidiable “mar de olivos” gracias al trabajo, al tesón y al esfuerzo de miles de olivareros que con su trabajo diario pelean por obtener rentabilidad de un cultivo vecero, sujeto a los avatares de la climatología, del mercado y de la PAC

ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía quieren dejar claro que han apoyado desde el principio la candidatura a Patrimonio Mundial de los Paisajes del Olivar de Andalucía, siempre que se estableciera como línea roja la propiedad y que no hubiera limitaciones a la capacidad productiva del olivar protegido.

Así ha ido quedando patente en las diversas reuniones durante todos estos años, e incluso así se recogía en los documentos que se presentaron para las Adhesiones a la Declaración de los Paisajes del Olivar de Andalucía de finales del año 2017 y principios del año 2018. De hecho, en el Documento de Adhesión se indicaba que “ello además no supondrá ninguna limitación de uso o de manejos en la actividad productiva”.

Sin embargo, la última versión del expediente contradice claramente dicha afirmación, por lo que las organizaciones firmantes se ven empujadas a resolver todas las dudas surgidas tras conocer el citado documento con la única intención de salvaguardar los intereses del sector productor, principal avalista del paisaje del olivar andaluz.

En todas las reuniones que se han mantenido a lo largo de estos años no se ha hablado de nada de las limitaciones que ahora, después de siete años, se dan a conocer. Incluso las indicaciones eran en sentido contrario. No es hasta el 20 de diciembre de 2022, hace unas semanas, cuando se informa de estas restricciones, con las que tanto el derecho de propiedad como la propia libertad de empresa se verían seriamente afectados, sin que se concreten cuáles serán las supuestas ventajas para los agricultores, ganaderos y propietarios que entrañaría la declaración de Patrimonio Mundial.

Hasta el momento, se desconoce el presupuesto asignado, así como la procedencia del mismo. Además, se habla de posibles ayudas y subvenciones a los propietarios afectados, pero no se detallan ni evalúan económicamente las mismas.

Según los estudios técnicos, esta figura provocaría limitaciones y obligaciones a los agricultores, ganaderos y propietarios del territorio afectado, mientras que las ventajas no quedan nada claras. Entre las primeras, las obligaciones y restricciones, están la inclusión de la inscripción en el Registro de la Propiedad; la obligación de los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de los bienes de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos garantizando la salvaguarda de sus valores; la obligatoriedad de ejecución de obras y actuaciones de conservación; la ejecución forzosa, el derecho de tanteo y retracto, la expropiación, la potestad de inspección de la Consejería de Cultura, la evitación de la contaminación visual o perceptiva y la obligación de comunicar la realización de cualquier obra o intervención a la Consejería competente, entre otras.

Ante este nuevo marco jurídico que se presentaría para las más de 144.000 hectáreas de olivar incluidas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias plantearon, por un lado, la necesidad de una reunión técnica donde se expongan todas las consecuencias que tiene esta declaración para los olivareros afectados y, si los hay, se cuantifiquen los beneficios que puedan suponer para ellos. Y, por otro lado, que se hagan reuniones en las zonas afectadas para que sean los propios olivareros los que conozcan las consecuencias de primera mano y se manifiesten al respecto, ya que la caracterización de estos olivares no sólo afectará a la provincia de Jaén, sino también a zonas de Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz.

Las organizaciones agrarias firmantes no se opondrán, por tanto, a la candidatura a Patrimonio Mundial de los Paisajes del Olivar de Andalucía, siempre y cuando no conlleve la inclusión de 144.000 hectáreas de olivar en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Debe tenerse en cuenta que las citadas plantaciones olivareras son en primer lugar, y antes que cualquier otra cosa, explotaciones agrarias, cuya buena gestión privada por parte de sus agricultores no sólo permite su supervivencia, sino que además constituye la base de la economía de todo un sector agroalimentario que es a su vez la principal fuente de riqueza y empleo de más de 400 municipios de Andalucía.

En este sentido, las organizaciones consideran innecesario imponer restricciones y limitaciones a un sector productivo como el olivar para favorecer los intereses de otros sectores como el turístico, y menos bajo el pretexto de conservar un paisaje y una cultura por la que ya velan sus legítimos propietarios en virtud de su función primera y esencial, la obtención de la aceituna de la mejor calidad para la producción de aceite o para su transformación en aceituna de mesa.

Si Andalucía cuenta hoy con un envidiable “mar de olivos” es gracias al trabajo, al tesón y al esfuerzo de miles de olivareros que con su trabajo diario pelean por obtener rentabilidad de un cultivo vecero, sujeto a los avatares de la climatología, del mercado y de la PAC. Un sector que precisa mejorar las condiciones productivas, las infraestructuras -especialmente las hidráulicas-, la conectividad y todas aquellas cuestiones que redundan en la rentabilidad del cultivo y en la sostenibilidad del medio rural, desde el punto de vista económico, social y también medioambiental.

ASAJA y REPSOL han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar proyectos que tienen como eje central la economía circular para mejorar la sostenibilidad del campo. Ambas organizaciones compartirán su conocimiento y capacidades para buscar soluciones que mejoren la gestión de subproductos de la agricultura y la actividad ganadera en entornos rurales y poco poblados, donde la logística puede suponer una gran dificultad. Repsol analizará el potencial de estos residuos y subproductos como nueva materia prima para la fabricación de combustibles renovables y materiales circulares en sus complejos industriales.

Otra de las líneas de trabajo contempla la reutilización de subproductos procedentes de la industria del refino como fertilizantes en suelos agrícolas para incrementar su rendimiento y productividad.

Con estos proyectos ambas entidades promoverán la creación de nuevas cadenas de valor locales que inducen el empleo en esas zonas rurales y afectadas por la despoblación.

Para Repsol, la economía circular es una herramienta clave en su programa de transformación industrial que permite fabricar productos de alto valor añadido y con menor huella de carbono a partir de residuos de distinta naturaleza. Repsol está analizando más de 40 tipos de residuos y tecnologías para asegurar la producción de biocombustibles avanzados y materiales petroquímicos circulares con el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en el 2050.

ASAJA, que representa a más de 200.000 agricultores y ganaderos hace esta apuesta de futuro para que sus afiliados puedan beneficiarse de los proyectos de economía circular y aprovechamiento de residuos agrícolas y ganaderos para la producción de biometano y otros combustibles renovables, mejorando el valor de los subproductos y residuos agrarios.

Este acuerdo afianza la relación entre ASAJA y REPSOL y certifica el compromiso de ambas entidades con la transición energética y un desarrollo económico sostenible.