ASAJA ha solicitado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que promueva, en su calidad de presidente del Consejo Agrícola de la UE, una prórroga de las derogaciones excepcionales de condicionalidad para la campaña agrícola 2023-2024, dada la crítica situación que atraviesa el campo como consecuencia de la sequía padecida, la guerra de Ucrania, y unos costes de producción y una carestía de determinados inputs que son iguales, sino peores, que en la campaña anterior.

Ya en 2022 la Comisión Europea aceptó una prórroga para la campaña 2023 de las derogaciones excepcionales acordadas en materia de condicionalidad sobre rotación de cultivos y mantenimiento de barbechos a instancias de una serie de países miembros de la UE, entre ellos España. El motivo de dicha flexibilización era la situación de graves dificultades que atravesaban los productores europeos.

En estos momentos, las condiciones en las que se encuentra el campo, lejos de mejorar, han empeorado. En reiteradas ocasiones ASAJA ha dado la voz de alarma sobre la crítica situación que atraviesa la agricultura en esta campaña que se inicia y la necesidad de ampliar estas medidas excepcionales a la PAC para 2024 ya que la sequía padecida, la guerra de Ucrania, los costes de producción o la escasez de determinados inputs son iguales, sino peores, que la campaña anterior.

Esta situación no afecta solo a España, sino que es generalizada en buena parte de Europa por lo que varios países miembro van a solicitar a la Comisión la prórroga de estas derogaciones, que de concederse son de aplicación voluntaria en cada Estado miembro. En opinión de ASAJA, urge saber con la mayor celeridad posible si estas derogaciones son autorizadas ya que estamos en plena planificación de campaña y los agricultores deben tomar decisiones de siembra.

Por ello, ASAJA, insta al ministro Planas a que en el próximo Consejo Agrícola de los días 18 y 19 de septiembre se ponga del lado del conjunto de los agricultores y ganaderos europeos y atienda la petición de ASAJA, del COPA-COGECA y de las delegaciones europeas que lo han solicitado para lograr que tanto el Comisario de Agricultura (reticente a la prorroga) como la propia Comisión recapaciten y adopten las medidas oportunas de flexibilización y mejora de las condiciones de producción que permitan aliviar la situación por la que pasa el campo, en unos momentos tan complicados.

Miles de agricultores y ganaderos claman en Córdoba el cese de los ataques al campo español y un cambio de rumbo en la política agraria europea que garantice el sistema alimentario

Convocados por las organizaciones ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, agricultores, ganaderos y cooperativistas llegados de toda España han alzado su voz en defensa del modelo social y profesional de la agricultura, amenazado por las políticas de la UE

Más de 6.000 agricultores, ganaderos y cooperativistas llegados de toda España se han sumado esta mañana al acto de protesta convocado por ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en la Puerta del Puente de Córdoba. Hasta allí han llevado el malestar de todo el campo español, aprovechando la celebración de la reunión de ministros de Agricultura europeos, que desde el pasado domingo se ha venido celebrando en Córdoba dentro del marco de la presidencia española de la Unión Europea este semestre.

Bajo el lema “Los agricultores y ganaderos, hartos de los ataques al sector”, el campo ha dejado claro su rechazo al menosprecio que se viene haciendo desde Bruselas y a la desidia y entrega a ciertos lobbies que actúan contra el mundo rural.

Con esta multitudinaria protesta, que puede ser sólo la primera de otras movilizaciones si no cambia el rumbo que ha tomado la política agraria europea, el sector agrario, representado por las organizaciones ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, ha exigido la defensa del modelo social y profesional de agricultura, amenazado por las políticas de la UE, así como soluciones políticas coherentes en materia de cambio climático y seguridad alimentaria, y como respuesta al debilitamiento de la agricultura y la ganadería andaluzas a consecuencia del encarecimiento de los costes de producción, la sequía, la falta de rentabilidad y la creciente competencia desleal de terceros países. Una suma de factores que pone en jaque la soberanía alimentaria de la agricultura andaluza y el futuro de la principal región agraria española.

El sector agrario de Andalucía, representado por las organizaciones ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, se concentrarán el 5 de septiembre en Córdoba, en defensa del modelo social y profesional de agricultura, amenazado por las políticas de la UE, y para exigir soluciones políticas coherentes en materia de cambio climático y seguridad alimentaria, y como respuesta al debilitamiento de la agricultura y la ganadería andaluzas a consecuencia del encarecimiento de los costes de producción, la sequía, la falta de rentabilidad y la creciente competencia desleal de terceros países. Una suma de factores que pone en jaque la soberanía alimentaria de la agricultura andaluza y el futuro de la principal región agraria española.

El campo andaluz aprovechará la celebración de la reunión de los ministros de Agricultura europeos, que contará con la asistencia del comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, y dentro del marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, para reclamar un cambio en los planteamientos comunitarios que permita proteger el tejido productivo andaluz -y el europeo-, así como la seguridad alimentaria del conjunto de la ciudadanía.

El sector agroalimentario andaluz acumula dos años de estrechos márgenes como consecuencia del encarecimiento de los inputs, que se ha visto agravado por la guerra en Ucrania. El incremento del precio de fertilizantes, fitosanitarios, plásticos, gasoil o electricidad, entre otros inputs, provocó un aumento de los costes de producción superior al 35% en 2022, según datos de Eurostat. Si bien este ascenso se tradujo en un incremento del valor de los alimentos en su origen (por encima del 25%), la realidad es que agricultores y ganaderos continúan trabajando en una situación ruinosa, que ha empujado a muchos de ellos a abandonar sus explotaciones.

Por otro lado, la sequía persistente desde el año 2017 está provocando una caída de la productividad del campo andaluz ante la ausencia de una política hidrológica adecuada a la situación climática.

La pérdida de cosecha por la falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas es especialmente preocupante en sectores como el aceite de oliva, que en un solo ejercicio llegó a disminuir su producción en un 49% -al pasar de los 1.151 millones de toneladas molturados en la campaña 2021-2022 a las 587.000 toneladas, en la 2022-2023-. O en sectores como el de los cereales, en el que se estima una pérdida del 52% de la cosecha, y la ganadería, donde se han disparado especialmente los costes de producción ante la falta de pastos para alimentar a los animales y el encarecimiento de las materias primas por el conflicto bélico.

En este contexto, mientras el sector productor busca la fórmula para mantener la rentabilidad de sus explotaciones, agricultores y ganaderos asisten indefensos a una entrada indiscriminada de alimentos procedentes de países terceros, con normativas medioambientales y laborales más laxas a las que están sujetos los productores europeos. Una llegada de productos que viene, además acompañada de sucesivas alertas sanitarias, encontrándose ya en el canal de comercialización alimentos que no cumplen las normas de seguridad europeas y que son consumidos inevitablemente por la población debido a unos sistemas de control deficitarios.

Por ello, el campo andaluz pide a los ministros europeos de Agricultura un trato igualitario para producciones europeas y de terceros países. En concreto, demanda a los representantes que sean coherentes con sus normas del juego e intensifiquen los controles en frontera para garantizar la entrada de alimentos producidos bajo las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y de calidad a las que están sometidos agricultores y ganaderos comunitarios, requisitos que, sin embargo, son totalmente etéreos en un mercado globalizado, señalan las organizaciones convocantes.

Asimismo, recuerdan que la inestabilidad en la que se encuentra el sector agroalimentario andaluz se ve agravada con el nuevo marco normativo de la Política Agraria Común (PAC), forzando un proceso de desestructuración para el que el sistema agrícola no está preparado. Así, las teorías verdes de la ‘De la granja a la mesa’ o la reducción de fitosanitarios y materias activas priman sobre los criterios productivos. Se trata de unas políticas que se aprobaron a espaldas de la principal región productora del territorio español, restando, de esta forma, recursos económicos al campo andaluz, e incrementando la burocracia -en contra de las demandas del sector-, lo que ha supuesto un mayor coste económico y emocional para agricultores y ganaderos.

Ante esta realidad, las organizaciones agrarias y las cooperativas lamentan también que la ausencia de una política hidrológica nacional con criterios técnicos y dotada de presupuesto suficiente para modernizar la red de suministro ponga en jaque un sector que aporta cerca del 10% del Producto Interior Bruto del país.

Por todo ello, y ante la situación de desamparo del campo andaluz, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía convocan a agricultores y ganaderos el próximo martes, 5 de septiembre, en la Plaza del Triunfo de Córdoba, a partir de las 11:00 horas, para reclamar a los mandatarios europeos un viraje en las políticas agrarias y exigirles que la alimentación, procurada por nuestro sistema productivo, construido sobre la seguridad y la calidad, se convierta en una cuestión de máxima prioridad para la Unión Europea.

ASAJA acoge con preocupación la reciente aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza por un ajustado margen (324 votos a favor y 312 en contra) en el pleno del Parlamento Europeo (PE), que se celebró el pasado miércoles 12 de julio en Estrasburgo. Reconocemos la importancia de preservar y proteger nuestro entorno natural, y nos mantenemos comprometidos con la restauración de la naturaleza en armonía con la actividad agrícola. Sin embargo, tenemos discrepancias significativas con respecto a esta ley específica y sus implicaciones para los agricultores españoles y europeos.

Los tres rechazos a esta ley en los comités del Parlamento Europeo que tienen competencias sobre el sector primario ya muestra hasta qué punto el planteamiento de la Comisión Europea ha sido divisivo, punitivo e ideológico. Así pues, la oposición a esta ley radica en la falta de equilibrio y flexibilidad en las medidas propuestas. Creemos firmemente que la restauración de la naturaleza debe tener en cuenta las particularidades de cada región y las diferentes prácticas agrícolas que se emplean en Europa.

Es importante recordar que los agricultores no estamos en contra de la restauración de la naturaleza, como se ha estado acusando desde determinados grupos y organizaciones. Somos conscientes de nuestro papel como defensores de la tierra y reconocemos la necesidad de adoptar prácticas agrícolas sostenibles que promuevan la biodiversidad y la conservación de nuestros ecosistemas. Sin embargo, consideramos que, a pesar de las enmiendas, esta ley sigue estando fundamentalmente mal preparada y seguirá siendo inaplicable para los agricultores y propietarios forestales.

Igualmente, un aspecto alarmante de esta propuesta es que carece de presupuesto, por lo que no debemos permitir que financiación de la restauración de la naturaleza venga del ya maltrecho fondo de la PAC, sobrecargado por la incertidumbre de la guerra en Ucrania, la inflación y los altos costes de materias primas y energía, así como las condiciones climáticas adversas.

En ASAJA estamos comprometidos con la búsqueda de soluciones que reconcilien la restauración de la naturaleza y las necesidades de los agricultores. Abogamos por un enfoque basado en la colaboración y el diálogo entre las instituciones europeas, los agricultores y otros actores relevantes. Asimismo, creemos que es posible encontrar soluciones equilibradas y realistas que fomenten la coexistencia armoniosa entre la agricultura y el medio ambiente.

De este modo, ASAJA y el resto de miembros de Copa-Cogeca permaneceremos vigilantes en torno a las negociaciones en los Trílogos (PE, Consejo y CE) durante los próximos meses, asegurándonos de que se respete la subsidiariedad y la inclusión activa de los agricultores en la toma de decisiones que afecten directamente a nuestro sector.

Por último, queremos trasladar nuestro agradecimiento a aquellos miembros del Parlamento Europeo que han expresado su apoyo a los agricultores y han reconocido nuestras preocupaciones.

La Junta Directiva de ASAJA reclama a la Unión Europea concienciación y soluciones ante el grave problema de falta de agua que afecta de forma grave a nuestro país, pero también a países del arco mediterráneo como Francia, Italia y Grecia, e incluso a parte de Alemania o Países Bajos. Cree que es el momento de adoptar medidas para preservar y mejorar los recursos hídricos de la UE e invertir fondos europeos en infraestructura que optimicen la acumulación de agua y aprovechen las escasas reservas y ha instado a la ministra Ribera, que ha presidido el Consejo Informal de ministros de Agricultura celebrado el 10 de julio en Valladolid, a que actúe con responsabilidad y lidere esta iniciativa.

Según los datos del Observatorio Europeo de la Sequía, en más de la cuarta parte del territorio de la UE se dan condiciones de alerta por sequía, mientras que el ocho por ciento se encuentra ya en estado de alerta. La falta de lluvias y las altas temperaturas en el sur de Europa nos abocan a un cambio urgente en las políticas sobre gestión hídrica y mejora de los recursos, afectados estos últimos por varios años de sequía en la UE y condicionados en el futuro cercano por los efectos del cambio climático. Es necesario, por tanto, actuar de forma valiente y decidida, con una política común de anticipación, en vez de tener que habilitar, año tras año, ayudas destinadas a paliar los efectos de la sequía en las producciones.

ASAJA pide que se deje de señalar a la agricultura como la gran consumidora de agua y como la culpable de cambio climático y se tome conciencia de un problema que cada vez afecta a más países comunitarios y por tanto se inviertan fondos comunitarios en infraestructuras hidráulicas de acumulación de agua (embalses, recarga de acuíferos..) y en regadíos que crean riqueza, fijan población y garantizan alimentos sanos, seguros y asequibles para la población.

Por otra parte, ASAJA insta a los responsables de Medio Ambiente de la UE a que a que escuchen a los agricultores en su firme rechazo de la Ley de Transformación de la Naturaleza y actúen en consecuencia ya que la propuesta, en sus términos actuales, va en contra de todo el sector primario y del mundo rural y por tanto es necesaria una nueva redacción que respete los intereses de todos.

Creación de un ministerio que aglutine competencias en agricultura, agua, medioambiente, transición ecológica y desarrollo rural.

De cara a los comicios que se celebrarán el próximo 23 de julio, ASAJA ha elaborado un documento reivindicativo, dirigido a los partidos políticos, compuesto por las principales demandas que esta Organización entiende que son esenciales para que el sector agrario siga siendo un sector estratégico de nuestra económica y prioritario para la sociedad.

