Las plagas y enfermedades ya no son episodios puntuales: se repiten cada año y comprometen la continuidad de muchas explotaciones

ASAJA-ANDALUCÍA DEMANDA UN FONDO PERMANENTE DE CRISIS QUE EVITE SOLUCIONES IMPROVISADAS

ASAJA-Andalucía valora el esfuerzo inversor, pero reclama a la Junta la creación urgente de un fondo permanente de crisis ante el aumento anual de plagas y enfermedades

ASAJA-Andalucía ha analizado en detalle el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, con especial atención a las partidas destinadas a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural y a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, por ser ambas decisivas para el presente y futuro del sector agrario, ganadero y forestal andaluz.

En su análisis, ASAJA-Andalucía reconoce el esfuerzo realizado en materia de inversión agraria, especialmente en agua, modernización y apoyo a los jóvenes, pero insiste en que el presupuesto 2026 debe acompañarse de agilidad administrativa, estabilidad en las ayudas y una estructura financiera permanente que permita afrontar crisis cada vez más frecuentes y severas.

El director general de ASAJA-Andalucía, Félix García de Leyaristy, que ha comparecido hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía para analizar el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, ha puesto de manifiesto que “las plagas y enfermedades ya no son episodios puntuales: se repiten cada año y comprometen la continuidad de muchas explotaciones”; por lo que ha instado a la Junta de Andalucía a contar con “un fondo estable y dotado, no soluciones improvisadas”.

La organización agraria valora que la Consejería de Agricultura vuelva a ser, un año más, la que mayor esfuerzo inversor concentra en el conjunto del presupuesto andaluz. Para 2026 gestionará 1.915,9 millones de euros, un 1% más que en 2025, y 1.519 millones corresponden exclusivamente a inversiones, lo que supone el 23,7% del total inversor de la Junta.

“El hecho de que casi uno de cada cuatro euros de inversión de toda la Junta recaiga en Agricultura demuestra el peso real del sector en Andalucía y la prioridad que representa para el Gobierno autonómico”, destaca ASAJA-Andalucía.

Dentro de estas inversiones, las políticas de agua -clave para la viabilidad de miles de explotaciones- vuelven a ser las más relevantes, con 801 millones de euros, de los cuales 655 millones corresponden a actuaciones directas en materia hídrica y 136 millones a modernización de regadíos y aguas regeneradas.

ASAJA-Andalucía subraya también la importancia del refuerzo presupuestario de líneas estratégicas como son: la ayuda a jóvenes agricultores, con 97,5 millones y 2.166 nuevas incorporaciones previstas; la modernización de explotaciones, con 30,2 millones; la sanidad animal, con 24,9 millones; los seguros agrarios, con 16,6 millones, y ya con el nuevo sistema de descuento automático en la contratación, una reivindicación histórica de ASAJA; la industria agroalimentaria, con 129 millones, incluyendo más de 4 millones para apoyo a la promoción exterior del sector.

La organización recuerda que en 2026 se contemplan 22,5 millones en ayudas excepcionales por daños en viñedo, olivar, pimiento y ganadería ovina y caprina, pero advierte que “estas ayudas ya no pueden seguir concibiéndose como excepcionales”.

La cruz para la Consejería de Sostenibilidad

Frente al avance de Agricultura, ASAJA-Andalucía muestra su preocupación por la caída del 18,5% en los fondos disponibles para la Consejería de Sostenibilidad respecto a 2025, tras agotarse el marco financiero anterior.

El recorte afecta especialmente al Programa 4.4.E de Gestión Forestal y Biodiversidad, que pierde 39% de su financiación, quedándose en apenas 33,4 millones para la gestión sostenible de los montes, la prevención de incendios y la lucha contra plagas forestales.

Felix García de Leyaristy advierte que esta reducción coincide con un contexto de incremento histórico de incendios, plagas y enfermedades en montes públicos y privados y recuerda que “sin inversiones estables en tratamientos selvícolas preventivos, el deterioro del medio forestal será cada vez más grave y más costoso de revertir”.

Asimismo, la organización reclama que el aumento de fondos en Prevención y Calidad Ambiental (+15%) se traduzca en una verdadera agilización de los procedimientos administrativos, especialmente en autorizaciones ambientales unificadas y evaluaciones ambientales, “cuya lentitud genera bloqueo e inseguridad jurídica”.

Tras el análisis presupuestario, ASAJA-Andalucía plantea a la Junta cinco reclamaciones esenciales para garantizar la eficacia y la equidad del gasto público en materia agraria, ganadera y forestal:

Además de la creación de un fondo permanente de crisis con fondos propios de la Junta, la petición más urgente y prioritaria para ASAJA-Andalucía; se necesita una mayor simplificación administrativa real y efectiva, puesto que, pese a los avances, la burocracia sigue siendo “claramente insufrible” para miles de explotaciones.

La ejecución ágil y completa de los fondos, especialmente en desarrollo rural y agroindustria. Una ejecución tardía o incompleta compromete inversiones vitales. Junto a esto, es necesaria una fiscalidad más competitiva, para mantener la capacidad de inversión del sector; y por supuesto, una mejor coordinación entre consejerías y organizaciones agrarias, imprescindible en materias transversales como agua, biodiversidad o sanidad vegetal.

La organización recuerda que en 2026 se contemplan 22,5 millones en ayudas excepcionales por daños en viñedo, olivar, pimiento y ganadería ovina y caprina, pero advierte que “estas ayudas ya no pueden seguir concibiéndose como excepcionales.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) denuncia que la revisión presentada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 constituye un ejercicio de maquillaje político y un intento de engaño tanto al Parlamento Europeo como al conjunto del sector agrario europeo.

Las modificaciones anunciadas no alteran de forma sustancial el fondo único ni la estructura financiera de la futura Política Agrícola Común (PAC), manteniendo los recortes presupuestarios, la pérdida de autonomía y la concentración de poder en la Comisión Europea. Esta supuesta flexibilidad no satisface las legítimas demandas del Parlamento ni de los Estados miembros, y se limita a una maniobra destinada a contener el malestar político sin ofrecer soluciones reales.

En el ámbito técnico y presupuestario, la introducción del denominado “Objetivo Rural”, que obliga a destinar al menos un 10 % de los recursos a zonas rurales, se presenta como un avance, pero oculta un recorte estructural del 17,6 % en los pagos básicos de la PAC y una reducción del 40 % en el fondo de desarrollo rural (NRPP). Los 40 millones de euros adicionales anunciados para programas LEADER e infraestructuras rurales resultan insuficientes frente a la magnitud de los recortes acumulados. Asimismo, el traslado de determinados artículos del Reglamento de los Programas Nacionales y Regionales (PNR) al Reglamento de Ejecución de la PAC, como las definiciones de agricultor activo, joven agricultor, agricultura ecológica o sistema de conocimiento e innovación agrícola, no resuelve el problema de fondo ni garantiza autonomía ni control presupuestario real.

ASAJA advierte que esta propuesta perjudica gravemente a la agricultura y ganadería españolas, limitando la capacidad de inversión en desarrollo rural, reduciendo los pagos directos y centralizando la toma de decisiones en los Estados miembros, en detrimento de las comunidades autónomas y de las organizaciones agrarias. Aunque el reconocimiento de un “Objetivo Rural” pueda considerarse un gesto político, no puede sustituir los fondos de la PAC ni justificar recortes estructurales. España, con su estructura territorial descentralizada y su fuerte representación regional, necesita garantías claras de participación efectiva en la elaboración, ejecución y seguimiento de los futuros Planes Nacionales y Regionales.

ASAJA exige al Parlamento Europeo la aprobación inmediata de una resolución de urgencia que rechace de manera contundente la propuesta de la Comisión y marque una posición firme en defensa del sector agrario. La organización advierte que el debate del próximo 12 de noviembre solo tendrá sentido si se traduce en medidas concretas, y que sin una resolución firme y vinculante no se avanzará en la defensa real de la PAC ni del campo europeo. ASAJA insta a todos los eurodiputados españoles y europeos a actuar con responsabilidad, pronunciarse públicamente contra el MFP 2028-2034 y votar en consecuencia.

Por último, ASAJA anuncia que el próximo 18 de diciembre el campo europeo se hará oír en Bruselas en una manifestación histórica, en la que agricultores y ganaderos de toda Europa exigirán una PAC con presupuesto propio, objetivos claros y autonomía real. Asimismo, ASAJA exige al Gobierno de España que vote en contra de la propuesta del MFP durante el Consejo Europeo del 18 de diciembre, defendiendo con determinación los intereses de la agricultura y la ganadería españolas y oponiéndose a un modelo presupuestario que pone en riesgo la sostenibilidad y autonomía del sector.

La joven ganadera Mónica Domínguez García, de Valdefuentes de Sangusín (Salamanca), ha sido reconocida con el Premio Joven Agricultor del Año 2025 que concede ASAJA en el marco del XI Congreso Joven Agricultor, celebrado en EXPO SAGRIS (IFEMA Madrid).

Domínguez, que también ha recibido el Premio Compromiso Social, lidera el proyecto “Agricultura y apicultura sostenibles en Valdefuentes de Sangusín”, un modelo que integra ganadería extensiva, apicultura y agricultura sostenible, combinando tradición, tecnología y respeto por el medio ambiente. Su iniciativa ha sido valorada por el jurado “por convertir una explotación tradicional en un referente integral de sostenibilidad, innovación y compromiso social, capaz de inspirar el relevo generacional”.

Mónica Domínguez será además la representante de España en el Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores, que se celebrará el próximo 19 de noviembre en Bruselas, donde presentará su proyecto ante jóvenes de toda Europa.

Otros premios entregados

El Premio al Mejor Proyecto de Eficiencia Energética y Tecnológica ha recaído en Nerea del Río, joven agricultora de Robladillo de Ucieza (Palencia), por su iniciativa “Ovejas y ríos”, un modelo de ganadería semi-extensiva autosuficiente que demuestra que la eficiencia energética también tiene rostro rural. El jurado ha destacado su capacidad para integrar innovación, sostenibilidad y bienestar animal.

En la categoría Mejor Proyecto Digital, los galardonados han sido Lucía Ortiz Montes y Aarón Vallines Gutiérrez, jóvenes ganaderos de Barcenaciones y San Vicente de la Barquera (Cantabria), por su proyecto “Ganadería Ibiolimusin”, una explotación tradicional transformada en referente de digitalización y sostenibilidad en el sector.

El Premio Compromiso Social también fue concedido a Mónica Domínguez, por integrar agricultura, apicultura y ganadería extensiva en un modelo de equilibrio entre innovación, medio ambiente y desarrollo rural.

Finalistas de la XI edición

Durante la ceremonia, ASAJA entregó diplomas a los finalistas, seleccionados entre más de una treintena de proyectos procedentes de todas las comunidades autónomas, reflejo del talento y la vitalidad del campo español.

Los finalistas de esta edición fueron:

• Mercedes López Rey, joven apicultora de Mora (Toledo), con el proyecto “Montes de Toledo”, ejemplo de apicultura moderna y sostenible.
• José David Díaz Mohedano, agricultor de Córdoba, con “Inspira Rural”, iniciativa de recuperación de productos singulares con identidad local.
• Elsa García Barbero, ganadera de Ávila, con “Campus Dehesa Viva”, un proyecto que combina ganadería, sostenibilidad y educación ambiental.
• María del Rosario Anguita Higueras, de Los Villares (Jaén), con “Raíces Vivas en el Valle de Otíñar”, centrado en la conservación de razas autóctonas y el turismo rural activo.
• Álvaro Martínez de las Peñas, agricultor de Valdelaguna (Madrid), por su finca de olivar ecológico y sostenible.
• Álvaro Mascort, citricultor de Valencia, con “Huerto de Santa Amelia”, ejemplo de mecanización y eficiencia hídrica.
• José Ramón Montoya, ganadero de Córdoba, con “Verdecer”, un sistema innovador de pastoreo que optimiza los recursos y mejora la sostenibilidad del territorio.