Como planteamiento de partida, consideramos básico integrar de manera transversal y en paralelo las cuestiones agraria y rural en prácticamente todas las políticas públicas. Al tiempo que es necesario crear un ministerio que aglutine las competencias de agricultura, agua, medioambiente, transición ecológica y desarrollo rural. Igualmente es preciso intensificar la coordinación de éste ministerio con los de Economía, Hacienda, Trabajo, Seguridad Social, etc. para garantizar una protección y promoción adecuadas e integrales del sector agrario y del medio rural.

12 REIVINDICACIONES ESENCIALES

1.- Reconocimiento del valor de la profesión de agricultor y ganadero y concienciación del papel estratégico y esencial desempeñado por el sector agrario para garantizar la seguridad alimentaria.
La agricultura garantiza el abastecimiento de alimentos sanos y seguros a precios razonables, es fuente de equilibrio y de riqueza en los pueblos y ocupa un papel primordial en el Desarrollo Rural y en la protección y conservación del Medio Ambiente y la biodiversidad.

2.- La sostenibilidad económica, social y medioambiental del medio rural está ligada a la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrarias, así como al desarrollo de su potencial innovador.
Son necesarios apoyos e instrumentos que aseguren esa rentabilidad, y en particular que garanticen precios justos en origen, así como la aplicación de medidas de contención de costes de producción y compensatorias de las subidas desmesuradas de los últimos años. Asimismo, es imprescindible la simplificación normativa que afecta al sector, la reducción de cargas burocráticas y la agilización en la distribución de las ayudas.

3.- Apoyo reforzado a los jóvenes y las mujeres, garantes del relevo generacional en el sector.
Son ellos el soporte del campo y del medio rural y por ello hay que fomentar su incorporación a la agricultura, reforzando los apoyos y las ayudas y simplificando y agilizando el pago de las mismas.

Igualmente, para combatir el despoblamiento y dinamizar las economías rurales, es apremiante dotar a nuestros pueblos de infraestructuras y servicios de calidad destinados a la población rural.

4.- Garantizar una cadena alimentaria resistente, transparente y más justa para los agricultores.
Hay que empoderar al sector agrario en el marco de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, ya que actualmente se encuentra relegado frente al peso de la industria y la distribución. Por tanto, es imprescindible intensificar las exigencias de transparencia y que se activen los controles para asegurar la regularidad y el carácter equitativo en el proceso de determinación de costes de producción y de formación de precios. Para ello, la labor de la AICA y del Observatorio de Precios debe reforzarse.

5.- Presupuesto suficiente para la PAC.
Es necesario dotarse de un ambicioso presupuesto agrícola en la Unión Europea, acorde con las necesidades apremiantes del sector agrario y que posibilite el cumplimiento de los compromisos comunitarios e internaciones que le conciernen.

6.- Una fiscalidad acorde con las necesidades del campo.
El régimen fiscal aplicable a la actividad agraria juega un papel esencial para atraer y mantener a los profesionales que lo sustentan. Por ello es básico el mantenimiento del Sistema de Módulos y del Régimen Especial Agrario del IVA; el estímulo fiscal para agricultores y ganaderos en Estimación Directa, para la incorporación de mujeres y jóvenes y para quienes residan en el medio rural; la reducción de todos los impuestos indirectos que afectan a agricultores y ganaderos; la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de Patrimonio y de las plusvalías municipales en el ámbito rural y la implantación definitiva de la doble tarifa eléctrica para el regadío.

7.- Una política laboral y de Seguridad Social alineada con las necesidades del campo y la singularidad del empleo rural.
Con las siguientes líneas: sistema compensatorio para frenar el inasumible incremento de los costes sociales (subida del SMI y cotizaciones); medidas para solventar la falta de mano de obra en el campo; adaptación de los tipos del contrato, abriendo paso a la contratación temporal eventual y a la contratación a tiempo parcial en términos acordes con la singularidad del campo; simplificación de la gestión de campañas; apoyo económico e institucional en acciones informativas y formativas para la implicación de los trabajadores en el proceso de transición digital, eco-ambiental y preventivo; giro en la orientación de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y mejora de la protección social de los trabajadores autónomos agrarios.

8.- Reforma del modelo vigente de Seguros Agrarios.
Es necesaria una revisión a fondo del actual sistema de Seguros Agrarios, en especial de determinadas líneas de contratación que no funcionan.

9.- Vertebración hídrica de nuestro país e infraestructuras urgentes.
Necesitamos una política hidráulica que asegure la disponibilidad y gestión sostenible del agua. Debe garantizarse la “seguridad hídrica”, sin hacer de la misma un uso partidista. Es preciso definir y poner en marcha un Plan Hidrológico Nacional y un Plan Nacional de regadíos valiente, apoyados en la innovación y en la optimización de los recursos, lo que requiere con urgencia la inversión apropiada.

10.- Una política de protección de especies equilibrada.
La protección de especies en peligro de extinción debe ser razonable y equilibrada, sin comprometer la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones ganaderas y cinegéticas.

11.- Promoción de nuestros productos dentro y fuera de la UE, poniendo en valor su singular calidad y defendiendo la imagen de la agricultura española.
España, como potencia agroexportadora de primer orden y referencia en los mercados mundiales, debe intensificar la promoción de nuestros productos poniendo en valor su singular calidad y los métodos de producción sostenible. En paralelo, deben reforzarse los controles en frontera de las importaciones.

12.- Priorizar la cuestión rural en las políticas públicas.
Es imprescindible una defensa expresa y clara de los valores del mundo rural, del patrimonio histórico-cultural y sus tradiciones. Por ello se deben impulsar políticas de apoyo a la caza, el mundo del toro y la tauromaquia y las tradiciones populares. Es necesario potenciar un medio rural vivo (mantener la actividad económica y asegurar niveles aceptables de calidad de vida la población rural) para atajar el acuciante problema del despoblamiento. Para ello, se deben implementar planes de mejora de infraestructuras y servicios (conectividad digital, carreteras, viviendas, sanidad…) así como apoyo a inversiones para instalación de empresas e industrias no agrarias y a proyectos innovadores que refuercen la esencial aportación del sector agrario.

A diez días del comienzo de la presidencia española del Consejo de la UE, el Gobierno de España ha presentado las que serán sus prioridades para los próximos seis meses, en los que nuestro país pasará a liderar la agenda europea. Sin embargo, no menciona nada en materia de agricultura.

Los agricultores españoles y europeos se encuentran en una situación alarmante, donde la Comisión Europea propone regulaciones demasiado ambiciosas que no tienen en cuenta la realidad socioeconómica y climática que existe en el campo. En este sentido, desde ASAJA reclamamos la colaboración del Gobierno de España, en concreto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), para que durante la presidencia del Consejo haga suyas las siguientes prioridades:

Agricultura:

-Mejorar la propuesta legislativa para las Nuevas Técnicas de Edición Genética (NGTs) para que se consideren fuera de la reglamentación de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y que tanto la mutagénesis como la cisgénesis queden catalogadas como “no OGM”. Ante unas condiciones climáticas cada vez más adversas, resultan necesarias variedades más resistentes a la sequía y a las plagas.

-Paralizar la legislación del Reglamento de Uso de Fitosanitarios (SUR) y la Ley de la Restauración de la Naturaleza (LRN), ya que resulta ilusorio pretender eliminar el uso de fitosanitarios en un 50% y reducir la superficie cultivable, a costa de la PAC, a la vez que querer garantizar la seguridad alimentaria en la Unión Europea sin acudir a importaciones de países que en ningún caso cumplen con estas medidas.

-Proponer la ampliación del presupuesto de la PAC en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP). El sector agrario necesita de inversiones para fomentar planes imprescindibles como la modernización de los regadíos. Además, pedimos que España lidere una petición para incrementar exponencialmente la reserva de crisis para hacer frente a problemas exógenos al sector agropecuario (guerra de Ucrania, inflación, costes de producción y sequía).

-Crear un sistema privado y voluntario que genere créditos de carbono que sirva como un ingreso extra para agricultores y ganaderos, además de mitigar las emisiones de industrias contaminantes.

-Propuesta de creación de un organismo europeo que asegure el control en fronteras, en coordinación con los Estados miembros, con el objetivo de impedir la entrada de posibles plagas fitosanitarias a la UE.

-Reclamamos el reconocimiento del papel que juegan los agricultores en el desarrollo rural y la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el paisaje.

Ganadería:

-Abogar por el statu quo para la Directiva de Usos Industriales (IED) para que no se compare el sector agropecuario con industrias pesadas, como la automovilística o la ferretera.

-Ponderar las propuestas que se publicarán en otoño sobre bienestar animal con respecto a las buenas prácticas en granjas, transporte, matadero y etiquetado. En este sentido, el fin de las jaulas significaría la ampliación de la superficie de las granjas para que los ganaderos no perdieran rentabilidad. Sin embargo, esto chocaría frontalmente con la Ley de Restauración de la Naturaleza, que defiende la reducción de superficie agraria.

Asimismo, no continuar con etiquetados obligatorios que vayan más allá de lo que exige la legislación, ni volver a mataderos de cercanía como imposición, ante la inseguridad jurídica que provoca. En este sentido, tampoco se deben permitir las restricciones para el transporte de animales vivos por vía marítima debido a la importancia de nuestro comercio con los países, por condiciones de calor en horas máximas al ser país de periferia y en el norte de África.

-Paralizar de forma inmediata el Acuerdo Comercial del MERCOSUR por la imposibilidad de competir con los mismos estándares y no facilitar más acceso a Nueva Zelanda a nuestros mercados para la venta de carne (en especial ovino y caprino).

-Proponer la modificación de los anexos de la Directiva Hábitat para declarar al lobo como especie cinegética a nivel europeo.

-Modificar la normativa de la tuberculosis para zonas que tendrán que convivir con esta enfermedad de forma continua por imposibilidad de erradicarla.

-Propuesta de creación de un organismo europeo que asegure el control en fronteras, en coordinación con los Estados miembros con el objetivo de impedir la entrada de posibles enfermedades animales a la UE.

-Reclamamos el reconocimiento del papel que juegan los ganaderos en el desarrollo rural y la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el paisaje.

La Mesa Nacional de Frutos Secos, formada por las asociaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA, por Cooperativas Agroalimentarias de España y la Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarrobas ( AEOFRUSE), ha estimado en 120.633 toneladas la producción de almendra grano para la campaña 2023, tras la caída récord de la pasada campaña debido a las inclemencias meteorológicas en las zonas de producción. La estimación en esta campaña se sitúa un 49% por encima de la media de los últimos tres años.

Los plásticos sintéticos derivados del petróleo se han convertido en una parte fundamental de nuestra sociedad debido a su durabilidad y versatilidad, desplazando así a los productos naturales en una amplia gama de sectores industriales, especialmente en la alimentación y la agricultura.

El uso de estos polímeros sintéticos derivados del petróleo ha experimentado un aumento exponencial, alcanzando las 370 millones de toneladas anuales en Europa en 2016, con una previsión de 800 millones de toneladas anuales para 2040.

Esta alta producción ha dado lugar a la generación de grandes cantidades de residuos plásticos altamente resistentes a la biodegradación, principalmente debido a su estructura molecular compuesta por largas cadenas de carbono.

La creciente contaminación por microplásticos y plásticos filmados se ha convertido en un problema cada vez más preocupante debido a su pequeño tamaño, lo que facilita su ingestión por una amplia gama de organismos y su posterior acumulación en las cadenas alimentarias. La falta de métodos eficientes de reciclaje de plásticos ha llevado a una acumulación significativa de estos residuos en el medio ambiente, generando una preocupación emergente para la salud humana y los ecosistemas naturales.

El proyecto RECOVER aborda este desafío mediante el desarrollo de estrategias sostenibles para reducir la contaminación plástica. En particular, el enfoque se centra en la búsqueda de herramientas biológicas que permitan la degradación y transformación eficiente de los plásticos, evitando así su acumulación perjudicial en el medio ambiente.

Según investigaciones recientes, el uso de consorcios microbianos ha demostrado mejorar la biodegradación de plásticos. En este sentido, una de las líneas de trabajo pioneras del proyecto RECOVER se enfoca en la obtención de consorcios microbianos capaces de degradar el polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), un tipo de plástico que ha sido escasamente estudiado en términos de biodegradación. Esto se logra mediante la selección inducida y la proliferación de microorganismos degradadores de plástico en microcosmos contaminados artificialmente, como muestras de suelo donde se entierra el LLDPE.

El equipo de investigación ha centrado sus esfuerzos en la selección y caracterización de un consorcio microbiano estable de degradación de plásticos a partir de microcosmos de suelo contaminados con plásticos. Además, se ha verificado la eficiencia de degradación del plástico por parte de los miembros del consorcio, así como su identificación molecular y perfiles enzimáticos relacionados con la degradación de plásticos recalcitrantes.

La estrategia utilizada ha demostrado ser altamente efectiva en la obtención de consorcios microbianos estables capaces de degradar LLDPE. El protocolo de enriquecimiento secuencial y selectivo a partir de microcosmos contaminados artificialmente se ha propuesto como una técnica excelente para obtener consorcios microbianos capaces de crecer a expensas de LLDPE en forma de película o polvo.

Además, los resultados han revelado que el plástico en polvo favorece el crecimiento microbiano en comparación con su forma de película. Estos hallazgos abren nuevas perspectivas para abordar la biodegradación de plásticos cristalinos como el polietileno y contribuyen al conocimiento científico en este campo crucial.

Sobre Recover

El proyecto RECOVER tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras a los desafíos planteados por los residuos plásticos agroalimentarios, estableciendo así una nueva conexión transversal en la bioeconomía que abarca la gestión de residuos y la biotecnología. Además, se espera que este proyecto tenga un impacto ambiental positivo al disminuir la generación y dispersión de plásticos, reducir la cantidad de plástico enterrado en vertederos o incinerado, y minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas.

El proyecto RECOVER, una colaboración multidisciplinar compuesta por 17 socios, comenzó el 1 de junio de 2020 y tendrá una duración de cuatro años. Este proyecto ha recibido financiamiento de la Empresa Común de Industrias de Base Biológica en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (acuerdo de subvención n.º 887648).

La Junta Directiva de ASAJA, reunida hoy en Madrid en sesión ordinaria, ha decidido pedir la dimisión de la vicepresidenta tercera del Gobierno por sus mensajes alentando al boicot de las fresas de Huelva. Una vez más, un destacado miembro del equipo de Gobierno de Pedro Sanchez infringe un duro e injustificado ataque al sector agrario de nuestro país y el propio presidente sorprende sumándose a la campaña de desprestigio.

Resulta inaudito que desde el propio Gobierno de la Nación se esté continuamente lanzando mensajes en contra de un sector económico de vital importancia como es el sector agrario español. La primera obligación de un gobernante es estar al lado de los ciudadanos que representa y salvaguardar y defender sus intereses. Esta ha sido la última agresión de este Gobierno que, recordemos, no duda en desprestigiar el trabajo de los agricultores y ganaderos españoles, siempre que tiene oportunidad.

Digno de mención es el ataque a los ganaderos de este país que protagonizó el ministro de Sanidad, Alberto Garzón, en un medio británico como The Guardian al asegurar que España exporta “carne de mala calidad”. Celebres también resultaron las palabras de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que en una circular remitida a los inspectores de trabajo les instaba a que buscaran casos de “explotación laboral” o incluso “esclavitud” entre los empresarios agrarios.

Ahora es la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, la que apoya una campaña ciudadana germana para que los supermercados de Alemania no vendan fresas de Huelva. Este apoyo de la vicepresidenta al boicot de productos españoles es de todo punto inadmisible y constituye una clara agresión hacia miles de productores y sus familias que trabajan duro todo el año para sacar adelante sus explotaciones, generar riqueza y contribuir al desarrollo de las exportaciones del país.

El sector productor de fresa y otros frutos rojos contribuye a las exportaciones del sector agroalimentario con cerca de 600 millones de euros anuales y da trabajo, de manera directa, a 100.000 personas. Estas producciones de frutos rojos de Huelva están reconocidas a nivel mundial y garantizadas como fruta de calidad, segura y saludable que se produce de forma sostenible, con las técnicas más eficientes y de máximo aprovechamiento de riego, reducción de plásticos y conservación del medio ambiente.

Desde ASAJA instamos al presidente del Gobierno y a todo su gabinete a que no utilicen al sector agrario como arma arrojadiza en la confrontación política y se abstengan de infringir más perjuicios a los productores. Las consecuencias de este tipo de declaraciones pueden ser desastrosas para un sector que pasa por momentos de graves dificultades e incertidumbres (sequía, inestabilidad de los mercados, falta de rentabilidad de las explotaciones, bajos precios en origen, altos costes de producción y normativas lesivas).

La Sectorial de Cereales de ASAJA, reunida en Madrid, ha analizado los datos una vez comenzada la recolección, adelantada en muchas zonas como consecuencia de la sequía. Se estima que la cosecha de cereales de invierno de este año sufrirá una reducción del 65% es decir, 9,4 millones de toneladas menos respecto a los datos del pasado año. Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias durante los meses de febrero a mayo han dado al traste con unas expectativas de cosecha que se consideraban normales al inicio de la campaña. Esto resulta especialmente preocupante para un país como el nuestro, deficitario en grano.

Según los cálculos de ASAJA, la cosecha de cereales se verá reducida en un 65% respecto a 2022. Por cultivos, se espera una producción de 2,12 millones de toneladas en trigo blando; 216.000 toneladas en trigo duro; 2,41 millones de toneladas en cebada; 123.000 toneladas de avena; 31.000 toneladas de centeno y 103.000 toneladas de triticale. Los recortes en los rendimientos son generalizados en la práctica totalidad de la superficie cerealista nacional.

Además de la sequía, otro de los principales problemas que han tenido los productores durante esta campaña han sido los altos costes de producción como consecuencia del encarecimiento de los precios de la energía, las semillas, los abonos y los productos fitosanitarios. Hay que recordar que la mayoría de las compras de insumos se realizaron en verano y otoño de 2022. Todo ello, ha elevado considerablemente los costes de producción hasta cotas nunca vistas.

A los daños provocados por el calor y la falta de lluvias hay que añadir, cuantiosos daños registrados como consecuencia de la fauna silvestre, conejos fundamentalmente, aunque también corzos, jabalíes y palomas que han diezmado la cosecha y que están provocando el abandono del cultivo cerealista en algunas zonas.

Otro problema detectado, un año más, por esta sectorial es el aumento de plagas y enfermedades en estos cultivos de invierno, que no pueden atajarse con el uso de productos fitosanitarios, por la paulatina retirada de estas materias activas, y la prohibición de la quema controlada de rastrojos. Por ello, ASAJA reitera la imperiosa necesidad de que se autorice por parte de la Administración la quema controlada, como única medida efectiva de control de plagas.

Al mismo tiempo también se han reivindicado ayudas adicionales a todas las administraciones. En los últimos meses los agricultores de países del Este de la UE han conseguido 130 millones de euros adicionales del presupuesto comunitario para compensar la entrada masiva de grano procedente de Ucrania. España, como segundo mayor destinatario de los granos exportados de Ucrania, entendemos que también debería recibir compensaciones similares de la Unión Europea ya que la entrada masiva del grano ucraniano en nuestro país ha provocado un hundimiento importante en las cotizaciones de nuestros cereales.

Asimismo, ASAJA entiende que las limitaciones y prohibiciones que impone la nueva PAC van en contra de las necesidades que tiene España para satisfacer su demanda. Además, igual que nuestras producciones pasan rigurosos controles para su exportación, pedimos la misma reciprocidad con las importaciones.

ASAJA recuerda, tanto a las autoridades nacionales como europeas, que España necesita anualmente más de 36 millones de toneladas de cereales para atender nuestras necesidades de consumo (humano y animal) y que por tanto es necesaria una apuesta decidida y con dotación económica suficiente para rebajar nuestra dependencia exterior de grano y evitar posibles desabastecimientos, máxime si tenemos en cuenta la situación de instabilidad de los mercados internacionales en estos momentos.

Por último, la sectorial de cereales hace un llamamiento a que se priorice la utilización de cereal nacional, por su buena calidad, ayudando así a los cerealistas, así como minimizar la huella de carbono.

La Acequia Gorda del Genil y ASAJA GRANADA, mediante una mesa informativa instalada en la Fuente de las Batallas donde se han recogido más de quinientas firmas, han vuelto a reclamar al organismo de cuenca la autorización para el riego de 3.000 has de cultivos de la Vega de Granada (almendro, olivar, frutales, alfalfa y chopos) con aguas regeneradas cloradas, así como la ejecución del sistema terciario de desinfección en las plantas depuradoras EDAR Sur-Churriana y EDAR Oeste-Los Vados para el riego del resto de cultivos (cebollas, patatas, espárragos, ajos, etc.) hasta abarcar las 10.000 has. Seguirán con la campaña de denuncia con sucesivas acciones hasta que se encuentre una solución a sus reivindicaciones, no solo para beneficio de los propios regantes, sino de toda la ciudad y su área metropolitana. “Si la Vega se seca perdemos todos”.

Los ciudadanos de Granada se han acercado en gran número a la mesa informativa instalada por la Acequia Gorda del Genil y ASAJA GRANADA, en la Fuente de las Batallas, para interesarse y adherirse con sus firmas (más de quinientas) a la reclamación (CHG) de los regantes de la Vega para que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) les autorice el riego de 3.000 has de cultivos de almendro, olivar, frutales, alfalfa y chopos con aguas regeneradas cloradas procedentes de la EDAR Sur-Churriana y EDAR Oeste-Los Vados, y, asimismo, para exigir la ejecución del sistema terciario de desinfección en las plantas depuradoras para el riego del resto de cultivos en verde (cebollas, patatas, espárragos, ajos, etc. ) hasta abarcar las 10.000 has.

El lema “Si la Vega se seca perdemos todos” encabeza esta campaña de denuncia de los regantes de la Vega de Granada que han lanzado también una serie de mensajes para que se entiendan sus reivindicaciones explicando que el proyecto de la Acequia Gorda del Genil para el aprovechamiento de las aguas regeneradas se presentó a la CHG en 2018 después de hacer la propia comunidad de regantes una inversión de 300.000 euros en dos depósitos de cloración en las plantas depuradoras; que el proyecto cuenta con el informe favorable de Sanidad; que la CHG está faltando a su compromiso de autorización con cinco años de demora; que las aguas regeneradas son un recurso disponible que no se puede desperdiciar, menos aún en tiempo de sequía; que los sistemas terciarios de desinfección son fundamentales porque permitirán el ahorro de 70 hm3 de agua potable y que la CHG está obligada a ejecutarlos en calidad de Administración Pública que debe promover la economía circular y la lucha contra el cambio climático y, finalmente, que la Vega es un ecosistema singular y milenario que es, además, motor económico de la economía provincial.

Las acciones de protesta no cesarán hasta que se encuentre una solución a las demandas de los regantes de la Vega que han venido reutilizando las aguas regeneradas tradicionalmente como una fuente más de suministro y que ahora la CHG les niega sin fundamento.

El próximo viernes 26 de mayo, a partir de las 11.00 horas, la Comunidad de Regantes de la Acequia Gorda del Genil y ASAJA GRANADA instalarán una mesa informativa en la Fuente de las Batallas a fin de trasladar a la opinión pública la grave situación que están padeciendo los regantes de la Vega de Granada al negarles la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la autorización para el riego de 3.000 has de almendros, olivar, frutales, alfalfa y chopos con aguas regeneradas cloradas, así como, para reclamar la necesidad de acometer por parte del organismo de cuenca el sistema terciario de desinfección de las aguas en las estaciones depuradoras EDAR Sur-Churriana y EDAR Oeste-Los Vados para ampliar el riego a los cultivos en verde y llegar así a cubrir 10.000 has. Está en peligro el mayor ecosistema de la ciudad que es, además, su principal motor económico.

Mas de cien vehículos entre tractores, maquinaria agrícola, coches y camionetas secundaron el pasado viernes la protesta orquestada por la Acequia Gorda del Genil, con el apoyo de ASAJA GRANADA, para denunciar la negativa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a concederle a la comunidad de regantes ―cabecera de la red de acequias de la Vega de Granada―, la autorización para el riego de 3.000 has de almendro, olivar, frutales, alfalfa y chopos con aguas regeneradas procedentes de las estaciones depuradoras de la ciudad EDAR Sur-Churriana y EDAR Oeste-Los Vados, y para reclamar la futura ejecución del sistema de desinfección terciario para ampliar el riego a los cultivos en verde (cebollas, ajos, espárragos, patatas, etc.) y llegar así a cubrir 10.000 has en total.

Fue la primera de una serie de acciones que se llevarán a cabo para trasladar a la opinión pública la necesidad de la reutilización de las aguas regeneradas como una fuente más de suministro para los regantes que, a su vez, permite, el ahorro de agua para el consumo y que, por lo demás, ha venido aprovechándose tradicionalmente a través del Colector de Cintura de la ciudad de Granada en los años 50 y posteriormente de las estaciones depuradoras. El proyecto presentado por la Acequia Gorda del Genil a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 2018, con una inversión propia de los regantes de 300.000 euros en dos depósitos de cloración en las dos estaciones depuradoras, tiene el informe favorable de Sanidad y cumple con todas las condiciones y requisitos establecidos por la normativa de aplicación actual que exige el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, en lo relativo reutilización de aguas regeneradas. Aun así se sigue demorando la autorización por parte del organismo de cuenca.

El viernes 26 de mayo se instalará una mesa informativa, en la Fuente de las Batallas, desde las 11.000 horas hasta las 13.00 horas para que acudan todos los ciudadanos que quieran dar su apoyo y solidarizarse con las reivindicaciones de los regantes de la Vega. Está en peligro el mayor ecosistema de la ciudad siendo, además, su principal motor económico.

Tras cinco años de espera para que el organismo de Cuenca les dé la autorización, la comunidad de regantes Acequia Gorda del Genil, con el apoyo de ASAJA GRANADA, tuvo que tomar la decisión de organizar esta protesta como última medida de presión. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha emitido tres informes favorables que avalan su proyecto de riego con las aguas regeneradas cloradas procedentes de las estaciones depuradoras EDAR Sur-Churriana y la EDAR Los Vados para determinados cultivos, entre ellos, almendro, olivar, alfalfa y chopos, adecuándose a las sucesivas condiciones impuestas sin obtener una respuesta definitiva. Por otra parte, reclaman a la CHG la ejecución de los tratamientos terciarios de desinfección de las aguas para el riego del resto de cultivos.

Durante más de dos horas un centenar de vehículos han recorrido las calles de Granada acudiendo al llamamiento de la comunidad de regantes de la Acequia Gorda del Genil para reclamar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la autorización para el riego de cultivos de la Vega como son el almendro, olivar, alfalfa y chopos con aguas regeneradas cloradas (3.000 has), procedentes de las estaciones depuradoras EDAR Sur-Churriana y EDAR Los Vados. Tras cinco años de espera y una inversión de 300.000 euros en dos depósitos de cloración la comunidad de regantes tras sucesivos informes favorables de Sanidad y adaptándose a las condiciones establecidas ha optado por organizar esta protesta como última medida de presión, con el apoyo de ASAJA GRANADA, al entender que no existen motivos para seguir demorando la resolución. Por otra parte, reclaman a la CHG la ejecución de los tratamientos terciarios de desinfección de aguas para el riego del resto de cultivos de la Vega (10.000 has) con aguas regeneradas de tercer ciclo beneficiando así, no solo a los regantes, sino a toda la ciudadanía de Granada y área metropolitana que podrían disponer de 70 hm3 más de agua que no gastan los regantes para el consumo humano.