Un reconocimiento al futuro del campo

El acto, presidido por Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA, y la eurodiputada Carmen Crespo, se celebró tras la clausura del Congreso Joven Agricultor, en el marco de EXPO SAGRIS.

Sobre los Premios Joven Agricultor ASAJA

Los Premios Joven Agricultor ASAJA cumplen once ediciones reconociendo el talento, la innovación y la sostenibilidad de jóvenes agricultores y ganaderos de toda España. Estos galardones, patrocinados por Philip Morris España, Bayer y Semilla Certificada, forman parte del compromiso de ASAJA con el relevo generacional y la visibilización del papel de los jóvenes en el medio rural.

La norma, pactada con UPA y Unión de Uniones, desoye las reivindicaciones de ASAJA y supone una nueva carga burocrática para los agricultores y ganaderos

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 1051/2022 sobre nutrición sostenible de los suelos agrarios, una norma pactada con UPA y Unión de Uniones que, según ASAJA, desoye las reivindicaciones del sector y supone una nueva carga burocrática para agricultores y ganaderos.

El Real Decreto, publicado en el BOE, establece nuevas obligaciones en materia de fertilización, entre las que destaca la obligación de contar con un plan de abonado a partir del 1 de enero de 2026 para las explotaciones en regadío cuyos cultivos se siembren o planten entre el 1 de marzo y el 30 de junio, y desde el 1 de septiembre de 2026 para el resto.

Además, el registro mensual de todas las labores de fertilización en el cuaderno de explotación, ya sea en papel o en formato digital, también será obligatorio desde el 1 de enero de 2026, con una serie de excepciones contempladas en la norma.

El asesoramiento técnico obligatorio en materia de fertilización será exigible un año después de esas fechas en las unidades de producción situadas en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, y dos años más tarde en el resto de zonas.

Asimismo, se modifican los requisitos relativos a la aplicación de estiércoles en determinadas zonas donde no es posible realizarla de forma localizada, salvo en parcelas de menos de una hectárea que no sean colindantes con otros recintos de la misma explotación. También se precisan los criterios sobre el cómputo de los pastos comunales en la superficie total de las explotaciones.

ASAJA lamenta que el Ministerio de Agricultura haya ignorado las propuestas de simplificación planteadas por la organización, entre ellas la de excluir de estas obligaciones a las explotaciones de regadío de hasta 15 hectáreas y a las de secano de hasta 30 hectáreas.

La organización agraria expresa además su preocupación por que esta norma abra la puerta a futuras inspecciones técnicas de abonadoras y aperos utilizados en fertilización, una medida que considera injustificada, dado que la mayoría de las zonas agrícolas ya cumplen la normativa de zonas vulnerables por contaminación de nitratos.

ASAJA también había solicitado suprimir la obligación de registrar la fertilización en un plazo máximo de un mes, por considerarla una presión burocrática innecesaria. En este sentido, la organización propuso que la aplicación del Real Decreto se retrasara hasta que el Ministerio publicara las guías de buenas prácticas en fertilización y pusiera en marcha un programa formativo para divulgarlas entre los agricultores y ganaderos.

Entre otras demandas, ASAJA reclamó la reducción de la burocracia para las personas que suministran estiércoles a terceros, el reconocimiento oficial por parte de las administraciones —central o autonómicas— de un programa informático gratuito que permita realizar los planes de abonado sin necesidad de contratar un asesor en fertilización, y la supresión del actual régimen sancionador, que prevé la aplicación simultánea de hasta siete leyes, dos reales decretos y las normativas autonómicas correspondientes, sin perjuicio de posibles responsabilidades civiles, penales, medioambientales o de otro orden.

ASAJA insiste en que el sector agrario ya cumple sobradamente los estándares medioambientales exigidos por la Unión Europea y considera que esta nueva normativa no aporta soluciones reales, sino que incrementa los trámites, costes y cargas administrativas para los profesionales del campo.

Pide al Parlamento Europeo rechazar el acuerdo con Marruecos por vulnerar el derecho internacional

ASAJA ha participado esta semana en el Grupo de Diálogo Civil sobre Frutas y Hortalizas y en el Grupo de Diálogo Civil sobre Aspectos Internacionales de la Comisión Europea, donde ha mostrado su indignación por la forma en que la Comisión y los Estados miembros —especialmente España y Francia— han negociado la renovación por vía exprés del acuerdo comercial con Marruecos.

Desde ASAJA se ha denunciado ante la Comisión Europea que esta renovación ignora los principios básicos de transparencia y respeto al derecho internacional, al tiempo que reproduce los mismos errores que llevaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a anular el acuerdo anterior. La organización advierte de que este nuevo pacto no responde a las realidades actuales del comercio internacional, dejando de lado compromisos fundamentales como el cumplimiento del Acuerdo de París, la Ley la Deforestación o las exigencias medioambientales y sociales que se imponen a los productores europeos.

Asimismo, ASAJA lamenta que no se incluyan mejoras en la coordinación de los controles fronterizos, lo que permitirá seguir detectando, con escasa eficacia, productos tratados con fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea. Tampoco se contempla ninguna garantía en materia laboral o de derechos sociales, generando una competencia desleal para los agricultores europeos que sí cumplen con la normativa comunitaria. Esta situación afecta especialmente a los productores de España, Portugal, Italia, Grecia y Francia, que comparten una estructura agraria similar y sufren directamente la entrada de productos de terceros países con menores exigencias normativas. Según datos de la propia Comisión Europea, apenas el 0,0082 % de las importaciones son inspeccionadas en las aduanas, un nivel de control tan bajo que pone en entredicho la seguridad alimentaria y la igualdad de condiciones en el mercado europeo.

La organización considera que lo realizado por la Comisión Europea es un ejercicio de equilibrismo político, que evita deliberadamente consultar al pueblo saharaui y que, de forma cínica, utiliza fondos europeos para financiar la modernización de regadíos e infraestructuras agrícolas en los territorios ocupados, favoreciendo así la producción y exportación de productos que se benefician injustamente de las preferencias arancelarias.

ASAJA recuerda que la propia Comisión Europea es consciente de que, en el pasado, Marruecos ha triangulado productos procedentes del Sáhara Occidental para introducirlos dentro de los contingentes comerciales asignados, eludiendo así los aranceles y normas de origen.

Por todo ello, ASAJA reitera su rechazo total al acuerdo y llama al Parlamento Europeo y a los eurodiputados a rechazar frontalmente su ratificación, al considerar que vulnera el principio de equidad, compromete la seguridad alimentaria europea y contradice las resoluciones internacionales sobre el estatus del Sáhara Occidental.

Estas plagas del cultivo del almendro no han sido incluidas en la convocatoria de ayudas de minimis anunciadas por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera para distintos sectores por situaciones excepcionales, aun siendo declaradas oficialmente en Granada y ocasionado también graves pérdidas. Consideramos que se produce una desigualdad de trato con nuestra provincia y exigimos que la Junta de Andalucía muestre la misma sensibilidad que ha mostrado con los demás cultivos acogidos a las ayudas.

ASAJA GRANADA ha solicitado formalmente a la Secretaría General de Agricultura de la Junta de Andalucía que se incluyan las plagas de la avispilla del almendro (Euritoma amygdali Enderlein) y el gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis) que afectan a la provincia de Granada en las ayudas de minimis que la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera anunció para finales de octubre o principios de noviembre con el fin de paliar los daños ocasionados por plagas y enfermedades excepcionales en distintos sectores: el mildium en el viñedo, generalizado en toda Andalucía; el algodoncillo en el olivar, en varios municipios de la provincia de Jaén; el thrips parvispinus en el pimiento en la zona de El Ejido (Almería) o la lengua azul en el ovino.

Ambas plagas han sido declaradas oficialmente por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera: la de la avispilla del almendro mediante Resolución del 15 de abril de 2025 y la del gusano cabezudo mediante dos resoluciones del 15 de septiembre de 2025 y 16 de septiembre de 2025, respectivamente. En ellas se han establecido medidas fitosanitarias obligatorias y la posibilidad de tratamientos excepcionales en producción ecológica sin penalización en las ayudas agroambientales de la PAC, con la exigencia de iniciar un nuevo periodo de conversión, todo lo cual no resulta suficiente ni para atajar las plagas ni para compensar las pérdidas. Con respecto a la avispilla del almendro ha provocado pérdidas de más del 50% de la cosecha en las explotaciones afectadas, en una superficie estimada de 5.000 hectáreas de los municipios de Orce, Galera, Cúllar y Huéscar. El gusano cabezudo, por su parte, muestra una expansión creciente y está causando daños graves en la zona norte: Guadix, Baza, Huéscar y en la comarca de Alhama-Temple, donde algunos agricultores se han visto obligados incluso a arrancar árboles debido a los daños irreversibles en los almendros.

Nuestra organización agraria ha reclamado, en concreto, que los agricultores afectados no queden excluidos en la próxima convocatoria de ayudas de mínimis, especificando que, si por razones de tramitación o calendario esto no fuera posible que se contemplen en siguientes convocatorias. Consideramos que se produce una desigualdad de trato y exigimos que la Junta de Andalucía actúe con la misma sensibilidad que ha mostrado con otros cultivos acogidos a las ayudas y asegure, así, la viabilidad del cultivo del almendro en la provincia de Granada.

ASAJA exige al Gobierno de España que adopte la prórroga y defienda en Bruselas un aplazamiento indefinido, garantizando una transición justa y realista para los agricultores En consecuencia, insta al Gobierno la revisión urgente del Real Decreto para establecer la nueva fecha de aplicación.

La asociación agraria celebra que la Comisión Europea haya aprobado, durante la última reunión del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos ( SCoPAFF) sobre legislación fitofarmacéutica, la ampliación del plazo para la obligatoriedad del cuaderno de explotación digital para los fitosanitarios. Esta medida, que se incorporará mediante la modificación del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564, permitirá a los Estados miembros posponer la obligación del 1 de enero de 2026 al 1 de enero de 2027.

Esta decisión, confirmada verbalmente al Copa-Cogeca por la Comisión, supone una gran noticia para el sector agrario europeo y, en particular, para el español. ASAJA subraya que este avance ha sido posible gracias al intenso trabajo de representación y presión llevado a cabo dentro de Copa-Cogeca, donde ASAJA ostenta la vicepresidencia del Grupo de Trabajo de Sanidad Vegetal a través de Miguel Minguet.

Hace tan solo seis meses, la Comisión consideraba “poco factible” aprobar un retraso de un año en la entrada en vigor de esta obligación. Sin embargo, la labor de lobby conjunta de Copa-Cogeca y ASAJA ha conseguido revertir esta postura, logrando que se introduzca una cláusula de flexibilidad que proporciona seguridad jurídica y margen de adaptación a los agricultores profesionales de toda la Unión Europea.

Tras este resultado en el SCoPAFF, ASAJA exige al Gobierno de España que adopte formalmente esta prórroga y se acoja a la posibilidad de retrasar la obligación hasta 2027. No obstante, la organización reclama un aplazamiento indefinido de la medida hasta que existan garantías reales de transición, con condiciones adecuadas para su aplicación en el medio rural.

ASAJA advierte de que, a día de hoy, no todos los agricultores disponen de conexión a internet suficiente, especialmente en zonas rurales con brecha digital, ni cuentan con el asesoramiento ni la formación necesarios, especialmente entre los agricultores de mayor edad. Además, la organización recuerda que esta obligación no puede suponer una carga administrativa adicional para los productores.

Desde ASAJA indicamos que este es un paso muy importante para reducir la incertidumbre del sector sobre este asunto e igualmente debe ir seguido de un desarrollo práctico del contenido de la reglamentación europea (rgto de ejecución 2023/564), que en el caso español se ha planteado con una carga administrativa compleja e inasumible para las explotaciones (tipo de formato electrónico, plazos de comunicación de datos, etc) que se debe evitar de cara a su futura implementación.