Los vehículos circularon desde su salida junto a la EDAR Sur-Churriana, a las 10.00 horas, por el Camino de Purchil ―bajo los lemas: “La Vega de Granada se seca”, “Si la Vega se seca todos perdemos”, “La Vega es un ecosistema singular”, “Sin las aguas regeneradas la Vega desaparece”, “Defendemos la Vega milenaria”―, continuando por calle Arabial hasta la calle Méndez Núñez, subida por Severo Ochoa para cruzar la Avda. de la Constitución hasta la Avda. de Madrid y parada en sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para presentar un escrito dirigido al Comisario de Aguas; luego siguieron por la Avda de Madrid hasta Dr. Olóriz girando, otra vez, por la Avda. de la Constitución hasta Severo Ochoa, Méndez Núñez para finalizar en la rotonda de Hipercor.

La reutilización de las aguas regeneradas son parte de la solución del ciclo integral del agua y se incluye como medida necesaria dentro de los objetivos medioambientales tanto de la Directiva Marco del Agua como en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, pero la CHG en lugar de impulsarla, tal y como le corresponde como administración pública, solo hace que poner trabas sin fundamento a los regantes de la Vega de Granada que han venido, además, usando este recurso tradicionalmente como una fuente más de suministro desde los años 50 del pasado siglo y ahora en situación crítica de sequía precisamente se les niega, poniendo en peligro el mayor ecosistema de la ciudad.

La Acequia Gorda del Genil, con el respaldo de ASAJA GRANADA, han convocado una tractorada el próximo viernes 19 de mayo a partir de las 10.00 horas hasta las 12.00 horas que partirá desde el Camino de Purchil junto a la Estación de Depuración de Aguas EDAR Sur-Churriana hasta llegar a la sede de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en la Avda. de Madrid y regreso por Doctor Olóriz girando por Avda. de la Constitución con destino final en la rotonda de Hipercor. No les queda otra alternativa tras las intentos infructuosos por los canales oficiales con repuestas siempre elusivas y suma de condiciones para otorgarles la concesión.

Durante cinco años la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) viene demorando la autorización para utilizar las aguas regeneradas de la EDAR Sur-Churriana y la EDAR Los Vados para el riego de los cultivos de la Vega de Granada después de invertir la Acequia Gorda del Genil, comunidad de regantes cabecera de la red de acequias de esta comarca, más de 300.000 euros en la construcción de sendos depósitos con sistemas de cloración que garantizan la calidad del agua, previo compromiso del organismo de Cuenca para el riego de determinados cultivos para los que está contemplado su uso, tales como chopos, frutales, maíz, olivar o la alfalfa.

De nada han servido los sucesivos informes favorables de Sanidad y las propuestas de la comunidad de regantes de la Acequia Gorda para adecuarse a las condiciones exigidas en lo relativo a sistemas de medición de los distintos parámetros del efluente, puntos de control a la salida de la estación depuradora y en cada uno de los puntos de entrega o programas de control analítico de vigilancia, porque se han ido sumando otras nuevas alargando la respuesta indefinidamente y a los regantes no queda otra alternativa que la protesta en las calles.

La tractorada convocada por la Comunidad de Regantes, con el respaldo de ASAJA GRANADA, está prevista para el próximo viernes 19 de mayo, a partir de las 10.00 horas hasta las 12.00 horas. Partirá desde el Camino de Purchil en la explanada de la EDAR Sur-Churriana hasta llegar a la sede de la CHG en la Avda. de Madrid y regreso por Doctor Olóriz girando por Avda. de la Constitución con destino final en la rotonda de Hipercor.

Las aguas regeneradas son un recurso disponible que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se niega a dar a los regantes de la Vega en una situación de emergencia por sequía como la que estamos padeciendo. Su utilización permitiría no solo salvar los cultivos arbóreos como los olivos y los chopos (ya es tarde para el cereal) que forman un ecosistema singular, sino que se pueda alargar la campaña y seguir con el ciclo de siembra del próximo otoño. En lugar de ofrecer la solución la CHG pone obstáculos insalvables frenando el desarrollo socioeconómico de la Vega de Granada.

Las medidas para paliar la sequía son totalmente insuficientes

LAS SITUACIONES EXCEPCIONALES REQUIEREN DE SOLUCIONES EXCEPCIONALES, Y LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL CONSEJO DE MINISTROS NO LO SON

El campo andaluz afronta la peor sequía del siglo descapitalizado, acorralado por las políticas medioambientalistas y con el colchón de la PAC muy mermado tras la reforma

Las situaciones excepcionales (y la sequía de esta campaña lo es), requieren de soluciones excepcionales, y las medidas anunciadas por el Consejo de Ministros son absolutamente insuficientes para paliar la grave situación que atraviesa el campo andaluz, que ya sufrió pérdidas de más de 2.400 millones de euros el pasado ejercicio -con una merma general de las producciones de entre el 30 y el 50%- y que este año podría ver incluso cuadruplicadas.

Andalucía vive su sexto año consecutivo de déficit hídrico y la situación es absolutamente desesperada. Estos seis años de sequía meteorológica y los tres consecutivos de sequía hidrológica han dado la puntilla al campo andaluz, que ha perdido ya los cultivos extensivos de secano, que no va a contar con cultivos de primavera y que ve amenazados de muerte a sus cultivos arbóreos y a sus explotaciones ganaderas, por lo que en esta situación, tal como ha manifestado hoy el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, “dar continuidad a las medidas que ya se tomaron el pasado ejercicio por la guerra de Ucrania es totalmente insuficiente”.

“Ya no valen con moratorias hacen falta exenciones. Las ayudas directas deben extenderse a todos los sectores y a todas las explotaciones afectadas. Las explotaciones necesitan liquidez, y para eso es fundamental facilitar y subvencionar los créditos”.

Asimismo, Serra recuerda que “la flexibilización en las medidas de la PAC debe ser urgente y automática, vamos contrarreloj y no podemos esperar”. En Andalucía, que es la región española más afectada por la sequía, más de 100.000 de sus 220.000 agricultores no han podido presentar aún su declaración de la PAC y viven su particular calvario en el ejercicio más complejo desde 1986, año del ingreso de España en la Unión Europea; puesto que además de perder el 30% de sus ayudas agrarias por el Plan Estratégico de la PAC de Planas, están aún pendiente de conocer los pormenores de las medidas de flexibilización de la PAC que inciden directamente en el desarrollo de su labor y en la cuantía de las ayudas que percibirán en este ejercicio de la nueva PAC.

La sequía no ha empezado esta semana. ASAJA-Andalucía lleva meses instando a las administraciones y especialmente al Gobierno de España a poner en marcha las medidas de su competencia para intentar paliar las pérdidas y los daños millonarios que la sequía está provocando en miles de explotaciones. Esta organización ha presentado ya un plan de diez medidas para minimizar los daños por la sequía tanto en el Parlamento de Andalucía como ante la Mesa de Sequía del Ministerio de Agricultura. Desafortunadamente el Consejo de Ministros ha dejado en el tintero muchas de ellas.

ASAJA plantea invertir de verdad en infraestructuras hidráulicas. Mientras países como Portugal o Marruecos han desarrollado mucho su capacidad de embalse en los últimos años, en España las inversiones han sido mínimas. Desde la anterior gran sequía, la de 1992-1995, la capacidad de embalse de nuestro país se mantiene prácticamente inalterada”. Sin embargo, en España el desarrollo de otro tipo de infraestructuras ha sido exponencial: nuestro país se ha situado a la cabeza de Europa en trenes de alta velocidad, pasando de los 506 km de 1992 a los 3.762 de 2022, lo que sitúa a nuestro país en segundo lugar en el podio mundial de la alta velocidad.

Esta es una de las diez medidas que ASAJA-Andalucía contempla en su plan: incrementar la capacidad de embalse y facilitar y potenciar la construcción de pequeñas balsas de riego a lo largo de los cauces y en las propias explotaciones.

Dada la extrema gravedad de la situación pedimos que el nuevo decreto de sequía contemple ayudas directas para todos los sectores afectados.

Respecto al nuevo Plan Español de la PAC (PEPAC), con el que el Gobierno de España ha castigado a Andalucía al reducir las ayudas a los agricultores y ganaderos andaluces en 500 millones de euros, reduciendo con ello considerablemente el colchón que supone la PAC para poder afrontar periodos críticos como el actual, desde ASAJA pedimos que con los fondos del Desarrollo Rural se ponga en marcha una nueva medida específica 23 de sequía de forma similar a las medidas 21, (Covid), y 22(Ucrania), contribuyendo a hacer las explotaciones agrarias más resilientes frente a la sequía.

ASAJA demanda que además de las medidas de flexibilidad de la PAC ya adoptadas por la Junta de Andalucía (barbecho, cubiertas vegetales, porcentajes de rotación, etc.), se contemplen flexibilizaciones más ambiciosas que faciliten la percepción de las ayudas de la PAC ante un escenario tan complejo para el desarrollo de la actividad agraria como es el que plantea la sequía.

Asimismo, ASAJA reclama el incremento hasta el 90% de los pagos de las ayudas de la PAC que la Unión Europea permite adelantar al mes de octubre.

Asimismo, al Gobierno de España le exigimos la devolución inmediata de los cánones de riego ya abonados en la campaña 2022, que a día de hoy siguen sin materializarse, así como un nuevo decreto de sequía que amplíe las medidas actuales y recoja ayudas directas.

El Plan de ASAJA contempla también medidas de carácter fiscal como son la reducción de módulos del IRPF. No se puede tributar por unos ingresos que no se han obtenido o que proceden del desmantelamiento de la explotación, como ocurre en el caso de los ganaderos que se están viendo obligados a vender las reses ante la imposibilidad de costear su sustento.

Para dotar de liquidez a un sector absolutamente descapitalizado ASAJA solicita que se incremente al máximo posible el porcentaje del anticipo de la PAC, que se abran líneas de créditos ICO bonificados para agricultores y ganaderos y que se active el fondo de reserva de la Unión Europea.

Asimismo, el Plan contempla que, en cumplimiento con la última sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno de España implante la doble tarifa eléctrica para regadíos. Una medida que ya se ha publicado en BOE hasta en tres normativas distintas (Sequía, Ley Cadena Alimentaria y Ley PAC) y aún pendiente de desarrollo normativo.

Un sector en pérdidas, con un fuerte incremento de gastos para hacer frente a la sequía y falto de capital no puede hacer frente a los pagos y las cotizaciones sociales. Por ello, desde ASAJA solicitamos la exención (no el aplazamiento) de las cuotas de la seguridad social y del IBI.

ASAJA urge a reformular con carácter estructural el diseño del seguro agrario, pues en muchas ocasiones no está adaptado a las necesidades del sector. Por ejemplo, en la línea de compensación de pérdidas por sequía en pastos, los indicadores no consideran muchas situaciones que deberían ser claramente indemnizables.

ECOHAL ANDALUCÍA, en colaboración de ASAJA GRANADA y de la Junta de Andalucía, celebraron el pasado lunes 8 de mayo la Jornada Informativa “Sanidad Vegetal, Ayudas y Nuevas Obligaciones para el Productor” con la participación de más de setenta asistentes. Estuvieron presentes en la inauguración el presidente de ECOHAL, Jesús García Puertas; el presidente de ASAJA GRANADA, José Hita Castro, y el director general de la Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Galera y clausuró la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro. La delegada de Agricultura, Celia Santiago Buendía, estuvo presente en el acto como invitada de excepción mostrando su apoyo al sector de frutas y hortalizas de la Costa.

En la inauguración intervino en primer lugar, como anfitrión del evento, el presidente de ECOHAL ANDALUCÍA, Jesús García Puertas, quien subrayó la necesidad de hacer entender la importancia de la agricultura, que durante la crisis de 2008 fue un sector refugio y durante la pandemia creó empleo y valor añadido y ahora se encuentra en un momento de dificultad para producir con el incremento de costes. El presidente de ASAJA GRANADA, José Hita Castro, por su parte, destacó que la Política Agraria Común va a traer una serie de obligaciones que van a afectar al sector de frutas y hortalizas que hasta este nuevo marco 2023-202 no le afectaban directamente y ahora tendrá que cumplir. Por último, el director general de la Producción Agraria y Ganadera de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Galera, consideró la temática muy oportuna ofreciendo por ello la colaboración de la Administración autonómica a ECOHAL y a ASAJA en esta y en futuras ocasiones y felicitó al sector de frutas y hortalizas de Granada por su especialización y por ser líderes en el mercado compitiendo con países terceros. Señaló que la PAC trae muchas novedades y que los agricultores se enfrentan a nuevos retos, pero ya tienen un camino recorrido en el registro de las prácticas de cultivo y que la implantación de la digitalización en el campo requerirá que se acometa en plazos.

Los acreditados ponentes Dirk Jansen, investigador del IFAPA de La Mojonera; Marcelino Bilbao Arrese, jefe de Servicio de Producción Agrícola de la Consejería de Agricultura y el secretario general de ASAJA GRANADA, Manuel del Pino López, tuvieron una atenta audiencia que les planteó numerosas cuestiones de interés práctico tras sus oportunas y precisas intervenciones que giraron, respectivamente, sobre el manejo de la virosis en hortícolas alertando sobre nuevos virus y la necesidad de la detección precoz y aplicación de medidas de profilaxis extremas; el cuaderno digital y registro de explotaciones en el marco del nuevo Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) como principales novedades que afectan a todos los agricultores independientemente de que cobren o no ayudas y los bonos del Kit Digital que los agricultores también pueden aprovechar para cubrir sus necesidades de digitalización.

Fue una jornada muy bien aprovechada en la que se destacó la necesidad de la formación de los agricultores a través de las organizaciones del sector y del apoyo de la Administración para afrontar los nuevos retos. La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, encargada de su clausura incidió en esta necesidad de la mejor formación posible para tener una agricultura competitiva y manifestó su orgullo por ella como pilar básico de la Costa.

Ante la situación de extrema de carestía de alimento para el ganado, como consecuencia de la sequía

ASAJA INSTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA A QUE FACILITE EL SUMINISTRO DE PAJA A LAS GANADERIAS

El presidente de ASAJA, Pedro Barato se ha dirigido hoy al ministro de Agricultura, Luis Planas, para pedirle que la paja que en estos momentos se está empleando en la producción de energía a partir de biomasa, deje, de forma temporal, de tener este destino y vaya dirigida a paliar la carestía de alimento que sufre el ganado como consecuencia de la sequía.

La grave situación de sequía que padecemos, unida al aumento inusual de las temperaturas, está provocando muchos problemas en el desarrollo vegetativo de los cultivos, y en especial en los cereales y forrajes destinados a la producción de materia prima para la alimentación animal.

A la baja producción de la campaña pasada se le une ahora unas previsiones de cosecha francamente dramáticas y las existencias de forraje resultan claramente insuficientes para abastecer a la cabaña ganadera. Esta situación está causando estragos en las explotaciones, con especial incidencia en las de ganado vacuno de carne, y ovino. La ausencia de paja y forraje para alimentar al ganado se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para los ganaderos que ven cómo se vacían sus almacenes y no hay paja en el mercado.

Ante esta situación de extrema necesidad y para que se puedan mantener los animales con vida, el presidente de ASAJA, ha cursado una petición urgente al máximo titular de Agricultura para que, de forma excepcional, se detenga el suministro de paja a las empresas que se dedican a la producción de energía a partir de biomasa con este producto y así facilitar la entrada de paja en el mercado para que los ganaderos puedan atender las necesidades de alimentación de sus animales.

Desde ASAJA entendemos que, ante una situación excepcional como es ésta, el mantenimiento de nuestra ganadería debe tener prioridad sobre otros usos distintos de este producto, y las empresas energéticas podrían encontrar otras alternativas para su producción a partir de biomasa.

ASAJA-Andalucía reitera su apoyo a la PDL para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva.

ASAJA EXIGE AL GOBIERNO QUE DEJE DE ATACAR A LOS AGRICULTORES Y CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES

La patronal recuerda que la ley no supone una ampliación de los regadíos y sí la subsanación del daño ocasionado por los errores contenidos en el Plan de la Corona Norte y la Ley Forestal de Andalucía


ASAJA-Andalucía reitera su apoyo a la proposición de ley (PDL) de mejora de ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado y exige al Gobierno que deje de atacar a los agricultores y cumpla con sus obligaciones.

La patronal recuerda que la ley no supone una ampliación de los regadíos y sí la subsanación del daño ocasionado por los errores contenidos en el Plan de la Corona Norte y la Ley Forestal de Andalucía.

La organización agraria ASAJA-Andalucía, la más representativa de la comunidad autónoma, vuelve a hacer público su apoyo a la PDL para la Mejora de la Ordenación de las Zonas Agrícolas del Condado de Huelva que se está desarrollando con el respaldo mayoritario del Parlamento de Andalucía. El texto va encaminado a hacer justicia y reparar el daño causado a cientos de familias de agricultores modificando el Plan de la Corona Norte de Doñana de 2014 y la Ley Forestal de Andalucía de 1992, especialmente la primera, que basada en una foto aérea de junio de 2004 y con una retroactividad de 10 años, provocó una situación de indefensión e inseguridad jurídica a miles de personas que vivían en el entorno del Espacio Natural y se ganaban la vida cultivando sus tierras. Cabe recordar que el Gobierno de Andalucía, ocupado entonces por el PSOE, ignoró más de 3.600 alegaciones y todavía hoy colean cientos de procedimientos administrativos y judiciales.

Por otro lado, y ante el baile de confusión desplegado por el Gobierno central con el aliento de ciertos grupos de presión, cabe aclarar también que las tierras objeto de regularización rondan las 750 hectáreas – y no miles, como han difundido - que, en cualquier caso, se regarían con agua superficial de un trasvase que aún no se ha ejecutado porque el Gobierno de España lleva desde 2018 incumpliendo la Ley que él mismo desarrolló y publicó. Por tanto, no ha lugar a que el Ejecutivo central siga hablando de reparto unilateral, puesto que hay que constituir la Comisión Técnica del Trasvase y la Junta Central de Usuarios con sus reglamentos y estatutos, tal y como indica la Ley del Trasvase, algo que se esfuerzan por ocultar a la opinión pública.

La protección de Doñana y sus humedales

Del mismo modo eluden explicar cuál es el germen de la situación actual de los humedales de Doñana, afectados al igual que el resto de la Península Ibérica por una pertinaz sequía, pero también por la falta de aporte ocasionada por el incumplimiento –una vez más-, del Plan Doñana 2005. Este plan tenía como objetivo que las marismas recuperaran la dinámica que habían perdido tras las obras de contención necesarias tras el desastre de Aznalcóllar, con medidas esenciales como la recuperación del caño del Guadiamar o el Brazo de la Torre, pendientes de ejecutar. Este punto fue perfectamente explicado por el antiguo director de la Estación Biológica de Doñana, Javier Castroviejo, profundo conocedor de las dinámicas del parque.

Para ASAJA-Andalucía la PDL, junto a la llegada del trasvase, supone no sólo la viabilidad de los cultivos de la comarca, de otras actividades económicas y por supuesto, el garante del suministro para consumo humano, sino además el cierre de todos los pozos existentes en la zona y el blindaje definitivo del acuífero. En definitiva, la protección de Doñana y sus humedales. Complementando el aporte del trasvase con otros recursos como las aguas que actualmente no se están depurando en varias estaciones de tratamiento de aguas residuales de la zona y que suponen 40 hm3 , la sostenibilidad de los regadíos y el equilibrio entre economía y medio ambiente estaría garantizado, algo que el Gobierno central se empeña en ocultar cegado por sus intereses políticos.

Es esta actitud y no otra cosa lo que está dañando gravemente la reputación del sector del Condado de Huelva y más allá, “gracias” a la desinformación que de manera absolutamente irresponsable se está sembrando en los mercados, y que puede afectar a productores que están a decenas de kilómetros del entorno de Doñana.

A juicio de los responsables de ASAJA-Andalucía es momento de dejar de lado esos intereses que nada tienen que ver ni con el bienestar de la sociedad ni con la conservación del Parque Nacional; explicar la realidad de la situación, afrontar cada quien sus respectivas responsabilidades, resolver los problemas provocados por el Plan de la Corona Norte, restaurar la paz social e impulsar la sostenibilidad de Doñana.

La Acequia Gorda del Genil, comunidad de regantes cabecera de la red de acequias de la Vega de Granada, con una superficie de 1.943,95 hectáreas, distribuidas en 2.242 parcelas catastrales invirtió 300.000 euros en la construcción de dos depósitos para cloración de las aguas depuradas en cada una de las estaciones de la ciudad EDAR “Sur Churriana” y EDAR “Oeste Los Vados” con el compromiso previo del organismo responsable de la cuenca hidrográfica para el riego de determinados cultivos para los que está contemplado el uso como son: chopos, frutales, maíz, olivar o la alfalfa. La crítica situación de sequía que padecemos convierte este recurso de consumo regenerativo o circular en imprescindible para la campaña agrícola actual, así como de cara al futuro, y desde ASAJA GRANADA apoyamos a los regantes en su demanda.

La Comunidad de Regantes de la Acequia Gorda del Genil, cabecera de la red de acequias de la Vega de Granada, cedió en 1946 sin costos parte del agua del río Genil a la ciudad por sus necesidades de abastecimiento a cambio de sus aguas urbanas residuales para abono, a raíz del informe realizado por el ingeniero José Brugarolas y, posteriormente, en los años 80 el propio ayuntamiento de Granada mejoró la calidad de esas aguas con la construcción de las dos estaciones de depuración EDAR “Sur Churriana” y EDAR “Oeste Los Vados” con el fin de completar el ciclo de regadío de determinados cultivos como los chopos, frutales, maíz, olivar o alfalfa. En el año 2019, para cumplir con las condiciones establecidas en el Real Decreto 1620/2007 que adapta las normas de reutilización de las aguas depuradas a la normativa europea, la comunidad invirtió 300.000 euros en la construcción de dos depósitos de cloración en cada una de las estaciones depuradoras con el compromiso previo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de otorgarles la concesión para riego de los cultivos autorizados, un gasto que ha caído en saco roto por asuntos de carácter meramente burocrático.

Desde 2018 hasta abril de 2023 se han emitido, por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, tres informes que avalan el sistema de cloración de las aguas regeneradas propuesto por la Acequia Gorda del Genil, en coordinación con Emasagra, ajustándose a todas las condiciones exigidas: un sistema de medición en continuo de los distintos parámetros del efluente; puntos de control a la salida de la estación depuradora y en cada uno de los puntos de entrega al usuario, carteles informativos con la leyenda “agua regenerada no potable” y un programa de control analítico de vigilancia y autocontrol que sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se le dio, finalmente, el visto bueno, considerando que debía ser un sistema provisional hasta la puesta en marcha de un tratamiento terciario de las aguas con métodos de desinfección por radiación ultravioleta y ozono, junto con la cloración, que serviría también para el riego de los cultivos en verde (patatas, cebollas, ajos) y otros como el espárrago, pero dado su elevado coste, 5 millones de euros, inasumible económicamente por los regantes.

Los regantes exigen, en primer lugar, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que se ajuste al compromiso adquirido y no demore más la autorización de riego de las parcelas y cultivos permitidos con las aguas regeneradas de las depuradoras tras los informes favorables de Sanidad. Se trata del riego de una superficie de 1.943,95 hectáreas de la Acequia Gorda del Genil que abarca los municipios de Albolote, Atarfe, Cenes de la Vega, Granada, Maracena, Santa Fe y Vegas del Genil, a la que se suman otras 1.000 hectáreas más de la red de acequias de la Vega y que afecta directamente al sustento de más de tres mil familias. El adelanto de la dotación concesional de agua que les corresponde de los embalses de Quéntar y Canales apenas permitirá salvar los cultivos de invierno, pero dadas las circunstancias de escasez de lluvias el agua se acabará en julio y no se podrá sembrar nada más. Por otra parte, le reclaman la ejecución de los tratamientos terciarios de desinfección de las aguas que no solo ayudará a los regantes, sino que resultará una solución sostenible para otros diversos abastecimientos. No es un proyecto menos relevante que el de la renaturalización de los ríos Genil y Monachil a su paso por Granada capital en el que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir invertirá nada menos que 8,5 millones de euros y, sin embargo, no parece poner el mismo entusiasmo.

Desde ASAJA GRANADA creemos urgente e imprescindible la concesión del riego con aguas regeneradas por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para salvar la campaña agrícola en la Vega de Granada, dada la crítica situación de sequía que padecemos y apoyamos las justas demandas de los regantes. También de cara al futuro consideramos los tratamientos terciarios de las aguas de gran utilidad y como una de las medidas que las administraciones deben asumir para el ahorro eficaz del agua dentro del nuevo paradigma de la economía circular o regenerativa. La sequía , por lo demás, afecta a todo el campo granadino y reclamamos un plan de medidas de apoyo que palíe los efectos que causa en nuestros agricultores y ganaderos, tales como la aprobación por parte del Gobierno de un tercer decreto de Sequía que amplíe las medidas actuales compensatorias de carácter fiscal, exención de cánones y tarifas de riego para 2023 y del IBI rústico y que recoja ayudas directas.

El campo andaluz afronta la peor sequía del siglo descapitalizado, acorralado por las políticas medioambientalistas y con el colchón de la PAC muy mermado tras la última reforma

Tras seis años consecutivos cortos de agua, el trimestre más seco de la historia ha dado la puntilla al campo andaluz. La combinación de la sequía meteorológica y la sequía hidrológica hace prácticamente inviable la siembra de los cultivos de primavera y ha diezmado severamente los cultivos de invierno: ni cereales, ni hortícolas, ni cultivos arbóreos, ni arroz, ni algodón, ni maíz… Este año no se salva nada. El campo andaluz languidece y las pérdidas de esta campaña serán muy superiores a los 2.400 millones de euros que se perdieron en la pasada.

Este es el panorama desolador que ASAJA-Andalucía expone hoy al grupo de trabajo de sequía constituido en el Parlamento de Andalucía al que presentará el Plan de Apoyo al sector que esta organización está trasladando a todas las administraciones públicas y en el que, junto a medidas ya tristemente tradicionales de exenciones y condonaciones, se demanda una fuerte inversión en infraestructura pública hidraúlica.

Ya es hora de volver la vista al campo y de invertir en sus infraestructuras. Esta es una de las diez medidas que ASAJA-Andalucía contempla en su plan: aprovechar los fondos Next Generation y posibles vías de financiación para incrementar la capacidad de embalse, así como facilitar y potenciar la construcción de pequeñas balsas de riego a lo largo de los cauces y en las propias explotaciones.

Respecto al nuevo Plan Español de la PAC (PEPAC), con el que el Gobierno de España ha castigado a Andalucía al reducir las ayudas a los agricultores y ganaderos andaluces en 500 millones de euros, reduciendo con ello considerablemente el colchón que supone la PAC para poder aforntar periodos críticos como el actual. Desde ASAJA-Andalucía pedimos que con los fondos del Desarrollo Rural se ponga en marcha una nueva medida específica 23 de sequía de forma similar a las medidas 21, (Covid), y 22(Ucrania), contribuyendo a hacer las explotaciones agrarias más resilientes frente a la sequía.

Desde ASAJA-Andalucía solicitamos también agilidad máxima en la materialización de los pagos presupuestados por la Junta de Andalucía correspondientes a las medidas contempladas en los decretos de sequía de la pasada campaña, y demandamos ampliar el montante total de modo que ningún agricultor ni ganadero que lo haya solicitado quede fuera.

Dada la extrema gravedad de la situación actual demandamos un tercer decreto de Sequía donde, entre otras medidas se pongan en marcha ayudas directas a los agricultores y ganaderos que permitan aliviar la situación a corto plazo.

Asimismo, al Gobierno de España le exigimos la devolución inmediata de los cánones de riego ya abonados en la campaña 2022, que a día de hoy siguen sin materializarse, así como un nuevo decreto de sequía que amplíe las medidas actuales y recoja ayudas directas.