Por último, ASAJA insta a las comunidades autónomas y a sus consejerías de Agricultura a presionar al Gobierno central para que haga oír la voz del campo español y defienda esta posición a nivel comunitario.

ASAJA, Farm Europe y Eat Europe acogen con satisfacción el paso adelante para fortalecer la posición de los agricultores en la cadena de suministro agroalimentaria y defender la transparencia y la protección de los consumidores, tras la adopción por parte del Parlamento Europeo del informe de la eurodiputada Céline Imart, que modifica la reforma de la organización común de mercados única (OMC). Este informe es crucial dado que recoge propuestas clave para reequilibrar el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario y proteger mejor a los agricultores de la UE, en el contexto de la reforma de la organización común de mercados (OCM).

Mediante la aprobación de este informe, el Parlamento Europeo adopta una postura decidida a favor del etiquetado, la transparencia en el origen de los productos, la protección de los consumidores y la puesta en valor de las cooperativas por sus estándares justos. En el contexto actual, donde ciertas prácticas comerciales difuminan las diferencias entre productos tradicionales de origen animal y sus alternativas vegetales o cultivadas en laboratorio, se considera prioritaria la puesta en marcha de un marco normativo sólido y exhaustivo para salvaguardar las denominaciones de los productos cárnicos, especialmente en lo referente a términos esenciales como «hamburguesa», «salchicha» y «filete», utilizados habitualmente de forma inadecuada en la comercialización de imitaciones.

Es importante también la aprobación de la enmienda destinada a promover y mejorar el valor de los productos agrícolas europeos, dando prioridad a los productos alimenticios y agrícolas originarios de la Unión, en particular los productos locales y de temporada, en los contratos públicos.

Pagos complementarios de crisis y condicionalidad

Por otro lado, ASAJA y el COPA- COGECA celebran que el Parlamento Europeo, tras las movilizaciones agrarias del año pasado, haya rechazado la introducción de los nuevos pagos complementarios de crisis para los agricultores tras catástrofes naturales, fenómenos climáticos adversos o catástrofes como nueva intervención en el marco de los pagos directos, sin financiación adicional. La reserva agrícola debe seguir prestando apoyo a los agricultores que se vean afectados por estos acontecimientos. Lamentan, sin embargo, que no se haya eliminado la condicionalidad social de la PAC, que supone una doble penalización. La política social sigue siendo competencia de los Estados miembros, con su propio sistema de sanciones específico y fiable, y debe permanecer en ese nivel. ASAJA exige al Gobierno de España que elimine esa doble penalización.

Exige la desestimación de la declaración de Parque Natural o una revisión profunda que garantice la sostenibilidad social y económica del territorio. Desde los inicios del proyecto en 2021, nos hemos manifestado en contra, dado que no aporta mejoras significativas a un territorio ya protegido como ZEC y Red Natura, impone duras restricciones a la actividad agrícola y ganadera y no cuenta con el consenso social.

ASAJA GRANADA ha presentado dentro del plazo establecido que finalizó el pasado 3 de octubre, sus alegaciones al borrador preliminar del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de la Sagra, promovido por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Nuestra organización comparte plenamente los objetivos de conservación del medio natural, pero considera que el texto sometido a información pública impone un marco de restricciones excesivo y desproporcionado sobre la actividad agroganadera, que constituye la base económica, social y cultural de la comarca de Huéscar y La Puebla de Don Fadrique. Esta posición en contra del proyecto la hemos manifestado desde que se inició el procedimiento administrativo, en el año 2021, sin variar desde entonces nuestros argumentos.

El espacio, con unas 46.000 hectáreas —de las cuales el 75% son de propiedad privada—, ya cuenta desde 2015 con la figura de Zona Especial de Conservación (ZEC) e integración en la Red Natura 2000, por lo que dispone de un nivel de protección ambiental elevado y suficiente. La conversión en Parque Natural no aportaría mejoras sustanciales en materia de conservación, pero sí supondría una carga añadida de limitaciones administrativas y restricciones de uso que comprometerían la continuidad de la actividad agraria y ganadera, así como el mantenimiento de la población en el territorio.

Es de reseñar que el borrador del Plan dedica un espacio mínimo a la caracterización del sector agrario —tan solo dos páginas de un documento de 169—, sin reflejar su peso real en la configuración del paisaje y en el equilibrio ecológico. Tampoco se realiza una evaluación rigurosa del impacto socioeconómico que estas medidas tendrían sobre los agricultores y ganaderos locales, ni se contemplan mecanismos de compensación. Esta falta de valoración evidencia una carencia de enfoque integral y un claro desequilibrio entre los objetivos ambientales y los sociales.

El Plan incurre, además, en claras contradicciones internas: proclama objetivos de sostenibilidad, cohesión territorial y conservación del paisaje mientras impone normas que comprometen directamente la continuidad del modo de vida rural; otorga mayor flexibilidad a usos turísticos que pueden generar una presión ambiental considerable mientras se endurecen las condiciones de desarrollo agrario; se prohíben o limitan prácticas tradicionales que históricamente han contribuido a la estabilidad del ecosistema, como la ganadería extensiva, las quemas controladas o el mantenimiento de bancales, sin ofrecer alternativas de manejo que permitan mantener el equilibrio ecológico y cultural del entorno.

Por todo ello, solicitamos que se desestime la declaración de Parque Natural, al no aportar mejoras significativas a un territorio ya protegido e imponer restricciones que afectarían negativamente a la actividad agroganadera y la sostenibilidad socioeconómica de la comarca, además de no contar con el consenso social. Y, en caso de que el procedimiento continúe, que se revise profundamente el Plan para reconocer y valorar el papel del sector agrario y ganadero, garantizar la compatibilidad de su actividad con la conservación ambiental, evaluar el impacto socioeconómico sobre la población local, simplificar cargas administrativas y establecer un marco flexible de gestión basado en buenas prácticas consensuadas, incluyendo medidas de apoyo y compensación y la participación del sector en la gestión del espacio protegido.

ASAJA expresa su firme oposición a los intentos de la Unión Europea de cerrar un nuevo acuerdo comercial con Marruecos que concede preferencias arancelarias a los productos procedentes del Sáhara Occidental. La OPA advierte de que dicho pacto sienta un peligroso precedente, socava la equidad del mercado y pone en tela de juicio el respeto de la UE por las resoluciones internacionales.

Una de las principales preocupaciones es el mecanismo de etiquetado propuesto, ya que la creación de un nuevo código o designación para los productos saharauis, presentándolos como si fueran de origen marroquí, constituye un engaño para los consumidores y un acto de competencia desleal para los productores europeos. Este sistema permite que las mercancías entren en el mercado de la UE sin pagar los aranceles legalmente exigibles. La organización pide un etiquetado de origen obligatorio, claro y verificable, que garantice la plena trazabilidad y evite prácticas fraudulentas en las fronteras de la UE.

Más allá de las implicaciones comerciales, ASAJA recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo y jurídicamente distinto de Marruecos. Por lo tanto, ninguna inversión o flujo financiero puede sustituir el derecho del pueblo saharaui a determinar libremente su propio futuro. Confundir el apoyo financiero con el consentimiento democrático representa un grave error político y jurídico.

Por lo tanto, instamos a las instituciones de la UE a que reconsideren el acuerdo en su forma actual y exigimos tanto la plena transparencia en el etiquetado de los productos como el respeto de los derechos políticos y jurídicos del pueblo saharaui, de modo que la política comercial de la UE siga siendo coherente con los principios de equidad, responsabilidad y primacía del Derecho internacional.

ASAJA GRANADA señala que a pesar de las buenas expectativas al inicio de campaña determinadas condiciones como heladas, lluvias tardías de primavera, olas de calor o la incidencia localizada de la avispilla han influido en la merma de la cosecha prevista.

La cosecha de la almendra en la provincia de Granada, iniciada a finales de agosto entra en su última fase y concluirá entre finales de septiembre y principios de octubre. La campaña arrancó con buenas expectativas registrándose rendimientos de hasta 1.000 kilos/ha en las explotaciones más productivas y en torno a 600 kilos/ha de media en la zona norte (Guadix, Baza y Húescar), la de mayor superficie de almendros y volumen. Sin embargo, en las zonas altas como Alhama y en el sur de la provincia, Valle de Lecrín, Nigüelas, Dúrcal y Padul, la cosecha ya se preveía media-baja.

Las estimaciones iniciales apuntaban a una producción superior a las 35.000 toneladas de almendra en cáscara (10.500 toneladas en pepita), una cifra cercana a la media registrada entre 2020 y 2023. Finalmente, la campaña podría cerrar en niveles próximos a las 28.394 toneladas de 2024 (equivalentes a unas 8.500 toneladas en pepita) o incluso por debajo. Entre los factores condicionantes en la merma de la cosecha inicial prevista destacan las heladas, las lluvias tardías de primavera que lavaron la flor, las olas de calor y la incidencia localizada de la avispilla del almendro.

En el plano económico, los precios están ofreciendo cierto alivio a los productores, situándose en una horquilla de entre 5 y 6 euros por kilo. La diferencia entre la almendra convencional y la ecológica ha sido mínima en esta campaña.

La plaga de la avispilla del almendro

El Servicio de Sanidad Vegetal alertó en abril de 2024 de la presencia de la avispilla del almendro en la provincia de Granada. Un año después, la Junta de Andalucía la declaró plaga oficialmente mediante resolución publicada en el BOJA el 15 de abril de 2025, estableciendo medidas fitosanitarias de obligado cumplimiento.

La plaga se ha localizado en un área de influencia de unas 5.000 hectáreas en los municipios de Orce y Huéscar, aunque las pérdidas directas se concentran solo en unas 2.000 hectáreas. En estas parcelas, el daño es muy elevado, con pérdidas que oscilan entre el 60% y el 90% de la cosecha. El insecto vector afortunadamente no se ha expandido de forma generalizada porque presenta una capacidad de dispersión territorial limitada y no incide por igual en todas las variedades, concentrándose en aquellas de cáscara blanda y brotación tardía.

La estrategia de control se basa fundamentalmente en medidas preventivas como la destrucción de frutos dañados que permanecen en la copa o en el suelo tras la cosecha, la limpieza de equipos de recolección y almacenamiento o la restricción o prohibición del traslado de almendras y mondas desde zonas infestadas, además de la aplicación de determinados productos fitosanitarios autorizados por el MAPA. En producciones ecológicas se emplean piretrinas naturales y aceite de parafina, mientras que, en convencional, se emplean materias activas como lambda cihalotrin y spirotetramat.

ASAJA GRANADA advierte, no obstante, de que los productos autorizados en ecológico no resultan suficientemente eficaces y con respecto a los productos fitosanitarios convencionales que sería necesario autorizar también su uso en la campaña 2026. Por otro lado, plantea a la Administración autonómica que en las parcelas en ecológico afectadas se puedan utilizar excepcionalmente materias activas convencionales posibilitando que los beneficiarios sigan cobrando las ayudas agroambientales de la PAC, aunque suponga de facto la salida de la vía ecológica en el mercado y someterse a un nuevo periodo de conversión.

Por último, subraya que los agricultores están cumpliendo con las medidas de control obligatorias, al ser los primeros interesados en frenar la plaga y proteger sus plantaciones, y recuerda que la responsabilidad no recae únicamente en los productores reclamando a la Administración que actúe también sobre los almendros situados en zonas de dominio público, como cunetas y caminos, que son de su competencia y pueden convertirse en reservorios de la avispilla si no se tratan adecuadamente.

La sede de la Confederación de Empresarios acogió ayer la Jornada organizada por ASAJA Granada bajo el título “¿Las ETT: una solución para la contratación de trabajadores del campo?”, un encuentro que tuvo como objetivo ofrecer a los agricultores una posible vía de solución al grave problema de la falta de mano de obra en las campañas de recolección, empezando por la más inmediata y de mayor importancia en la provincia, como es la de la aceituna.