El Plan de ASAJA-Andalucía contempla también medidas de carácter fiscal como son la reducción de módulos del IRPF, la exención del pago del IBI rústico a las fincas afectadas por la sequía, así como el aplazamiento o exención de las cuotas a la seguridad social.

Para dotar de liquidez a un sector absolutamente descapitalizado solicitamos que se incremente al máximo posible el porcentaje del anticipo de la PAC, que se abran líneas de créditos ICO bonificados para agricultores y ganaderos y que se activen el fondo de reserva de la Unión Europea.

Asimismo, el Plan contempla que, en cumplimiento con la última sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno de España implante la doble tarifa eléctrica para regadíos. Una medida que ya se ha publicado en BOE hasta en tres normativas distintas (Sequía, Ley Cadena Alimentaria y Ley PAC) y aún pendiente de desarrollo normativo.

ASAJA-Andalucía urge a reformular con carácter estructural el diseño del seguro agrario, pues en muchas ocasiones no está adaptado a las necesidades del sector. Por ejemplo, en la línea de compensación de pérdidas por sequía en pastos, los indicadores no consideran muchas situaciones que deberían ser claramente indemnizables.

En su propuesta esta organización solicita también la puesta en marcha de manera urgente ayudas directas adicionales a las ya implementadas para alimentación del ganado y para acceso al agua.

Y por último, desde ASAJA-Andalucía demandamos que además de las medidas de flexibilidad de la PAC ya adoptadas por la Junta de Andalucía (barbecho, cubiertas vegetales, porcentajes de rotación, etc.), se contemplen flexibilizaciones más ambiciosas que faciliten la percepción de las ayudas de la PAC ante un escenario tan complejo para el desarrollo de la actividad agraria como es el que plantea la sequía.

El sector agrícola y ganadero está atravesando serias dificultades debido a las condiciones meteorológicas adversas

ASAJA SOLICITA AL MINISTRO PLANAS LA CONVOCATORIA URGENTE DE LA MESA DE LA SEQUÍA

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, se ha dirigido al ministro Luis Planas para reclamar la convocatoria urgente de la Mesa Nacional de la Sequía. La alarmante situación de falta de precipitaciones y los bajos niveles de agua embalsada hacen necesaria la adopción de medidas urgentes, que de forma coordinada con el resto de administraciones autonómicas y locales, vengan a paliar la grave realidad en que nos encontramos.

Son muchas las zonas de nuestro país en las que la falta de agua junto con el aumento inusual de las temperaturas están causando ya pérdidas irreparables en muchos cultivos, como es el caso de los cereales y las leguminosas, tanto en su rendimiento final como a nivel económico. Los cultivos leñosos también están teniendo muchos problemas y la situación actual amenaza con rebajar las expectativas de producción.

Por su parte, la ganadería está también sufriendo las consecuencias de ésta falta de agua y las producciones de pastos y forrajes se están viendo muy diezmadas, con la consecuente necesidad de suplir esta carestía con el empleo de piensos compuestos que no hacen más que incrementar los costes de producción para los ganaderos. Recordemos que la falta de rentabilidad de las explotaciones ganaderas viene siendo denunciada desde hace meses y las producciones ganaderas están sufriendo un severo recorte, con las consecuencias que ello conlleva de encarecimiento de estos productos en el mercado.

Tengamos presente que el pasado año ya fueron varias regiones de nuestro país, en especial de la “España seca” las que sufrieron una pertinaz sequía y si este año se repite la situación habrá un considerable número de explotaciones que se verán abocadas al cierre. En estos momentos la situación de las reservas de agua en los embalses tan solo llega al 51,5% en el cómputo general (por debajo de la media de la última década) y en casos como las cuencas del Guadalquivir o del Guadiana, al 25,6% y al 34,6% respectivamente. Pero lo más importante es que los embalses de uso consuntivo -aquellos cuyo fin es el consumo humano y la agricultura- se encuentran hoy al 43,3% y por tanto los cultivos de regadío se van a ver seriamente comprometidos.

Son ya varias las Comunidades Autónomas que están abordando este asunto con decretos sobre sequía y es necesario tratar esta cuestión desde un punto de vista global para poder tomar las decisiones correspondientes que permitan revertir la situación.

El clima no acompaña, sin precipitaciones y con temperaturas más elevadas de lo normal, la campaña de riego que se inicia a mediados de mayo, la más desfavorable en los dos últimos años con una dotación máxima prevista de solo 700 m3/ha (un 88% menos de la dotación concesional) llegará, además, tarde para algunos cultivos de la Vega como los hortícolas de invierno, alfalfa, trigo o el girasol y otros cultivos con la floración adelantada como el olivar y almendro. Los regantes están al límite y necesitan el agua ahora porque de lo contrario perderán sus cosechas y será la ruina de sus explotaciones, por este motivo, desde ASAJA GRANADA reclamamos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la utilización de aguas depuradas como solución inmediata lo que asegura, además, la conservación de los recursos hídricos y la producción de alimentos de manera sostenible.
La Vega de Granada, con cerca de 40.000 hectáreas cultivadas, está agonizando. Los regantes son conscientes de la situación crítica de los embalses de Granada al 32,99% de su capacidad tras dos años de sequía extraordinaria, peor aún en el sistema Cubillas-Colomera en estado de emergencia, con las consiguientes restricciones al riego impuestas y no piden más agua, sino que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ya cuenta con el informe favorable del Ministerio de Sanidad, no demore más la autorización para poder utilizar las aguas depuradas de la EDAR Los Vados, biofactoría optimizada para realizar los tratamientos adecuados para su reutilización con fines agrícolas. Se enfrentan, además, a otros problemas como la falta de mano de obra para la recogida del espárrago, asimismo con mermas de producción por la sequía, y se juegan las ayudas de la PAC por la imposibilidad de cumplir algunas condiciones en el mantenimiento de los cultivos exigidas para el cobro.

El Grupo de Trabajo propuesto por la delegación provincial de Agricultura en Granada para abordar la sequía, al lado de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas, se constituirá después de Semana Santa con decisiones importantes que tomar de continuar la desesperada situación que se vive en el campo, pero ya hay agricultores que no pueden aguantar y está en manos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la solución más prometedora y salvadora para ellos.

Asaja, COAG y UPA solicitan actuaciones urgentes y la convocatoria del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria

- Ha transcurrido más de un mes y aún no se han publicado los estudios de cadena de valor pendientes prometidos por Planas en la reunión del Observatorio del pasado 20 de febrero.

- Además, es necesario ponerse a trabajar de manera inmediata en el desarrollo y generación de índices de referencia de precios por sectores, tal y como recoge la Ley.

Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, reclaman al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, actuaciones urgentes y la convocatoria del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria. En una carta conjunta remitida al presidente del Observatorio, José Miguel Herrero, las OPA recuerdan que el pasado 20 de febrero tuvo lugar la XV sesión del Pleno del Observatorio de la Cadena. Durante la misma, el ministro Planas anunció la publicación de los estudios de cadena de valor pendientes, así como la actualización de los ya aprobados para la leche líquida y el aceite de oliva virgen extra.

Habiendo discurrido casi un mes desde la celebración de dicha reunión, las tres organizaciones firmantes reiteran “la necesidad de aprobar y publicar de manera urgente los estudios para todas las cadenas pendientes (melocotón-nectarina, patata, tomate, carne de vacuno, carne de ovino, naranja y limón y miel, así como la citada actualización también de leche líquida y el aceite de oliva virgen extra)”. A tal fin, solicitamos la convocatoria del Pleno del Observatorio de la Cadena, de manera que podamos cumplir con los compromisos ya adquiridos. “Estos estudios son muy relevantes y beneficiosos para los distintos sectores y para el conjunto de la cadena alimentaria en nuestro país y su transparencia”, han subrayado.

Además, ASAJA, COAG y UPA demandan la puesta en marcha de nuevos estudios de otras cadenas de valor, con el fin de cubrir en el menor plazo posible el mayor número de sectores agrícolas y ganaderos.

Por otro lado, las organizaciones agrarias solicitan que el Observatorio de Cadena comience a trabajar de manera inmediata en el desarrollo y generación de índices de referencia de precios, especialmente para aquellos productos y sectores que no disponen de ellos. La Ley 12/2013 recoge esta función para el Observatorio en su artículo 20.1.m.

Dicha ley establece la obligatoriedad de establecer contratos por escrito, así como de contemplar en dichos contratos el precio en cuantía fija o variable, en función únicamente de factores objetivos, verificables y no manipulables. “En muchos sectores y productos no existen tales índices que puedan cumplir esos criterios, por lo que se hace necesario que el Observatorio los establezca y proporcione así a las personas agricultoras y ganaderas y a sus compradores un elemento necesario para las negociaciones”, han argumentado.

Por otro lado, y en aras de la transparencia necesaria para el correcto funcionamiento de la cadena de valor, se insta a la recuperación de la información mensual sobre Precios Venta a Público. Dicha información se eliminó en 2018 por parte del Ministerio de Comercio, con el acuerdo del Ministerio de Agricultura. El propio MAPA facilitaba determinados datos a través del Panel de Consumo en hogares, pero esta fuente es insuficiente y, hasta donde sabemos, ha dejado de actualizarse en la página web desde 2021.

Asimismo, es necesario proporcionar información concreta y detallada por sectores sobre los precios de las transacciones en la salida de las industrias. “La transparencia de los precios a los que vendemos los agricultores es muy elevada, con datos públicos semanales y otra multitud de fuentes de información. Sin embargo, la información del resto de eslabones no existe de manera oficial y pública. Hay una clara descompensación en este sentido, que afecta seriamente a la transparencia de la cadena de valor”, ha afirmado ASAJA, COAG y UPA.

Por último, en el escrito se reclama la creación de un Observatorio de costes y mercados de insumos o en su defecto, un grupo de trabajo en el seno del Observatorio de Cadena para analizar los precios y estructura de los distintos costes de producción para el sector primario (piensos, fertilizantes, energía, mano de obra…). “Nos encontramos en una situación muy difícil para la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Los indicadores, como apuntaba el propio Ministro en la citada reunión del Observatorio, señalan una posible bajada de los insumos y ésta debe trasladarse lo antes posible y evitando la especulación a la producción primaria, de manera que puedan verse aliviadas en cierta medida las tensiones inflacionistas que encontramos en la actualidad y los consumidores se vean en una situación más favorable”, han apostillado.

El secretario general de ASAJA GRANADA, Manuel del Pino, junto con Natividad Vilchez y Fernando Coronel, miembros de la Junta Directiva de la organización agraria se reunieron la pasada semana con la delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Celia Santiago, para analizar los problemas del sector con respecto a la situación de sequía y las restricciones en el riego previstas para la próxima campaña agrícola si no cambia el escenario de ausencia de precipitaciones, con un máximo de 700 m3/ha autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), un 88,34% inferior a la dotación máxima concesional de 6.000 m3/ha. En dicha reunión se acordó la constitución, para después de Semana Santa, de un Grupo de Trabajo para evaluar periódicamente la evolución de los distintos cultivos de la provincia y tomar las medidas de apoyo necesarias para sacar adelante las siembras. Se incidió también en la situación precaria de los ganaderos afectados por la falta de pastos para sus animales y las dificultades para abrevar el ganado, que necesitan de apoyo urgente. Otra de las demandas expuestas por parte de nuestros representantes en la reunión fue instar a la Administración autonómica para que actúe de mediadora con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con el fin de introducir ciertas excepciones a la normativa de la PAC 2023 por sequía, en concreto, la excepción del cumplimiento de determinados requisitos de la Condicionalidad Reforzada y los Ecoesquemas que obligan a la implantación de una cubierta vegetal y rotación de cultivos, que no van a ser posibles de llevar a cabo por la falta de agua. También se pidió la mediación con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la exoneración a los regantes del pago del canon y de las tarifas de riego, dada la reducción de sus dotaciones de agua que merman la productividad y rentabilidad de las cosechas. Por último, se habló del reciente pacto firmado por la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT-A y CCOO-A para hacer frente a la crisis social y económica, por el que se movilizarán 9.000 millones en medidas de apoyo para familias, jóvenes, pymes y autónomos, reclamando nuestra asociación agraria fondos para el sector primario no solo para el sector agroalimentario industrial.

Pasados quince días desde que la apertura del plazo oficial de presentación de la Solicitud Única aún no está plenamente disponible el programa de aplicación dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para gestionar las ayudas y no se ha podido concluir la formación a los técnicos sobre la implementación de las últimas novedades de la reforma. Se respira una gran inseguridad que no pone nada fácil el trabajo de las entidades colaboradoras y que causa gran inquietud en los agricultores y ganaderos.

A pesar de que el plazo de inicio de presentación de la Solicitud Única de la PAC comenzó oficialmente el 1 de marzo, con fecha de finalización el 31 de mayo, aún no es posible registrar ninguna en el Sistema de Gestión de Ayudas (SGA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) e incluso la formación de los técnicos sobre la implementación de las últimas novedades de la reforma está inconclusa, pendiente de sesiones programadas para la próxima semana. A estas alturas lo peor es que no sabemos tampoco en qué fecha se va a cargar la última versión de la herramienta de aplicación que solucione todos los problemas existentes.

Se está generando una gran inseguridad en las entidades colaboradoras que no pueden informar con fiabilidad a sus socios y una gran e incertidumbre en los agricultores y ganaderos que temen por sus ayudas. Por parte de la Junta de Andalucía quedan también por publicar oficialmente la normativa agroambiental autonómica, que se enmarca dentro de las intervenciones del desarrollo rural de la PAC a las que se acogen agricultores y ganaderos de forma voluntaria, complementando las ayudas directas, circunstancia que también contribuye al desconcierto.

El nuevo marco de la Política Agraria Común (PAC) ya triplica la carga burocrática por los nuevos requisitos que trae y a ello se le añaden ahora, por si algo faltara, problemas técnicos imperdonables en su tramitación generados por una total falta de previsión del Ministerio tras dos años de preparación de un Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) que a nadie conforma. Desde ASAJA GRANADA consideramos imprescindible la ampliación de plazo para poder dar el servicio a todos los agricultores y ganaderos que tramitan la PAC en nuestras oficinas y el ministro Planas no debería demorar su solicitud a Bruselas, una petición que hacemos desde todo el sector para no acabar sufriendo un problemático cuello de botella que nos impida acabar todo el trabajo a tiempo.

El representante de ASAJA, Pedro Gallardo, ha sido elegido presidente del Grupo de Trabajo del Cereales del COPA-COGECA. Tras dos mandatos al frente de la presidencia de Oleaginosas y Proteaginosas deja este grupo de trabajo para tomar las riendas de Cereales. En esta nueva responsabilidad al frente de los cerealistas europeos le acompañarán los vicepresidentes Guido Seedler (Alemania) y Cristina Cionga (Rumania).

ASAJA centrará su trabajo en dar respuesta al encarecimiento de los costes de producción, la protección de los cultivos, la innovación científica en las explotaciones frente al cambio climático; la competencia desleal extracomunitaria; la volatilidad de los precios, la implementación de la nueva PAC y un mayor esfuerzo en la Comunicación para que la sociedad entienda cómo producimos los alimentos de forma sostenible, con trazabilidad y con los mayores estándares de calidad del mundo.

Durante los próximos dos años defenderemos en las instancias comunitarias los intereses de los productores españoles y europeos de cereales. Ya en nuestra etapa anterior al frente del Grupo de Trabajo Oleaginosas y Proteaginosas centramos nuestra labor en poner el acento en el marco financiero plurianual y en la defensa de un presupuesto sólido para la PAC, sin que el Brexit y otras políticas restasen a los fondos agrarios. Para ello, hemos defendido los intereses de los productores tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión Europea, reforzando el diálogo.

Para esta nueva responsabilidad en el mandato 2023-2025, uno de los retos de ASAJA es la defensa del modelo productivo cerealista de Europa donde vivimos un periodo de altísimos costes de producción que junto con la invasión de Ucrania y la inflación están comprometiendo seriamente la viabilidad de las explotaciones agrarias europeas.

También continuaremos apoyando la protección de los cultivos con nuestras medicinas de las plantas, dosier que debe ir muy de la mano con la innovación en las explotaciones agrícolas donde las nuevas técnicas de edición genética jugarán un papel fundamental en un país que es frontera con un continente como África y que sufre el cambio climático. Para ello, debemos apoyarnos en la evidencia científica y alejarnos de posicionamientos políticos y de cualquier otra índole.

Además, el presidente del Grupo de Trabajo de Cereales del COPA continuará apoyando los debates de la PAC “donde recordaremos a la Comisión que no se puede ser juez y parte, donde la Comisión y las instituciones comunitarias deben reflexionar y entender que el contexto mundial ha cambiado y donde Europa debe seguir liderando su papel de liderazgo.”

Y, por último, “pero no menos importante, debemos reflexionar sobre la mejor manera de gestionar los riesgos relacionados con la volatilidad de los precios, por ejemplo, este año de nuevo muchos de los agricultores no se han beneficiado del incremento de los precios de la pasada campaña”, ha señalado Pedro Gallardo.

El secretario general de ASAJA GRANADA, Manuel del Pino, declina asistir a la reunión del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación con los miembros de la Interprofesional del Espárrago Verde, motivo de su visitita a nuestra ciudad mañana jueves 9 de marzo, y le invita para la próxima a que venga a escuchar las quejas de todos nuestros agricultores y ganaderos por la lesiva reforma de la PAC que ha impuesto, que no solo implica pérdidas patrimoniales, sino más complicaciones burocráticas, menos producciones e indefensión jurídica. Precisamente el cultivo del espárrago es uno de los más perjudicados al ser considerado cultivo permanente en lugar de plurianual negando, así, a los productores cualquier posibilidad de acogerse al pago de los ecorregímenes. El único motivo que tiene Planas para acudir a la cita sería que trajese una solución a este imperdonable agravio..

Con el comienzo del periodo de tramitación de las ayudas de la PAC, del 1 de marzo al 31 de mayo, y la publicación de los importes provisionales de los nuevos derechos vamos descubriendo cada vez más y más problemas de los que ya veníamos denunciando tras la aprobación del Plan Estratégico Nacional, impuesto por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sin atender las propuestas del sector agrario andaluz, con importantes pérdidas patrimoniales para nuestros agricultores y ganaderos que traen la debacle para el campo granadino, más complicaciones burocráticas, menos producciones e indefensión jurídica.

Las nuevas asignaciones de derechos caen de media en Granada entre un 10% y un 23% para la mayoría de regiones productivas (cultivos permanentes, pastos, cultivos de secano y cultivos de riego) no siendo compensadas con los pagos redistributivos a las primeras hectáreas ni con las prácticas medioambientales voluntarias o ecorregímenes, difíciles de llevar a cabo en muchos casos dado que no se adaptan a la realidad agronómica de nuestras comarcas agrarias y con obligaciones que disparan costes, a lo que se suma que no hubo normativa publicada hasta finales del 2022 para conocer los requisitos y las siembras no se pudieron planificar con tiempo. Las pérdidas con respecto al anterior marco superarán los 15 millones de euros anuales (el 15% del presupuesto), es decir, más de 80 millones de euros durante el periodo 2023-2027 del total de 552.144.100 millones de euros.

ASAJA GRANADA no comparecerá a la reunión de la Interprofesional del Espárrago Verde con el ministro Planas, mañana jueves 8 de marzo, motivo de su visita a nuestra ciudad, solo entendible si viniera a traer una solución a uno de los principales agravios cometidos con nuestra provincia, precisamente con el cultivo del espárrago (también afecta al chopo) al considerarse erróneamente en la nueva PAC como cultivo permanente en lugar de plurianual, negando a los productores cualquier posibilidad de acogerse al pago de los ecorregímenes, que representan nada menos que un tercio de las ayudas. Manuel del Pino, secretario general de la organización agraria le invita para la próxima a que venga a escuchar las quejas de nuestros agricultores y ganaderos.

ASAJA GRANADA exige al Gobierno la financiación de las canalizaciones de Rules en su integridad

Son casi veinte años de espera y promesas incumplidas, pero las instituciones siguen con su tira y afloja bloqueando una y otra vez el inicio de las obras de las canalizaciones de Rules. En el acuerdo de financiación pendiente de firma con los regantes estos piden incluir los 11 desglosados de la obra para hacerse cargo del 10% de los costes, no solo el número 9, que es más para abastecimiento y no les garantiza los riegos futuros, de ahí su rechazo. Tendrían que estar todos los proyectos redactados en su conjunto con fecha anterior. Y ahora los representantes granadinos del PSOE inician un viciado juego político para que la Junta de Andalucía se haga cargo del 20% del coste “por compromiso” cuando no son precisamente ellos los más indicados para invocarlo. Las obras están declaradas de Interés General desde 2001 y es el Estado quien tendría que pagarlas no al 80% recurriendo a fondos europeos que obligan a su cofinanciación, sino en su integridad.

A principios de 2023 el Gobierno anunció el inicio de las obras del proyecto del sistema de canalizaciones Béznar-Rules, únicamente del desglosado 9 que llevará el agua a Almuñécar (hay 11 proyectos y seis fases de ejecución) y solo pondrá en riego 722 has desde la presa hacia las comunidades de regantes situadas en la cota 400 en su margen derecho (Río Verde, Jete, Almuñécar y su entorno), con un plazo de ejecución de tres años. El coste previsto de este primer desglosado es de 61,98 millones de euros, que se financiarán al 80% con los fondos Next Generation de Europa y el 20% restante, en principio, lo aportarían los regantes (10%) y la Mancomunidad de Municipios de la Costa (10%) mediante un acuerdo de financiación, pendiente de firma, por el rechazo de los regantes que quieren un convenio del conjunto de la obra que les asegure que todos tendrán opción de regar sus tierras en el futuro. No se niegan al pago, pero no a cualquier precio.

Tendrían que estar a fecha de hoy todos los proyectos planificados y redactados de forma integral y conocerse todas las fases de ejecución y, en cambio, volvemos a entrar en debate político abierto por los representantes granadinos del PSOE sobre la cofinanciación del 20% de las obras, que dicen deben asumir la Junta de Andalucía “por compromiso” cuando no son precisamente los más indicados para invocarlo. Las obras de Rules están declaradas de Interés General desde 2001 y es el Estado el responsable de pagarlas, no al 80%, sino en su totalidad, aunque lo más importante es olvidar esos tira y afloja permanentes entre las instituciones y desbloquear la situación creada.

Desde ASAJA GRANADA pedimos al Gobierno que agilice la redacción de los diez desglosados del proyecto de canalizaciones de Rules que faltan (el número 3 no está tampoco finalizado) y ponga el 100% del dinero, sin apelar a la cofinanciación obligada de nadie. La Junta de Andalucía podría contribuir con los gastos de los regantes para las conducciones secundarias desde las tuberías principales a las zonas de regadío, como muestra de su implicación en el desarrollo de la Costa.

Las alegaciones presentadas por esta Organización se han tenido en cuenta

SATISFACCIÓN EN ASAJA PORQUE LA CORDURA SE HA IMPUESTO EN LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL

Agricultores, ganaderos, cazadores y habitantes del medio rural, en general, están de enhorabuena. Los animales de trabajo en las explotaciones agrarias y los perros de caza quedan definitivamente fuera de la Ley de Bienestar Animal que acaba de ser aprobada en el Congreso de los Diputados. La cordura y el sentido común se han impuesto gracias a la presión que desde ASAJA, desde la Real Federación Española de Caza e incluso desde algunas Comunidades Autónomas se ha realizado para conjugar la protección de los animales con el correcto desarrollo de actividades como la ganadería o la caza.

ASAJA aplaude el giro de timón, in extremis, que el grupo parlamentario del PSOE ha dado en este tema al incluir la enmienda para que los perros de caza y de trabajo quedaran fuera del texto legislativo, y que ha sido refrendada por el resto de grupos parlamentarios, socios del Gobierno. Definitivamente, los animales inmersos en la actividad profesional, como es el caso de los animales en las ganaderías (fundamentales para el trabajo en nuestro sector) y los animales para la actividad cinegética quedan excluidos de la Ley.

De esta forma, la ley no afectará a los animales empleados en el manejo y protección de la ganadería, algo que no haber sido así hubiera supuesto un grave problema para nuestros ganaderos. De todos es conocido que hay actividades y situaciones que no se podrían llevar a cabo de forma efectiva en las explotaciones ganaderas, y que resultan fundamentales para el correcto desarrollo de la actividad productiva, sin la colaboración de estos animales, como es el caso del pastoreo o la protección del ganado frente a amenazas externas, como son los continuos y crecientes ataques del lobo a vacas, ovejas o cabras.

Valoramos también que se haya excluido de la Ley a los animales de caza, puesto que el aumento de la población silvestre en especies como corzo, jabalí, conejo, o el propio lobo antes citado, suponen una amenaza para el desarrollo de nuestros cultivos, la supervivencia de nuestro ganado y para la prevención y/o expansión de las enfermedades que estos animales transmiten, es el caso de la tuberculosis bovina o la peste porcina africana. Sin el desarrollo de la actividad cinegética este control no sería posible.

Ya en el mes de marzo del pasado año, ASAJA presentó un documento de alegaciones a la Ley en el que se razonaban y explicaban los motivos por los que se pedían estas exclusiones particulares y desde entonces hemos realizado una intensa labor en colaboración con la Real Federación Española de caza y otras entidades afines, así como con los gobiernos de las Comunidades Autónomas, para concienciar a los grupos políticos y al propio Gobierno de la necesidad de dejar fuera de la ley a estos animales. Finalmente, el resultado nos satisface a todos.

El secretario general, Manuel del Pino, acudió e intervino resolutivamente en la reunión convocada el pasado 6 de febrero por la Delegación de Agricultura en Granada con motivo de la visita del viceconsejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez García de Prado, donde se dio un repaso general a la situación de la provincia y se recogieron las peticiones y reivindicaciones del sector. Las especificidades de la provincia de Granada pasan por evaluar y puntuar como criterios subvencionables en las bases reguladoras de todas las ayudas del Plan de Desarrollo Rural andaluz del nuevo marco 2023-2027 el riesgo de desertificación, la baja pluviometría, altas pendientes, altitud y despoblamiento.

ASAJA GRANADA estuvo presente el pasado 6 de febrero en la reunión convocada por la Delegación de Agricultura en Granada con motivo de la visita del viceconsejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez, donde se dio un repaso general a la situación de la provincia y se recogieron las peticiones y reivindicaciones más acuciantes del sector.

El secretario general de la organización agraria, Manuel del Pino López, puso de manifiesto en la citada reunión que la nefasta y arbitraria gestión del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (PEPAC) por parte del Gobierno central, alejada totalmente de la realidad del campo y cargada de una imposible burocracia, va a traer muchas complicaciones para su aplicación junto con considerables pérdidas en ayudas directas (1er pilar) para nuestros agricultores y ganaderos. Por este motivo, le hizo al viceconsejero una petición de vital importancia para la provincia de Granada, como es que se tengan en cuenta sus especificidades en el desarrollo normativo de las ayudas que integran el Plan de Desarrollo Rural Andaluz del nuevo marco 2023-2027 (2º pilar), cofinanciadas junto con el FEADER por la Administración autonómica, entre ellas las medidas de compensación para zonas con limitaciones naturales, por cumplimiento de compromisos medioambientales y climáticos, de mejora de regadíos y para la incorporación de jóvenes agricultores y creación de empresas. Se trata de que en las bases reguladoras de todas estas ayudas se evalúen y puntúen como criterios subvencionables el riesgo de desertificación, la baja pluviometría, altas pendientes, altitud y despoblamiento para optar a ellas con mayores posibilidades.