El presidente de ASAJA GRANADA, José Hita Castro, y el secretario general, Manuel del Pino López, abrieron el acto recordando las dificultades de los sistemas tradicionales de contratación: las bolsas del paro, con demandantes que en muchos casos rechazan trabajar en el campo; la contratación en origen, con trámites burocráticos y altos costes y los recursos propios de los agricultores con cuadrillas de campañas anteriores o búsquedas particulares que resultan cada vez más inseguras e insuficientes porque no siempre garantizan la disponibilidad de trabajadores ni la continuidad necesaria para afrontar campañas completas.

A continuación, intervinieron los representantes de Adecco, Randstad y Manpower, tres de las principales empresas de trabajo temporal con división agro e implantación en todo el territorio nacional.

El director de la Delegación en Granada de ADECCO, José Antonio Puertas, recalcó que las ETT son un complemento a la contratación que da soporte al agricultor, pero que no lo sustituye al 100% en cuanto a la responsabilidad legal y explicó que los llamados “contratos de puesta a disposición” de las ETT están consolidados en Murcia o en provincias como Huelva, aunque apenas se emplean en Granada. Su fuerte reside en la bolsa de trabajadores residentes que van desplazando entre regiones según la actividad. Subrayó el valor añadido que aportan estos contratos a través de equipos especializados, formación previa y proyectos innovadores, como su programa VIPO, que enseña tareas agrícolas con realidad virtual a los trabajadores con el fin de atraer a los jóvenes al campo.

Desde RANDSTAD, Eva Miquel, directora de Zona de Andalucía Oriental y Baleares, incidió, asimismo, en el concepto de riesgo compartido entre ETT y agricultor, remarcando que la empresa agraria debe informar bien y asumir sus responsabilidades. Su apuesta es captar sobre todo el talento local y cercano y para ello, explicó, utilizan todos los canales posibles —redes sociales, ferias, escuelas o plazas de pueblos—. Además, complementan su oferta con servicio de asesoramiento, prevención de riesgos y herramientas digitales que permiten gestionar contratos y altas en la nube con total agilidad.

Por su parte, Ángel Cabezuelo, Branch Manager de la Oficina de Málaga de MANPOWER, defendió que las ETT ofrecen soluciones a los grandes retos estructurales del sector, como la temporalidad, el absentismo, la dificultad de encontrar perfiles o el relevo generacional. Recalcó que la relación con el empresario es mercantil y triangular —ETT, empresa agraria y trabajador—, en la que la dirección corresponde siempre al agricultor. Y subrayó, ante todo, que no son una empresa de servicios ni una entidad financiera, sino un socio en recursos humanos que aporta selección, formación, tecnología y flexibilidad, siempre con respaldo jurídico.

Con esta jornada, ASAJA GRANADA ha querido abrir un espacio de reflexión y dar a conocer alternativas que, sin ser definitivas, aportan herramientas inmediatas para aliviar la falta estructural de mano de obra que cada año amenaza el desarrollo de las campañas agrícolas. Las tres ETT coincidieron en señalar que no son la solución total a la falta de mano de obra, pero que sí pueden ser una parte importante. Todas defendieron la idea del riesgo compartido, el valor de las garantías jurídicas que ofrecen, el control del absentismo y la formación del trabajador, así como el uso de las tecnologías en su quehacer.

ASAJA ha valorado positivamente que los grupos parlamentarios hayan votado en contra de la propuesta de reducción de la jornada laboral, una medida que la organización siempre ha considerado inviable para el sector agrario.

“El campo no depende de horarios fijos, sino de factores naturales como el clima, el ciclo de los cultivos o el cuidado de los animales. Imponer una norma rígida desde los despachos sería un duro golpe para agricultores y ganaderos”, ha explicado Juan José Álvarez Alcalde, secretario de Organización de ASAJA.

Desde ASAJA se subraya que esta medida incrementaría los costes laborales en un sector ya asfixiado por las subidas del SMI, las cotizaciones sociales, la burocracia y las exigencias medioambientales. Además, obligaría a contratar más personal en un momento en el que ya resulta muy difícil encontrar mano de obra disponible para el campo.

ASAJA insiste en que deben ser los convenios colectivos los que definan, con flexibilidad y conocimiento de la actividad, las condiciones laborales en el medio rural. De lo contrario, se estaría legislando de espaldas al mundo agrario, con graves consecuencias para la viabilidad de miles de explotaciones familiares y para la competitividad del sector productor español.

“Estamos ante una medida que no tiene en cuenta la realidad del campo y que también acabaría repercutiendo en el consumidor, al aumentar los costes de producción y los precios”, ha advertido Juan José Álvarez.

Cómo fue la votación en el Congreso

El miércoles 10 de septiembre, el Congreso de los Diputados rechazó el proyecto de ley para reducir la jornada laboral impulsado por el Ministerio de Trabajo.

Junts, PP y Vox sumaron sus votos para sacar adelante las enmiendas a la totalidad, lo que supuso un duro golpe para la vicepresidenta Yolanda Díaz y para el PSOE, que respaldaba la medida.

Con este resultado, la tramitación de la ley quedó frenada en seco, dejando en suspenso la propuesta de reducir progresivamente la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

La ejecutiva de la OPA reclama más más apoyo a la PAC, un plan de choque contra los costes de producción y medidas urgentes frente a los incendios, la sequía y la competencia desleal en frontera

El Comité Ejecutivo de ASAJA, encabezado por su presidente, Pedro Barato, se reunió el pasado 11 de septiembre con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y su equipo, para analizar las principales prioridades de agricultores y ganaderos españoles para los próximos meses, con especial atención a la reforma de la PAC y al Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea.

En el encuentro ASAJA trasladó una batería de propuestas y reclamaciones que considera prioritarias para garantizar la viabilidad del campo español en los próximos meses.

   • Incendios forestales. La organización reclamó la declaración inmediata de “zonas catastróficas” en las áreas afectadas, junto a un paquete de ayudas directas, fiscales y líneas de crédito para agricultores y ganaderos que han sufrido pérdidas.

   • Política Agraria Común (PAC). ASAJA expresó su rechazo al recorte presupuestario y a lo que considera una renacionalización encubierta de la política agraria. La organización defendió mantener los dos pilares, reforzar la financiación comunitaria y simplificar los trámites burocráticos. Igualmente expresó su rechazo al techo de ayudas y a los pagos regresivos en la futura PAC por ir en contra del modelo profesional que defendemos.

   • Celebración de la postura del Ministerio. ASAJA valoró positivamente que el ministerio, con su titular a la cabeza, se oponga a la actual propuesta del Marco Financiero Plurianual —que, según cálculos oficiales, podría suponer un recorte del 20 %— y a la propuesta de la futura PAC, cuestionada tanto en la forma como en el contenido.

   • OCM y sectores. La organización apoyó las enmiendas aprobadas en el Parlamento Europeo para reforzar la posición de los agricultores e insistió en la necesidad de medidas urgentes para la ganadería, el vino y el cereal, con especial atención a la sanidad animal y al sobrecoste de los insumos.

   • Costes de producción. ASAJA reclamó la puesta en marcha de un plan de choque que amortigüe el impacto de la subida del SMI, la energía, los fertilizantes y la maquinaria, factores que asfixian las cuentas de las explotaciones.

   • Agua. La organización pidió una apuesta política firme por nuevas infraestructuras hidráulicas, el impulso al regadío y el desarrollo de una Estrategia de Resiliencia Hídrica que garantice suministro en periodos de sequía.

   • Cuestiones horizontales. Se subrayó la necesidad de facilitar el relevo generacional con mayores apoyos económicos, garantizar el acceso a fitosanitarios eficaces y avanzar en el desarrollo de Nuevas Técnicas Genómicas.

   • Comercio internacional. ASAJA mostró su rechazo a los acuerdos con Mercosur, Estados Unidos, Ucrania y Moldavia, al entender que generan competencia desleal frente a producciones que no cumplen los estándares europeos. Exigió, además, reforzar los controles en frontera y asegurar la reciprocidad normativa en materia de seguridad alimentaria.

   • POSEI. La organización reclamó el cumplimiento de los pagos pendientes y la garantía de los fondos destinados a los productores de Canarias en el marco del programa específico para las regiones ultraperiféricas.

Compromiso de ASAJA

La directiva de ASAJA recordó que seguirá defendiendo con firmeza a los agricultores y ganaderos españoles en todos los foros, exigiendo que las políticas públicas se adapten a la realidad del campo y garanticen la viabilidad de las explotaciones. ASAJA remarcó que está al servicio de sus asociados para proteger sus intereses, impulsar el relevo generacional y asegurar un futuro competitivo y sostenible para la agricultura y la ganadería de nuestro país.

ASAJA considera que la aplicación provisional del acuerdo comercial con Mercosur por parte de la Comisión Europea es una maniobra para ocultar el fracaso del marco transatlántico con Estados Unidos. Según Pedro Barato, presidente de ASAJA Nacional, la capital europea intenta desviar la atención cerrando deprisa y de manera unilateral un acuerdo que lleva más de 25 años bloqueado.

La organización agraria denuncia que esta fórmula supone una usurpación de las competencias del Consejo, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Al separar la parte comercial, que la Comisión aplica de inmediato, de la parte política, se deja en suspenso lo único positivo del acuerdo: la obligación de cumplir con los compromisos climáticos de París, la normativa contra la deforestación o las reglas de carbono en frontera. “De esta manera nos quedamos con un acuerdo puramente comercial que hace imposible competir con los modelos productivos de Mercosur. Sin garantías políticas y ambientales, los agricultores y ganaderos europeos estamos en clara desventaja”, ha advertido Pedro Barato.

Para ASAJA, la Comisión ha optado por sacrificar la agricultura europea en aras de un rédito político inmediato. El acuerdo con Mercosur se utiliza como cortina de humo para tapar la debilidad del nuevo marco transatlántico con Estados Unidos, un pacto que nació desequilibrado y que ha provocado duras críticas tanto en el Parlamento como en los Estados miembros. El procedimiento exprés impuesto por Bruselas vacía de contenido el control democrático y erosiona la legitimidad de los acuerdos internacionales.

La parte política del tratado, que contemplaba cláusulas de condicionalidad vinculadas al respeto de los compromisos climáticos, al reglamento de deforestación o al ajuste en frontera por carbono, queda en cuarentena, perdiéndose cualquier herramienta para garantizar una mínima equiparación de normas ambientales y sociales entre Europa y los países del Mercosur. “Si ya era difícil competir con unas reglas parecidas, aunque no idénticas, ahora será literalmente imposible acercarse a los modelos productivos de Mercosur”, señaló Barato. “El campo europeo no puede asumir una liberalización que solo favorece a terceros países y que desprecia los esfuerzos de sostenibilidad, bienestar animal y calidad alimentaria que exigimos en la Unión Europea”.

Este movimiento se suma a una serie de decisiones que relegan al sector agrario a un segundo plano: los recortes presupuestarios en el marco financiero, el debilitamiento de la PAC y las concesiones unilaterales en otros acuerdos internacionales. La suma de estas medidas pone en jaque la rentabilidad de millones de explotaciones en España y en toda Europa.

ASAJA insta al Gobierno de España y a las instituciones comunitarias a detener este procedimiento, devolver al Parlamento Europeo, al Consejo y a los parlamentos nacionales de los 27 países, el papel que les corresponde en la ratificación de tratados internacionales, e incluir salvaguardias reales que protejan al campo europeo, a los consumidores y a un modelo productivo que garantiza la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

A la espera de la ratificación del Reglamento por parte de la Unión Europea, ASAJA advierte que seguirá de cerca la letra pequeña del acuerdo y no tolerará cambios en normas de bienestar animal, sanitarias y fitosanitarias que pongan en riesgo al consumidor europeo.