Otra de las cuestiones prioritarias planteadas fue el estado de anormalidad en que han quedado en el PEPAC, al incluirse en el grupo de cultivos permanentes y no plurianuales, dos de los cultivos más emblemáticos de Granada como son: el espárrago y los chopos, es decir, fuera de la posibilidad de aplicar alguna práctica medioambiental o eco-régimen para el cobro de lo que antes se denominaba “Pago verde”, un tercio de las ayudas directas. Se instó al viceconsejero a que incidiera y aclarara con el MAPA el problema creado y pueda establecerse una medida específica para estos cultivos en sí mismos sostenibles y generadores de biodiversidad.

Otra prueba más del mal funcionamiento de la cadena agroalimentaria

ASAJA PIDE AL MINISTERIO DE AGRICULTURA QUE ACTÚE EN DEFENSA DE LA PATATA ESPAÑOLA

Pedro Barato:“ Reclamamos que se cumpla la legalidad vigente, que se realicen controles y no se engañe al consumidor”

Ante la campaña puesta en marcha por la cadena de distribución LIDL con ofertas de patata a 0,90 euros/kilo asegurando que se trata de patata nueva (de esta campaña) y con origen España, ASAJA advierte a los consumidores sobre el engaño de tal oferta y pide al Ministerio de Agricultura que extreme los controles sobre los agentes de la cadena agroalimentaria para que se detecten, y sancionen en su caso, prácticas fraudulentas que perjudican tanto a los consumidores como a los productores españoles.

La patata nueva de origen nacional que los productores están sacando a la venta en estos momentos tiene un precio en origen de 0,60 euros/kg. y por tanto no es posible que una cadena de distribución la comercialice en el punto de venta a 0,90 euros/kg., una vez sumado los gastos de procesado, lavado, enmallado, etiquetado, transporte, etc. Se trata, según indagaciones realizadas por ASAJA, de patata procedente de la campaña anterior (sometida a varios meses de cámara frigorífica) y con origen francés.

Ante esto, apelamos al sentido común y a la responsabilidad de la cadena alimentaria, y en especial de la distribución, para que no utilice la patata como producto reclamo, recurriendo a partidas de patata importada o de inferior calidad, tratando de desestabilizar los precios y presionar para que los cultivadores nacionales vendan a pérdidas. Igualmente, ASAJA pide al ministerio de Agricultura máxima diligencia a la hora de velar por el cumplimiento de la Ley de la cadena agroalimentaria.

Cualquier presión para bajar los precios al productor se traduce en una reducción automática de las siembras, siendo especialmente sensibles cultivos como la patata, producción en la que en los últimos años ha habido un descenso de la superficie cultivada, y en la que España es deficitaria y tiene que importar para cubrir el consumo, una tendencia peligrosa de dependencia que nuestro país no se puede permitir.

En el caso de la patata, en España se consumen cerca de 2,5 millones de toneladas, de las que aproximadamente 1,2 millones se producen en España, y el resto es importado, sobre todo de Francia. Los umbrales de rentabilidad escasos son motivo principal de la reducción de la superficie de patata y ASAJA considera que no puede seguir perdiéndose superficie de patata, por ser una producción esencial para el país y también por su fuerte implantación en zonas como Castilla y León, con cerca de 2.000 cultivadores profesionales, Galicia, Andalucía y Murcia.

ASAJA recuerda que desde el pasado 31 de enero está abierto el registro de contratos alimentarios, en el que se deberán inscribir todos los contratos que se suscriban con el sector primario, antes de la entrega del producto, trámite que será obligatorio a partir del próximo 30 de junio. El contrato debe incluir el precio, que en todos los casos debe ser superior al total de costes asumidos por el productor, el denominado “coste efectivo de producción”. Por tanto, “respetar los beneficios legítimos del agricultor no solo es moral, sino también exigible legalmente, y esperamos que la Administración actúe en consecuencia ante el menor intento de romper las reglas que todos nos hemos marcado y que son las que garantizan que llegue un producto de calidad a los consumidores”, reclama ASAJA.

El incremento de costes salariales, unido a los efectos nefastos de la reforma laboral, hace caer el empleo en el campo en 86.900 trabajadores en 2022

EL IMPACTO DE LA ÚLTIMA SUBIDA DEL SMI SOBRE LA ACTIVIDAD AGRARIA SERÁ DRAMÁTICO

Los agricultores y ganaderos han visto incrementados sus costes de producción hasta límites de todo punto inasumibles, de ahí que el número de explotaciones que cierran cada día es alarmante

Con la última subida del SMI pactada por el Gobierno de Pedro Sanchez y los sindicatos CCOO y UGT, el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado en 344 euros en los últimos cinco años, con el consiguiente incremento en las bases mínimas de cotización. A este disparado incremento de los costes salariales debemos añadir los incrementos de precios de prácticamente todos los bienes de producción (semillas, fertilizantes, abonos, piensos y por supuesto combustibles y energía). Con unos costes de producción desorbitados y sin margen de maniobra para poner precio a lo que los agricultores y ganaderos producen, la viabilidad del sector atraviesa un momento crítico y se dispara el número de explotaciones agrarias que se ven abocadas al cierre.

Según datos del INE sobre el censo agrario, hasta diciembre de 2020 el sector había perdido 75.000 explotaciones agrarias en los diez años anteriores. A estos datos debemos añadir los graves efectos que dejó la pandemia en el sector y las consecuencias de la guerra de Ucrania que han provocado volatilidad en los mercados y un incremento desmesurados de los precios de materias primas. Teniendo en cuenta todo esto y según las estimaciones de ASAJA, a día de hoy, el sector agrario ya ha superado las 80.000 explotaciones perdidas.

Por lo que respecta al empleo en el sector y según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del ministerio de Trabajo, en el último año la ocupación en el campo ha disminuido en 86.900 trabajadores, es decir un 10,34% menos. Según los datos que maneja ASAJA, solo con los efectos de la anterior subida del SMI (febrero 2022) se perdieron 25.000 empleos en el campo.

Las consecuencias de esta nueva subida están aún por ver pero podemos adelantar que va a tener una repercusión muy negativa en los convenios colectivos del campo que se están negociando a nivel provincial, ya que supone una intromisión del Gobierno en la independencia de la negociación a la que resta margen de maniobra a sus legítimos representantes (empresarios y trabajadores).

Por otra parte, ASAJA advierte al Gobierno que este tipo de subidas reiteradas pueden conllevar otras, no tan deseadas, como son las subidas en el precio de los alimentos, algo que el propio Gobierno está intentando combatir con la reciente puesta en marcha de la bajada del IVA para algunos productos básicos de la cesta de la compra.

Desde 2017, cuando el Salario Mínimo Interprofesional estaba fijado en 707,70 euros (en nuestro vecino Portugal está en 760 euros para 2023) hasta hoy que asciende a los 1.080 euros, el sector ha soportado una subida global del SMI del 52,60%, sin que se hayan arbitrado compensaciones (deducciones o bonificaciones) que alivien las cargas sociales que soportan los empresarios agrarios, como hemos reclamado desde ASAJA en reiteradas ocasiones.

ASAJA quiere dejar patente que no está en contra de que los trabajadores tengan un salario acorde a la realidad actual que vivimos, pero sí de que los empresarios agrarios soporten incremento tras incremento de los costes salariales (SMI, cotizaciones sociales, impuestos) sin ningún tipo de compensación o ayuda para afrontar los mismos.

ASAJA-ANDALUCÍA, COAG-ANDALUCÍA Y COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA NO SE OPONEN AL EXPEDIENTE SIEMPRE Y CUANDO SE EVITE LA INSCRIPCIÓN DE MÁS DE 144.000 HECTÁREAS DE OLIVAR EN EL CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ

Andalucía cuenta hoy con un envidiable “mar de olivos” gracias al trabajo, al tesón y al esfuerzo de miles de olivareros que con su trabajo diario pelean por obtener rentabilidad de un cultivo vecero, sujeto a los avatares de la climatología, del mercado y de la PAC

ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía quieren dejar claro que han apoyado desde el principio la candidatura a Patrimonio Mundial de los Paisajes del Olivar de Andalucía, siempre que se estableciera como línea roja la propiedad y que no hubiera limitaciones a la capacidad productiva del olivar protegido.

Así ha ido quedando patente en las diversas reuniones durante todos estos años, e incluso así se recogía en los documentos que se presentaron para las Adhesiones a la Declaración de los Paisajes del Olivar de Andalucía de finales del año 2017 y principios del año 2018. De hecho, en el Documento de Adhesión se indicaba que “ello además no supondrá ninguna limitación de uso o de manejos en la actividad productiva”.

Sin embargo, la última versión del expediente contradice claramente dicha afirmación, por lo que las organizaciones firmantes se ven empujadas a resolver todas las dudas surgidas tras conocer el citado documento con la única intención de salvaguardar los intereses del sector productor, principal avalista del paisaje del olivar andaluz.

En todas las reuniones que se han mantenido a lo largo de estos años no se ha hablado de nada de las limitaciones que ahora, después de siete años, se dan a conocer. Incluso las indicaciones eran en sentido contrario. No es hasta el 20 de diciembre de 2022, hace unas semanas, cuando se informa de estas restricciones, con las que tanto el derecho de propiedad como la propia libertad de empresa se verían seriamente afectados, sin que se concreten cuáles serán las supuestas ventajas para los agricultores, ganaderos y propietarios que entrañaría la declaración de Patrimonio Mundial.

Hasta el momento, se desconoce el presupuesto asignado, así como la procedencia del mismo. Además, se habla de posibles ayudas y subvenciones a los propietarios afectados, pero no se detallan ni evalúan económicamente las mismas.

Según los estudios técnicos, esta figura provocaría limitaciones y obligaciones a los agricultores, ganaderos y propietarios del territorio afectado, mientras que las ventajas no quedan nada claras. Entre las primeras, las obligaciones y restricciones, están la inclusión de la inscripción en el Registro de la Propiedad; la obligación de los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de los bienes de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos garantizando la salvaguarda de sus valores; la obligatoriedad de ejecución de obras y actuaciones de conservación; la ejecución forzosa, el derecho de tanteo y retracto, la expropiación, la potestad de inspección de la Consejería de Cultura, la evitación de la contaminación visual o perceptiva y la obligación de comunicar la realización de cualquier obra o intervención a la Consejería competente, entre otras.

Ante este nuevo marco jurídico que se presentaría para las más de 144.000 hectáreas de olivar incluidas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias plantearon, por un lado, la necesidad de una reunión técnica donde se expongan todas las consecuencias que tiene esta declaración para los olivareros afectados y, si los hay, se cuantifiquen los beneficios que puedan suponer para ellos. Y, por otro lado, que se hagan reuniones en las zonas afectadas para que sean los propios olivareros los que conozcan las consecuencias de primera mano y se manifiesten al respecto, ya que la caracterización de estos olivares no sólo afectará a la provincia de Jaén, sino también a zonas de Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz.

Las organizaciones agrarias firmantes no se opondrán, por tanto, a la candidatura a Patrimonio Mundial de los Paisajes del Olivar de Andalucía, siempre y cuando no conlleve la inclusión de 144.000 hectáreas de olivar en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Debe tenerse en cuenta que las citadas plantaciones olivareras son en primer lugar, y antes que cualquier otra cosa, explotaciones agrarias, cuya buena gestión privada por parte de sus agricultores no sólo permite su supervivencia, sino que además constituye la base de la economía de todo un sector agroalimentario que es a su vez la principal fuente de riqueza y empleo de más de 400 municipios de Andalucía.

En este sentido, las organizaciones consideran innecesario imponer restricciones y limitaciones a un sector productivo como el olivar para favorecer los intereses de otros sectores como el turístico, y menos bajo el pretexto de conservar un paisaje y una cultura por la que ya velan sus legítimos propietarios en virtud de su función primera y esencial, la obtención de la aceituna de la mejor calidad para la producción de aceite o para su transformación en aceituna de mesa.

Si Andalucía cuenta hoy con un envidiable “mar de olivos” es gracias al trabajo, al tesón y al esfuerzo de miles de olivareros que con su trabajo diario pelean por obtener rentabilidad de un cultivo vecero, sujeto a los avatares de la climatología, del mercado y de la PAC. Un sector que precisa mejorar las condiciones productivas, las infraestructuras -especialmente las hidráulicas-, la conectividad y todas aquellas cuestiones que redundan en la rentabilidad del cultivo y en la sostenibilidad del medio rural, desde el punto de vista económico, social y también medioambiental.

ASAJA y REPSOL han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar proyectos que tienen como eje central la economía circular para mejorar la sostenibilidad del campo. Ambas organizaciones compartirán su conocimiento y capacidades para buscar soluciones que mejoren la gestión de subproductos de la agricultura y la actividad ganadera en entornos rurales y poco poblados, donde la logística puede suponer una gran dificultad. Repsol analizará el potencial de estos residuos y subproductos como nueva materia prima para la fabricación de combustibles renovables y materiales circulares en sus complejos industriales.

Otra de las líneas de trabajo contempla la reutilización de subproductos procedentes de la industria del refino como fertilizantes en suelos agrícolas para incrementar su rendimiento y productividad.

Con estos proyectos ambas entidades promoverán la creación de nuevas cadenas de valor locales que inducen el empleo en esas zonas rurales y afectadas por la despoblación.

Para Repsol, la economía circular es una herramienta clave en su programa de transformación industrial que permite fabricar productos de alto valor añadido y con menor huella de carbono a partir de residuos de distinta naturaleza. Repsol está analizando más de 40 tipos de residuos y tecnologías para asegurar la producción de biocombustibles avanzados y materiales petroquímicos circulares con el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en el 2050.

ASAJA, que representa a más de 200.000 agricultores y ganaderos hace esta apuesta de futuro para que sus afiliados puedan beneficiarse de los proyectos de economía circular y aprovechamiento de residuos agrícolas y ganaderos para la producción de biometano y otros combustibles renovables, mejorando el valor de los subproductos y residuos agrarios.

Este acuerdo afianza la relación entre ASAJA y REPSOL y certifica el compromiso de ambas entidades con la transición energética y un desarrollo económico sostenible.