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) participó, el pasado 27 de agosto, en la reunión del grupo de trabajo sobre aranceles de productos agroalimentarios celebrada en la sede del Ministerio de Economía y presidida por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. En el encuentro estuvieron representados todos los sectores agroalimentarios afectados por el reciente acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos.

ASAJA ha reiterado que este pacto es un “acuerdo negativo” para los agricultores y ganaderos europeos, que vuelven a ser la moneda de cambio en negociaciones internacionales donde otros sectores salen favorecidos. La organización agraria reclamó que, mientras no se apruebe el Reglamento definitivo, se tengan en cuenta a los sectores más sensibles tanto en este como en futuros acuerdos comerciales.

Petición de compensaciones en la UE y en España

ASAJA exigió que la Comisión Europea, competente en materia de acuerdos comerciales, establezca un paquete de ayudas compensatorias que mitigue las distorsiones de mercado y las pérdidas derivadas de este acuerdo. Asimismo, instó al Gobierno de España a poner en marcha ayudas de Estado específicas para agricultores y ganaderos, siguiendo el ejemplo de otros países europeos como Polonia, que durante el conflicto entre Rusia y Ucrania aplicó ayudas.

Como único elemento favorable, ASAJA ha reconocido que, hasta que el reglamento no sea aprobado, el sector gana en seguridad jurídica, lo que permite cierta previsibilidad en el corto plazo. Sin embargo, insistió en que el balance global es muy negativo y que continuará con sus reivindicaciones.

ASAJA subrayó que la situación actual exige medidas urgentes y valientes, tanto a nivel comunitario como nacional, para proteger a los agricultores y ganaderos. De no adoptarse compensaciones suficientes, el campo español se verá abocado a una pérdida de competitividad insostenible.

La organización concluyó que los productores no pueden seguir siendo los sacrificados en cada negociación internacional y que es hora de situar al sector agrario en el centro de la política comercial europea.

La futura PAC presentada por la Comisión Europea el pasado 16 de julio supondrá un duro golpe para Granada, con un recorte del 22% que dejaría sin 30 millones de euros anuales en ayudas directas a sus agricultores y ganaderos. En una provincia marcada por la escasez de lluvias, la difícil orografía y la falta de relevo generacional, la propuesta amenaza la supervivencia de sectores clave como el olivar tradicional, el almendro o la ganadería extensiva. Además, la fusión prevista de fondos del primer y segundo pilar obligaría al campo a competir con otros sectores por los mismos recursos, debilitando la cohesión rural y poniendo en riesgo la soberanía alimentaria.

ASAJA Granada lanza una seria advertencia ante la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) presentada por la Comisión Europea el pasado 16 de julio en Bruselas, al considerar que, de salir adelante, supondría un varapalo insostenible para la agricultura y la ganadería de la provincia.

El recorte planteado por Bruselas —una reducción entorno al 22% del presupuesto comunitario de la PAC, que pasaría de 387.000 millones de euros a 302.000— tendría un impacto devastador sobre el sector agrario andaluz, y en particular sobre Granada, que perdería alrededor de 30 millones de euros anuales solo en ayudas directas (primer pilar) a las que se podrían sumar otras pérdidas en ayudas de desarrollo rural (segundo pilar). Actualmente, más de 30.000 agricultores y ganaderos granadinos reciben 131 millones de euros al año en el marco de la PAC 2022-2027 solo dentro del primer pilar. Con este nuevo escenario, se daría un nuevo paso atrás tras el recorte del 20% ya aplicado en la reforma anterior, lo que acumularía una pérdida de más del 40% en una década.

La situación es especialmente preocupante para una provincia como Granada que arrastra importantes limitaciones estructurales como la escasez de lluvias, dificultades orográficas o recursos hídricos limitados que la sitúan en clara desventaja competitiva, a lo que se añaden otros factores como la falta de mano de obra en campañas clave como la aceituna o el espárrago y los cada vez más elevados costes de producción. Sectores estratégicos como el olivar tradicional, el almendro, los cereales de secano y la ganadería extensiva quedarían gravemente afectados especialmente en comarcas como el norte de la provincia, Los Montes, Alhama-Temple, La Vega o La Alpujarra. donde constituyen uno de los pilares económicos y sociales.

Otro aspecto alarmante de la propuesta es la exclusión de los agricultores jubilados del sistema de ayudas, una medida que aceleraría el abandono de tierras, en una provincia donde más del 40% de los titulares de explotaciones tienen más de 65 años. Esta decisión pone en jaque el relevo generacional y la continuidad de miles de explotaciones familiares.

A todo ello se suma un rediseño del presupuesto que elimina el epígrafe propio de la PAC, integrándola en un fondo único multisectorial junto con otros instrumentos de desarrollo rural (se pretende la fusión del primer y segundo pilar), que no solo reduce el peso específico del sector agrario dentro del presupuesto europeo, sino que obliga a la agricultura y la ganadería a competir con otros sectores por los mismos recursos generando tensiones innecesarias. También pone en riesgo líneas de apoyo como las destinadas a la modernización de explotaciones, la mejora de regadíos o la incorporación de jóvenes, pilares básicos para la sostenibilidad y el futuro del medio rural.

Desde ASAJA Granada rechazamos de plano esta orientación que debilita la PAC como política estratégica, reduce su capacidad para garantizar una alimentación segura, asequible y sostenible y aleja a Europa de los principios de cohesión territorial, equilibrio rural y soberanía alimentaria. Y los efectos no se limitarían al medio rural, también los consumidores saldrán perjudicados, al encarecerse la cesta de la compra, perder acceso a productos frescos, locales y de calidad, y aumentar la dependencia alimentaria de terceros países.

Por todo ello, exigimos al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía que actúen con responsabilidad y firmeza para frenar esta propuesta descabellada. La nueva PAC debe construirse de forma consensuada, teniendo en cuenta la realidad y las particularidades de cada región. No podemos permitir que decisiones tomadas desde Bruselas de espaldas al territorio condenen a la desaparición a miles de agricultores y ganaderos que hoy sostienen nuestras comarcas rurales.

Queda tiempo para negociar, pero la propuesta de la Comisión debe ser reconsiderada. ASAJA GRANADA luchará para defender una PAC fuerte, justa y adaptada a las necesidades de nuestra provincia. El futuro del campo granadino está en juego.

ASAJA GRANADA ha protagonizado hoy jueves 24 de julio una acción de protesta para denunciar la crítica situación que atraviesa el cultivo del cereal en la provincia y hacer un llamamiento a la sociedad y a las administraciones para que no den la espalda a un cultivo que da vida, empleo y futuro a nuestros pueblos. Las pérdidas esta campaña suman 30 millones de euros. Además, se hizo advertencia de la amenaza que supone el nuevo modelo de la PAC que plantea la Comisión Europea a partir de 2028, con recortes presupuestarios previstos del 20% y un fondo único a discreción de los Estados miembro que supondría la renacionalización de la PAC y la pérdida de la soberanía alimentaria en Europa.

La ciudadanía granadina ha respaldado la acción reivindicativa organizada por ASAJA GRANADA este jueves 24 de julio en Puerta Real, para exigir soluciones urgentes ante la grave situación que atraviesa el cultivo del cereal en la provincia, uno de los pilares de la agricultura tradicional granadina, arrinconado por la baja rentabilidad, el aumento de costes y la falta de apoyo institucional. Durante la jornada se instaló una mesa informativa, se repartió un manifiesto y se recogieron firmas de apoyo de la población. La lectura del manifiesto se escuchó por altavoz mientras los organizadores, ataviados con camisetas con el lema “Donde hay cereal hay campo, donde hay campo hay futuro”, explicaban a los viandantes las causas de esta movilización.

Los datos hablan por sí solos. El precio medio que recibe el agricultor apenas alcanza los 0,19 €/kilo, el mismo que hace 40 años, mientras que los costes de producción ascienden a 760 €/ha, incluyendo semillas, abonos, combustible, maquinaria, mano de obra, etc., bajo amenaza de nuevos aumentos en los costes, especialmente por el encarecimiento de los fertilizantes, debido a los aranceles sobre productos procedentes de Rusia y Bielorrusia, el incremento de la demanda global, el alza energética y los problemas logísticos.

Para cubrir gastos y obtener beneficios, el agricultor debería cobrar al menos 0,22 €/kilo con unos rendimientos mínimos de 3.500 euros/has. Pero la realidad es que, a pesar de que este año se ha incrementado la cosecha en la provincia, superando previsiblemente las 150.000 toneladas (frente a las 93.999 del año pasado) los rendimientos medios han bajado a 2.500 kilos/ha, lo que agrava aún más la situación económica de los productores. Además, la campaña 2024/2025 está marcada por la irregularidad: en una misma comarca, como Iznalloz, Darro o Montejícar, puede haber parcelas con rendimientos de 3.500 a 4.000 kilos/ha y otras colindantes que no alcanzan los 2.000 kilos/ha. En otras zonas, como Pedro Martínez, la situación es incluso peor, con 1.500 kilos/ha y menos aún. La escasez de agua y las olas de calor han hecho estragos. Se trabaja a pérdidas y el cultivo del cereal es hoy una ruina. En esta campaña estimamos que esas pérdidas alcanzarán los 25,5 millones de euros solo en gastos de producción que no se han podido cubrir, a lo que se sumarían los gastos en el mantenimiento de los barbechos que no se han sembrado, es decir, 4,5 millones más. Total: 30 millones de euros de pérdidas.

En paralelo, el cultivo del cereal se va abandonando progresivamente en favor de otros más rentables como el almendro o el olivar. En los últimos 20 años, la superficie de cultivos COP de cereal en Granada ha disminuido un 20% siguiendo la misma tendencia que en España y solo en años con buenas previsiones de lluvia se mantienen las siembras en una media de 80.000 has.

Se destacó, además, que el cereal no es solo un cultivo económico, sino un componente esencial del paisaje rural granadino, un refugio para la biodiversidad, un sostenedor de la ganadería extensiva de ovino y caprino y una herramienta de cohesión social y territorial. Su desaparición supondría un daño irreversible para los ecosistemas, la economía rural y el futuro del campo. Ante esta situación crítica, ASAJA GRANADA exige a las administraciones:

• Control efectivo de las importaciones de cereal, garantizando la trazabilidad y condiciones de producción similares a las exigidas dentro de la Unión Europea.

• Compensaciones directas a los productores por el incremento desproporcionado de los costes, especialmente aquellos derivados de los aranceles sobre fertilizantes.

• Un tratamiento específico en la nueva Política Agraria Común (PAC), con ayudas directas al cereal que reconozcan su valor ambiental, estratégico y social, por su papel en:

   o La conservación de aves esteparias.
   o El mantenimiento de la ganadería extensiva.
   o La cohesión territorial y la sostenibilidad del medio rural.

ASAJA Granada, en definitiva, hizo un llamamiento a toda la sociedad y a las administraciones para que no den la espalda a un cultivo que da vida, empleo y futuro a nuestros pueblos.

Amenaza a la PAC y al modelo alimentario europeo

ASAJA GRANADA también ha querido informar sobre una amenaza adicional que pone en riesgo el modelo agrario europeo. Se trata de la propuesta presentada el pasado 16 de julio por la Comisión Europea para el nuevo presupuesto de la UE, que plantea un recorte del 22 % en los fondos destinados a agricultura y ganadería a partir de 2028. Esta propuesta implicaría que la PAC dejaría de ser un pilar independiente, para integrarse en un fondo único multisectorial gestionado por cada Estado miembro, lo que supondría una renacionalización de las políticas agrarias, rompiendo la cohesión del modelo europeo y del mercado común.

Desde ASAJA GRANADA se advierte que este cambio no solo afectará a los profesionales del campo, provocando una drástica pérdida de rentabilidad y el cierre de muchas explotaciones, sino que también afectará directamente a los ciudadanos, que verán incrementados los precios de los alimentos, sufrirán inflación alimentaria y perderán acceso a productos frescos y asequibles. La PAC dejaría de garantizar un modelo de alimentación seguro, sano y justo para todos, debilitando además la soberanía alimentaria europea.

La Comisión Europea presentará una propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) y con ella, la disolución de la Política Agraria Común (PAC) tal y como la conocemos. En lugar de una política común, con presupuesto propio y en la que el Parlamento Europeo tiene voz, la Comisión propone integrarla en un fondo único multisectorial, gestionado bilateralmente entre Bruselas y los Estados. Von der Leyen, “quiere enterrar la PAC”, una decisión política sin precedentes que pone en peligro la soberanía alimentaria de Europa y rompe el vínculo entre el campo y los ciudadanos. Los agricultores y ganaderos no somos el problema, sino la solución. Por ello, ASAJA se ha manifestado en Bruselas, el 16 de julio, frente al Parlamento Europeo, junto a miles de agricultores y representantes de toda Europa, en una movilización organizada por COPA- COGECA y FWA (organizaciones valonas y francófonas).

“La presidenta Von der Leyen ha decidido dejar al campo fuera del proyecto europeo. Convertir la PAC en un apéndice presupuestario es desarmar a la UE en uno de sus pilares: el de alimentarse a sí misma”, ha declarado Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA y vicepresidente del COPA.

Por su parte, el secretario general de ASAJA GRANADA, Manuel del Pino López, señala que: “Europa no puede permitirse mirar a otro lado ante las dificultades que enfrentan los territorios donde producir alimentos o mantener la ganadería es un acto de resistencia. La aridez creciente, la escasa pluviometría, la falta de infraestructuras hidráulicas, la escasez de mano de obra o la baja rentabilidad de cultivos como el cereal o el olivar tradicional, unidos a la ausencia de relevo generacional, están poniendo en jaque la viabilidad del medio rural. Por ello, es imprescindible que la Política Agraria Común (PAC) aplique un enfoque diferenciado que reconozca estas realidades. El reto no es solo productivo, sino también ambiental y social: está en juego la sostenibilidad de nuestros ecosistemas y del modelo agrario europeo.”

Sin presupuesto no hay seguridad

Desde ASAJA suscribimos plenamente las dos grandes líneas de denuncia de COPA - COGECA:

• El recorte presupuestario es inaceptable. En un momento de inestabilidad geopolítica, presión arancelaria y creciente inseguridad alimentaria, la Comisión no puede recortar el presupuesto agrario. La PAC no es una ayuda al agricultor y al ganadero, es una garantía para el consumidor: alimentos seguros, sostenibles y asequibles.

• La nueva estructura liquida la cohesión. Integrar la PAC en un fondo común rompe la unidad del modelo europeo y del mercado común. Ya no habrá política común, ni Parlamento como co-legislador. Los agricultores pierden voz. El Parlamento Europeo pierde legitimidad. Y los ciudadanos, control democrático.

Una decisión sin diálogo, que repite los errores del pasado

ASAJA denuncia que la Comisión ha tomado esta decisión sin escuchar al sector.
Von der Leyen repite así un patrón de gestión marcado por la unilateralidad y la desconexión con el territorio. Esta reforma, cocinada entre despachos, ignora décadas de trabajo conjunto entre agricultores, eurodiputados y Estados miembros.

Encarecimiento de la cesta de la compra

Esta no es solo una crisis agraria. Es una crisis que afectará a todos los consumidores.

🔺 Subida de precios

🔺 Inflación alimentaria

🔺 Pérdida de acceso a productos frescos, locales y de calidad

“La PAC es la herramienta que garantiza que los alimentos sigan siendo sanos, seguros y asequibles”, advierte el presidente de ASAJA, Pedro Barato. Porque la seguridad alimentaria no se defiende solo con tratados, se defiende con agricultura viva y profesional.

Asaja denuncia que, pese a la buena cosecha de este año, los agricultores siguen perdiendo dinero y afrontan la próxima sementera con incertidumbre y desánimo.

La reunión sectorial convocada el 7 de julio por el Ministerio de Agricultura para analizar la situación de los cultivos COP (cereales, oleaginosas y proteaginosas) ha servido para constatar una vez más la desconexión entre los datos macroeconómicos del Ministerio y la realidad que viven los agricultores en el campo.

Desde ASAJA se ha reconocido la validez general de las cifras presentadas —que apuntan a una producción nacional estimada de 23,3 millones de toneladas (incluido el maíz)—, pero han puesto el foco en lo verdaderamente preocupante: la falta de rentabilidad, incluso en un año con buenos rendimientos.

“Después de tres o cuatro campañas catastróficas, hemos tenido por fin una cosecha aceptable. Sin embargo, la mayoría de los agricultores seguimos perdiendo dinero”, ha denunciado Asaja durante su intervención. “Si la media nacional se sitúa en 3.750 kilos por hectárea y el precio ronda los 200 euros por tonelada, no cubrimos ni los costes de producción, estimados en 800 euros por hectárea. Estamos hablando de pérdidas de 50 o 60 euros por hectárea. ¿Qué puede esperarse entonces de la próxima sementera?”, han subrayado.

La organización ha expresado su máxima preocupación por el pesimismo que reina entre los productores, quienes, lejos de poder aprovechar un año de buena producción, se enfrentan a una nueva campaña con costes disparados y precios hundidos por las importaciones a bajo precio.

Asaja ha exigido al Ministerio tres medidas urgentes:

1. Controlar las importaciones masivas de cereales sin garantías ni trazabilidad, que están hundiendo el mercado interior.

2. Rechazar los aranceles a los fertilizantes rusos, que sólo contribuirán a encarecer aún más la producción.

3. Establecer un sistema de ayudas directas para compensar el sobrecoste de los fertilizantes, acreditado mediante facturas, con el objetivo de garantizar la viabilidad de las próximas campañas.

Durante la reunión, responsables del ministerio han reiterado los datos oficiales de consumo (37 millones de toneladas en España) y ha defendido la legalidad de las importaciones y los precios, sin comprometer medidas concretas ni ayudas nuevas para el sector.

Asaja ha reprochado al Ministerio que, una vez más, se limite a hacer un ejercicio justificativo, sin abordar soluciones reales. “No se puede hablar de ampliar el tamaño de las explotaciones cuando se penaliza a quienes superan las 70 hectáreas. Ni hablar de equilibrio de mercado mientras se permite importar sin control. El sector necesita respuestas, no excusas”, ha zanjado la organización.

Barato exige una PAC con presupuesto propio, simplificación real y garantías frente al impacto de Ucrania y los aranceles a fertilizantes

La reunión celebrada el pasado 26 de junio entre Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA, y el Comisario Europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, ha marcado un hito en la defensa de los intereses del campo español ante las instituciones comunitarias. En un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica, la presión sobre los costes de producción y el debate sobre el futuro de la PAC, ASAJA ha expuesto de forma clara y contundente las reivindicaciones del sector.

Durante el encuentro, ASAJA ha defendido la necesidad de que la futura Política Agraria Común post-2027 mantenga una estructura sólida, con presupuesto propio y ajustado a la inflación. La organización ha mostrado su rechazo frontal a que la PAC se diluya en un fondo único, sin objetivos definidos ni garantías para el sector primario.

Entre las propuestas clave presentadas al comisario destacan:

• Preservar la estructura de dos pilares de la PAC (FEAGA y FEADER), con funciones diferenciadas y fondos separados.

• Rechazo al capping obligatorio, a los pagos redistributivos forzosos y a la conversión de los pagos directos en herramientas de gestión climática.

• Simplificación profunda de la burocracia y condicionalidad, así como defensa del sistema de pagos por hectárea.

ASAJA también ha solicitado el aplazamiento de la presentación de la nueva PAC hasta septiembre, para permitir un análisis riguroso y una participación real del nuevo Parlamento Europeo. Asimismo, ha exigido que el paquete de simplificación de la PAC se tramite por vía rápida y sin enmiendas, de forma que entre en vigor antes del inicio de la próxima campaña agronómica.

Otro asunto de gran preocupación trasladado al comisario ha sido el impacto que tendría la eventual adhesión de Ucrania a la UE. ASAJA advierte del riesgo de distorsiones de mercado, competencia desleal y recortes en los pagos a agricultores si no se acompaña de una reforma profunda del Marco Financiero Plurianual y de cláusulas de salvaguarda efectivas.

La delegación española también ha reiterado su rechazo a los aranceles impuestos a los fertilizantes de Rusia y Bielorrusia, que entrarán en vigor el 1 de julio y podrían suponer un sobrecoste inasumible para miles de explotaciones, especialmente en España.

Además, ASAJA ha solicitado una cláusula automática de salvaguardia para el arroz frente a importaciones masivas con arancel cero y ha reivindicado la protección legal de los términos “carne”, “leche” o “hamburguesa”, frente al uso confuso por parte de productos alternativos.

“Los agricultores no pueden ser las víctimas colaterales de decisiones políticas que ignoran la realidad del terreno. Hoy hemos venido a Bruselas a defender con rigor y dignidad el futuro del campo español”, declaró Barato tras el encuentro.

ASAJA GRANADA celebró ayer su Asamblea General de Socios, donde se presentó el balance del ejercicio agrícola y ganadero del año 2024, se aprobó la memoria de actividades, las cuentas del ejercicio 2024 y el presupuesto para el año 2025. Durante la sesión se analizaron, principalmente, las movilizaciones que iniciaron el año, la situación hídrica de sequía, el agravamiento de la falta de mano de obra, los aranceles y los desafíos que se abren con la próxima reforma comunitaria post-2027.

El año 2024 comenzó con movilizaciones generalizadas en toda España, y Granada no fue una excepción. ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, en unidad de acción, se concentraron el 20 de febrero ante la Subdelegación del Gobierno y el 22 de marzo protagonizaron una tractorada bajo el lema “Los imprescindibles: agricultores y ganaderos” para denunciar el aumento descontrolado de los costes de producción, la competencia desleal de países terceros y la falta de apoyo institucional que siguen castigando al sector. Como resultado, se lograron algunos avances, entre ellos la simplificación de algunos requisitos de la PAC, la flexibilización de Ecorregímenes y un ajuste en el régimen de módulos que excluye el IVA compensatorio del cómputo del límite de 250.000 euros. No obstante, no se alcanzaron medidas estructurales como bonificaciones en la Seguridad Social ni la aplicación efectiva de la cláusula de reciprocidad en las importaciones. Y la ganadería quedó una vez más relegada.

El balance agrícola y ganadero de 2024 mostró una recuperación parcial en algunos sectores: la cosecha de cereales subió hasta las 21.722 toneladas (frente a 8.393 en 2023), aunque en la zona norte se perdió más de la mitad por la sequía y no acompañaron los precios que entraron a principios de 2025 en una tendencia bajista muy alarmante. La almendra recuperó precios debido a una mayor demanda mundial, pero la cosecha apenas alcanzó las 28.394 toneladas grano, a pesar de las expectativas iniciales de mejora, situándose un 31% por debajo de la media provincial. El espárrago verde, uno de los principales cultivos hortícolas de la provincia se saldó con más de 26.000 toneladas, un 39% más que en 2023 y en la media, pero lejos de las previsiones de 35.000 toneladas, con precios estables. En olivar, la campaña 2024/2025 mejoró con 105.222 toneladas, aunque sin reflejo en los precios medios que han bajado desde los 7,40 euros/kg hasta los 3,13 euros el virgen extra y con preocupación del sector por la pérdida de rentabilidad. En ganadería, en general, hubo una tendencia alcista en los precios de la carne, pero con elevados costes de producción y la preocupación por las enfermedades animales. Y comenzó a desplomarse el precio de la leche de cabra de 1,47 euros/kilo a 0,9 euros/kilo entrando el sector en una grave crisis por no cubrir costes.

La situación hídrica de sequía fue y se sigue siendo la máxima preocupación. A pesar de ser 2024 el año más lluvioso que la media después de cinco años secos también ha sido uno de los más calurosos (casi dos grados más) y los embalses apenas alcanzan hoy un 40,60% de su capacidad, por debajo de la media de los últimos cinco años (52,83%), algunos, como el embalse de Colomera, el nivel se sitúa al 22,50%. Al respecto, se insistió en la necesidad urgente de acometer nuevas infraestructuras hidráulicas, aprovechar aguas regeneradas y promover trasvases que garanticen la viabilidad de la agricultura y la ganadería en la provincia. Otro de los focos de preocupación señalados fue el agravamiento de la falta de mano de obra en el campo. A la ya persistente dificultad para encontrar trabajadores se sumaron factores como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la incertidumbre por la reducción de la jornada laboral y la carga administrativa vinculada al registro horario que se prevé implantar. Se valoró como positiva, aunque claramente insuficiente, la medida incluida en la Ley contra el Desperdicio Alimentario, que amplía a 120 días la duración máxima de los contratos eventuales por circunstancias de la producción, aportando algo de flexibilidad.

El año se cerró con una concentración frente al MAPA ante la falta de respuestas eficaces a los muchos problemas que acumulan los agricultores y ganaderos españoles y, principalmente, contra la firma del acuerdo UE-Mercosur con terceros países que penalizan aún más a las producciones locales, dado que no cumplen las normativas comunitarias y producen por debajo de nuestros costes, sumado a la actual batalla comercial por los aranceles que se está librando en 2025 y que agrava más aún la situación del sector restándole competitividad.

Por último, se planteó como principal reto de cara al futuro la reforma de la PAC post-2027 que se está ya negociando en Europa, cuyo presupuesto se decidirá este mismo año en el mes de julio con la aprobación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, situándose el centro del debate el crear de un fondo único de compensación que englobaría también los fondos de Cohesión gestionado por los Estados miembros, lo que podría suponer una renacionalización encubierta, debilitando el principio de cohesión y la soberanía alimentaria europea y una pérdida presupuestaria para la agricultura y la ganadería. ASAJA GRANADA defenderá una PAC más sencilla, con un presupuesto sólido, que mantenga los dos pilares tradicionales (ayudas directas y desarrollo rural), que garantice el relevo generacional y que se adapte a las particularidades del campo granadino.

ASAJA GRANADA denuncia que la Junta de Andalucía ha dejado fuera a gran parte del sector productor de frutos de cáscara de la provincia de Granada en las ayudas excepcionales por sequía establecidas en la Orden de 22 de mayo para determinados sectores y comarcas de Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022 (Medida 23), publicadas hoy en BOJA n. 104. Tras la injustificable exclusión de Granada en las ayudas estatales del Real Decreto 347/2025, de 22 de abril, con cargo a la reserva de crisis de la PAC, ahora la administración autonómica ha perdido la oportunidad de corregir esa injusticia y ha optado por profundizarla, al incluir únicamente tres comarcas: Guadix, Baza y Huéscar y excluir otras zonas gravemente afectadas por la sequía como Iznalloz, Alhama-Temple y el Valle de Lecrín, donde la producción de frutos de cáscara también ha sufrido enormes pérdidas. Aunque estas ayudas autonómicas se destinan tanto a frutos de cáscara como a olivar y cereales, y a los sectores ganaderos de ovino y caprino y bovino en extensivo y semiextensivo, lo cierto es que su aplicación territorial ha sido de nuevo claramente desequilibrada.

El caso resulta especialmente grave porque Granada cumple de sobra con los criterios técnicos establecidos para acceder a las ayudas, como es haber sufrido pérdidas superiores al 30% en 2024 respecto a la media de los últimos cinco años tratándose, además, de la principal productora de almendra de Andalucía y una de las más importantes de España. A pesar de ello, ni el Ministerio de Agricultura reconoció esta realidad, ni ahora lo ha hecho la Junta de Andalucía. Y lo más decepcionante es que esta última, que en su momento se posicionó públicamente del lado del sector reclamando al Gobierno central la inclusión de Granada, ha terminado por actuar de la misma manera, negando las ayudas donde más se necesitan y reforzando la sensación de abandono institucional que sufre el campo granadino.

A ello se suma una gestión desigual por parte de la Administración autonómica, que ha decidido incluir en su totalidad las comarcas del Alto y Bajo Almanzora, en la provincia de Almería —75 de los 103 municipios—, pese a que esta provincia ya fue beneficiada íntegramente por el Real Decreto estatal y que esto supone en la práctica una doble compensación para los frutos de cáscara y por la misma causa, contradiciendo las propias bases reguladoras de las ayudas autonómicas que prohíben expresamente la sobrecompensación del daño. Nos preguntamos, así: ¿Qué va a pasar con los fondos que no puedan otorgarse por esta duplicidad? ¿Se van a redistribuir hacia las zonas excluidas o simplemente se perderán?

La Junta de Andalucía ha defraudado, sin duda, las expectativas del sector agrario granadino. En lugar de corregir la injusticia inicial del Ministerio, ha contribuido a agravarla con un reparto parcial y territorialmente injusto. Desde ASAJA GRANADA no aceptamos que se castigue al campo granadino mientras otras provincias reciben un trato preferente y exigimos un reparto equitativo, transparente y acorde a los daños reales sufridos por nuestros agricultores y ganaderos.

En una carta conjunta en la que alertan sobre la crítica situación de los cerealistas

ASAJA, COAG y UPA exigen a Planas limitar ya las importaciones de cereal ucraniano y activar ayudas urgentes al sector

- Desde el inicio de la guerra, las importaciones de trigo blando en Europa se han multiplicado por siete, distorsionando gravemente los mercados y expulsando al cereal español de su propia casa.

- “El campo español no puede ser moneda de cambio geopolítico. Si no se actúa ya, miles de explotaciones desaparecerán en los próximos meses ante el hundimiento de los precios en origen y el imparable aumento de los costes”, advierten.

Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA han remitido una carta conjunta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para denunciar la crítica situación que atraviesa el sector cerealista español. A pesar de que la climatología ha sido favorable este año, el hundimiento de los precios en origen y el imparable aumento de los costes de producción han llevado al sector a una situación de pérdidas generalizadas.

“La campaña de cereales arranca con números rojos para nuestros agricultores”, advierten las organizaciones, que acusan a la Unión Europea de haber cometido un grave error al permitir, sin control ni salvaguardas, una entrada masiva de grano procedente de Ucrania. Desde el inicio de la guerra, las importaciones de trigo blando en Europa se han multiplicado por siete, distorsionando gravemente los mercados y expulsando al cereal español de su propia casa.

ASAJA, COAG y UPA recuerdan que en los últimos 20 años se han perdido cerca de un millón de hectáreas de cultivos herbáceos en España, desplazadas en su mayoría por cultivos leñosos, lo que evidencia una profunda crisis estructural que amenaza la viabilidad de los cultivos tradicionales. “Si hoy España mantiene cierta producción cerealista es gracias al esfuerzo de los agricultores y a la innovación en semillas e insumos. Pero eso no basta frente a un mercado desregulado que les deja vendidos”, afirman.

Las organizaciones reclaman con urgencia dos medidas clave:

1. La revisión inmediata del acuerdo comercial con Ucrania, estableciendo límites a la entrada de trigo y cebada que permitan la supervivencia del productor europeo.

2. La puesta en marcha de una línea de ayudas económicas específica para los cerealistas españoles, tal y como ya se ha hecho en otros países europeos.

3. La activación de una ayuda directa para compensar el sobrecoste de los fertilizantes, incluyendo aquellos ya adquiridos en esta campaña, con el fin de amortiguar el desmesurado incremento de precios provocado por los aranceles y otros costes añadidos que están asfixiando a los agricultores.

“El campo español no puede ser moneda de cambio geopolítico. Si no se actúa ya, miles de explotaciones desaparecerán en los próximos meses”, concluyen ASAJA, COAG y UPA.

Más trabas, más burocracia y mayores costes para los ganaderos de vacuno extensivo

ASAJA RECHAZA EL NUEVO SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DEL GANADO VACUNO QUE EL MAPA QUIERE IMPLANTAR A PARTIR DEL 30 DE JUNIO

El Ministerio de Agricultura da otra vuelta de tuerca y, sin escuchar al sector, complica y encarece la identificación animal con un nuevo sistema que la mayoría de los países de la UE han rechazado y cuyo coste recae de manera exclusiva en el ganadero

Pese a la tan cacareada simplificación administrativa, el Ministerio de Agricultura se empeña en incrementar los costes de los ganaderos de extensivo y sobre todo en complicarles todavía más la gestión de sus explotaciones, sin que medie una obligación legal para hacerlo y sin que de ello se derive ningún beneficio adicional para el ganadero o para el consumidor.

La identificación animal y la trazabilidad son una preocupación compartida por todo el sector ganadero. En el caso del vacuno, este asunto quedó resuelto hace ya más de 30 años cuando se impuso la identificación individual mediante crotal auricular. Un sistema, que ha demostrado sobradamente su eficacia, y que permite que, desde su nacimiento, el 100% de los animales esté correctamente identificado con un número propio y exclusivo (su D.N.I) que llevan prendido en ambas orejas.

ASAJA está totalmente en desacuerdo con la implementación de esta nueva e innecesaria obligación a partir del próximo 30 de junio, puesto que el sistema actual, basado en una identificación convencional individualizada, es suficiente y adecuado para permitir y garantizar la trazabilidad de los animales. El crotal electrónico no ofrece ninguna garantía adicional en lo que se refiere a trazabilidad, supone un sobrecoste y dificulta la gestión del manejo y el movimiento de animales.

El mayor coste de los crotales y de los duplicados, la imposibilidad de realizar el movimiento de animales que han perdido el crotal electrónico hasta su sustitución, o el manejo y la distorsión que se dará con los animales importados, en los que esta identificación no es obligatoria, son tres de los problemas que se presentan ante esta nueva obligación.

Entendiendo que la identificación electrónica puede suponer un avance en la automatización de los procesos en los cebaderos industriales, para que sea realmente útil a nivel general es necesario que la cadena esté preparada con la tecnología adecuada. Es evidente que en este momento no se da esta circunstancia.

Por tanto, ASAJA considera inaceptable que tenga que implantarse de forma obligatoria en todo el sector. Si se quiere trabajar en este sentido, en primer lugar, tendría que facilitarse y promoverse la digitalización de la cadena.

Es importante señalar que el Reglamento delegado (UE) 2019/2035 de la Comisión de 28 de junio de 2019 por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas sobre los establecimientos que tengan animales terrestres, no establece la obligación de implantar este sistema de identificación electrónica en vacuno, de hecho, según el informe de la Comisión Europea publicado en agosto de 2023 solo cinco países han establecido la identificación electrónica obligatoria en todo su territorio.

Por otro lado, en los considerandos se reconoce que generalizar, con carácter obligatorio, la identificación electrónica en toda la Unión Europea podría tener efectos económicos adversos para algunas explotaciones, por lo que se sugiere introducir este método de identificación de manera voluntaria, para que pueda ser elegido por los poseedores de animales que puedan obtener beneficios económicos con su uso, y se insta además a los Estados miembros a estudiar las repercusiones del uso de la identificación electrónica obligatoria en los pequeños ganaderos antes de imponerlo.

Por todo ello, ASAJA insta al MAPA a no implantar este nuevo sistema de identificación electrónica obligatoria en el caso del vacuno, y a no ir más allá de permitir su uso con carácter meramente voluntario.

El Parlamento Europeo ha aprobado, con 411 votos a favor, 100 en contra y 78 abstenciones, una nueva legislación que impone aranceles de hasta el 100 % a los fertilizantes nitrogenados procedentes de Rusia y Bielorrusia. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de julio y se aplicará de forma progresiva durante tres años, ha sido adoptada sin una evaluación seria del impacto que tendrá sobre los agricultores europeos.

Desde ASAJA se denuncia que esta decisión castiga, una vez más, al eslabón más débil de la cadena: los productores agrarios, que ya sufren costes disparados, incertidumbre en los mercados y una fuerte dependencia de insumos importados. “En un momento en que la seguridad alimentaria debería ser una prioridad estratégica para Europa, se vuelve a dejar al campo fuera de la ecuación”, critican.

La normativa forma parte de la estrategia de autonomía geopolítica de la Comisión Europea y fue tramitada por la Comisión de Comercio Internacional (COMINTA), bajo la ponencia de la eurodiputada lituana Inese Vaidere (PPE). Pese a su paso por la Comisión de Agricultura (COMAGRI), donde la eurodiputada española Mireia Borrás (VOX) intentó introducir enmiendas para proteger al sector agrario como el aplazamiento de la entrada en vigor, cláusulas de salvaguardia o el fomento de fertilizantes alternativos, pero sus propuestas fueron rechazadas. Borrás acabó votando en contra del texto y solicitó retirar su nombre como ponente.

Todos los eurodiputados españoles del PP y el PSOE (excepto Elena Sancho Murillo) han votado a favor de esta propuesta. Desde ASAJA denunciamos esta decisión que afectará gravemente la situación agroalimentaria europea. Por otra parte, los eurodiputados españoles de VOX han votado en contra, excepto Jorge Buxadé, que no ha votado. También han votado en contra Alvise Pérez de SALF y Estrella Galán de Sumar. Se han abstenido Irene Montero de Podemos y Nora Junco y Diego Solier de SALF.

ASAJA lamenta que ni siquiera se aceptaran las enmiendas 3 y 4, centradas en flexibilizar la Directiva sobre Nitratos mediante el uso de fertilizantes RENURE y establecer mecanismos de transparencia y mitigación del impacto económico. “Se nos impone una restricción sin alternativas viables y sin levantar, por ejemplo, los derechos antidumping a fertilizantes de países como EE.UU. o Trinidad y Tobago”, señalan.

Además, la organización recuerda que la reforma pendiente de la Directiva de Nitratos —clave para permitir el uso de fertilizantes orgánicos regenerados— sigue bloqueada, a pesar de su potencial para avanzar en sostenibilidad y circularidad.

“El campo europeo lleva meses advirtiendo de esta amenaza, y hoy Bruselas ha decidido no escuchar”, subrayan desde ASAJA, que reclama con urgencia un “Plan B” que incluya:

• La eliminación de aranceles y medidas antidumping a fertilizantes de países alternativos.

• La reforma inmediata de la normativa que impide el uso eficiente de nutrientes RENURE.

• La puesta en marcha de mecanismos automáticos de salvaguarda si los precios se disparan.

• Compensaciones directas ante la subida de costes.

“Sin fertilizantes asequibles, no hay producción viable. Y sin rentabilidad, el abandono de tierras cultivables será inevitable”, advierte ASAJA. La organización seguirá trabajando para que Europa rectifique antes de que sea demasiado tarde.

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, el secretario general de COAG, Miguel Padilla y el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, mantuvieron una reunión el pasado 19 de mayo, en la sede de la Comisión Europea en Madrid, con el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Lucas González Ojeda, para trasladarle personalmente las preocupaciones del sector agrario europeo ante los recortes presupuestarios que amenazan el futuro de la Política Agraria Común (PAC).

Durante el encuentro, las organizaciones agrarias hicieron entrega formal del manifiesto titulado “El castillo de naipes de la UE”, un documento conjunto elaborado en el marco de las movilizaciones impulsadas por el Copa y la Cogeca, cuyo acto central tuvo lugar el 20 de mayo en Bruselas y en el que participó una delegación de ASAJA, COAG y UPA en representación de los agricultores y ganaderos españoles. Paralelamente se celebraron concentraciones de agricultores y ganaderos en varias capitales europeas.

En este contexto, las organizaciones agrarias recordaron el envío de una carta al presidente del Gobierno solicitando un compromiso claro con la defensa de un Marco Financiero Plurianual potente que asegurase los fondos de la PAC de cara a la próxima reforma, manteniendo el fondo específico actual y defendiendo el statu quo, sin que se haya recibido contestación alguna por parte del presidente del Gobierno.

El manifiesto advierte de forma clara: “Sin presupuesto -> no hay PAC, sin PAC -> no hay agricultores, sin agricultores -> no hay seguridad”. En él se denuncia el peligro de diluir la PAC en un fondo único europeo que elimine la especificidad de la política agraria, sustituya los pilares actuales por una programación nacional única y abra la puerta a una renacionalización encubierta, debilitando así el mercado único y generando profundas desigualdades entre Estados miembro.

Barato, Padilla y Cano han insistido en que “la PAC es una cuestión estratégica para la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y la cohesión territorial de Europa”. Por ello, han reclamado un compromiso firme para mantener una línea presupuestaria clara, específica y ajustada a la inflación dentro del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP). Todos han subrayado que la PAC no puede convertirse en una moneda de cambio ni en un elemento residual en los nuevos debates presupuestarios. “Sin una política agraria robusta y común, la UE se arriesga a romper los equilibrios que han sostenido hasta ahora la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el mundo rural en Europa”.

Con esta reunión y la entrega del manifiesto, ASAJA, COAG y UPA reafirman su compromiso con una defensa decidida del modelo agrario europeo, en coordinación con los esfuerzos del Copa-Cogeca. Llaman a las instituciones comunitarias a actuar con responsabilidad y visión de futuro.

Hoy, 14 de mayo de 2025, el Parlamento Europeo acoge una jornada clave para la agricultura del sur de Europa, marcada por dos hitos importantes: una conferencia de alto nivel para definir una agenda común para el desarrollo rural, y una votación crucial sobre la imposición de aranceles a fertilizantes rusos y bielorrusos..

En el Parlamento Europeo ha arrancado esta mañana la conferencia “La agricultura en los países del sur de Europa”, que reúne a organizaciones agrarias, responsables políticos y expertos de Croacia, Francia, Grecia, Italia, Portugal y España. Bajo el lema “¡Afrontar juntos el futuro!”, el encuentro en el que participa el Comité Ejecutivo de ASAJA, busca respuestas conjuntas ante los grandes retos del sector agrario: escasez de agua, despoblación, desventajas estructurales en la cadena de valor, exceso de burocracia y una competencia internacional que muchas veces ignora las realidades locales.

El programa ha incluido la intervención de representantes de ASAJA, CAP y otras organizaciones nacionales, así como de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Uno de los grandes debates gira en torno a si la PAC actual cuenta con herramientas suficientes para garantizar la rentabilidad de las explotaciones.

Además, Paulo Nascimento Cabral (PPE Portugal) y Dolors Monstserrat (PPE – España) como co organizadores del evento han dado la bienvenida a los asistentes y descrito las prioridades que se han fijado, en su hoja de ruta, desatancando tres ejes de actuación común: ganar competitividad gracias a la aplicación de la reciprocidad; inversión en infraestructuras hídricas para apostar por el regadío; y, por último, conseguir el ansiado relevo generacional haciendo rentable al sector y exigiendo dignidad.

Una jornada para estar atentos

Hoy, Bruselas se convierte en epicentro de las preocupaciones del campo del sur. Desde el debate sobre el futuro rural hasta las decisiones que afectan directamente a la viabilidad de las explotaciones agrarias, este 14 de mayo es una fecha para marcar en rojo en el calendario del sector agroalimentario.

Por la tarde, la jornada continua con una reunión de alto nivel con el nuevo comisario de Agricultura y Alimentación, Christopher Hansen, en la que se presentará el esperado paquete de simplificación de la PAC. En este encuentro, las organizaciones agrarias del sur aprovecharán para trasladar al comisario una posición común sobre los retos estructurales que afectan a sus territorios y la urgencia de adaptar las políticas europeas a la realidad del campo. Será una oportunidad clave para influir en el diseño de la nueva etapa de la PAC y reforzar el papel del sur en las decisiones comunitarias.

Esta conferencia ha sido organizada por:

CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal
Confagricoltura - Confederación General de la Agricultura Italiana
FNSEA - Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
ASAJA - Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
GAIA EPICHEIREIN - Plataforma de servicios digitales agrícolas (Grecia)
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
HPK - Hrvatska Poljoprivredna Komora (Cámara de Agricultura de Croacia)
Coldiretti - Confederación Nacional de Cultivadores Directos (Italia)
EPP - European People’s Party (coorganizador del evento)

En paralelo: votación clave sobre fertilizantes

Mañana la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento (COMINTA) se vota el informe de la eurodiputada Inese Vaidere sobre el aumento progresivo de los aranceles a fertilizantes rusos y bielorrusos. Una medida que, según sus defensores, busca debilitar la maquinaria económica de guerra de Rusia, pero que desde ASAJA y el COPA - COGECA se denuncia por su impacto directo sobre los costes de producción en el campo europeo.

Desde ASAJA se ha recordado a los europarlamentarios que “los agricultores estamos hartos de ser moneda de cambio por cuestiones geopolíticas”, y reclamaba que se rechace la propuesta o se aplace su entrada en vigor mientras se alcanza una solución equilibrada. También se han presentado enmiendas para garantizar que los precios de los fertilizantes no se disparen y para reforzar el uso de alternativas sostenibles como los fertilizantes orgánicos (Renure).

La reducción de jornada laboral amenaza con agravar la crisis del campo si no se adapta a su realidad.

ASAJA alerta del impacto de una reducción de jornada pensada desde la ciudad

ASAJA advierte que imponer desde el ámbito urbano una normativa sobre reducción de jornada, registro horario y desconexión digital sin tener en cuenta las particularidades del sector agrario supondría un duro golpe para agricultores y ganaderos. El campo ya soporta una carga insostenible de costes, burocracia y exigencias medioambientales que ponen en jaque su viabilidad..

A falta de conocer el texto definitivo del proyecto de ley que regulará la reducción de la jornada laboral, ASAJA reitera la necesidad de adaptar cualquier medida a la realidad específica del campo. Desde la OPA se ha pedido al Gobierno un estudio previo riguroso que evalúe el impacto y la viabilidad de aplicar esta norma en el sector primario, donde las condiciones estructurales, económicas y laborales son radicalmente distintas a las del ámbito urbano.

La actividad agraria depende del ciclo biológico, del clima, de las estaciones. No responde a horarios fijos ni a estructuras cerradas. Por eso ASAJA defiende que sea la negociación colectiva la que determine, con flexibilidad y conocimiento, las condiciones laborales en el campo.

La imposición de un registro horario obligatorio, difícil de cumplir en muchas zonas rurales por falta de cobertura y conectividad, ya supone una carga burocrática adicional, inasumible para muchas pequeñas y medianas explotaciones. A esto se suma la desconexión digital, un concepto urbano que poco encaja en un sector donde la atención a cultivos y animales no entiende de horarios. El campo español se enfrenta ya a grandes retos como la crisis de precios, la falta de relevo generacional y las exigencias medioambientales de la política agrícola comunitaria.

El impacto va más allá del ámbito laboral. ASAJA denuncia que esta norma aumentará los costes de producción, y eso acabará trasladándose a los precios. Es decir, también afecta al consumidor. “Estamos ante una medida que no tiene en cuenta la estructura ni la economía real del sector agrario”, advierte el presidente de ASAJA, Pedro Barato. “Es un nuevo lastre para la competitividad del campo español, y podría empujar a muchas explotaciones, ya al límite, a la desaparición”.

En el dictamen emitido por el Consejo Económico y Social, muchas de las propuestas de ASAJA fueron recogidas. Ahora, la organización espera que también lo estén en el texto final del proyecto de ley. De lo contrario, se estaría legislando de espaldas al mundo rural, aumentando la inseguridad jurídica y generando más desigualdad entre el campo y la ciudad.