Según los datos de la Agencia de Información y Control Agroalimentarios (AICA), a 31 de diciembre, el aceite producido en la provincia de Granada fue de 29.348,67 toneladas
frente a las 52.085,27 toneladas del año pasado. En cuanto a las salidas la cifra es de 21.628,46 toneladas y las existencias finales se situaron en 29.882.46 toneladas. Se
ha reducido, por tanto, un 44% respecto de la campaña anterior en el mismo periodo, lo que constata el descenso de producción ya prevista como consecuencia de la sequía,
peligrando incluso el aforo estimado de 70.000 toneladas a final de campaña, una cifra un 41,4% inferior respecto de la cosecha 2021-2022 (119.532 toneladas) y un 43,3%
menos de la media de las últimas cinco campañas (131.577 toneladas.)
A nivel nacional, la producción de aceite los tres primeros meses de la presente campaña fue de 431.090 toneladas (aportando Andalucía 308.689,10 toneladas) frente a las
867.226.64 del año pasado en el mismo periodo (con el aporte de 625.888.03 toneladas de Andalucía), es decir, un 50,3% inferior. El aforo nacional previsto a final de la
campaña 2022/2023 es de 587.000 toneladas, lo que ya supondría un 47,7% menos con respecto a la campaña 2021/2022 en que se alcanzaron las 1.488.480 toneladas (1,154.861
en Andalucía). Se anuncia la campaña más baja de este último siglo.
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El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las modificaciones al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) que presentará la Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural al Gobierno central antes del día 1 de marzo. La Junta aprovechará este período de solicitud de cambios para proponer que se consideren el
olivar y la ganadería ecológica como ecorregímenes ‘per se’. De esta forma, se evitaría que los productores dedicados a estas actividades tengan que llevar a cabo
prácticas medioambientales adicionales para recibir las subvenciones, tal y como ocurría en el cobro de las ayudas del ‘Greening’ en años anteriores.
El Gobierno andaluz quiere evitar que la nueva PAC se convierta en un obstáculo para los agricultores y ganaderos. Por ello, reclamará al Estado que le acompañe en la
flexibilización de los ecorregímenes que la Junta ha llevado a cabo en el marco de sus competencias pero que el Ministerio de Agricultura puede elevar al máximo grado para
respaldar a los profesionales del campo.
La Junta solicitará que no se sancione ni se retraigan pagos a los perceptores durante el primer año de aplicación del Pepac y que se elimine la obligatoriedad de contar
con cubiertas vegetales en las fincas de olivar y de pastorear en el ámbito de la ganadería. Además, pedirá que se establezca un mayor número de tipos de suelo en los
ecorregímenes para no contemplar únicamente la pendiente del terreno, sino también su valor agronómico y evitar así una posible tendencia hacia la tasa plana.
Por otro lado, la Consejería de Agricultura volverá a reivindicar un cambio en la definición de las regiones productivas para suavizar el recorte implantado por el
Estado.
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Andalucía, segunda exportadora de España, suma casi 500 millones más en ventas que el último año récord, con grandes avances en los cinco continentes y la
aportación de todas las provincias
Las exportaciones agroalimentarias de Andalucía alcanzaron un nuevo récord al sumar 12.882 millones de euros entre enero y noviembre de 2022, su mejor registro para los
primeros once meses de un año en la serie histórica que arrancó en 1995, que supone además 497 millones de euros más que en todo 2021, último año récord (12.385 millones).
Esto es gracias a un crecimiento interanual del 14,6%, el segundo mayor incremento de las cuatro comunidades más exportadoras y 1,6 puntos superior al de la media nacional
(13%).
El agroalimentario y bebidas refuerza su carácter estratégico para la comunidad, de forma que aporta la cifra récord de 6.777 millones de saldo positivo con el exterior a
la economía regional en este periodo. Se trata de un sector que impulsa la cohesión territorial, ya que crecen las ventas en todas las provincias, así como la
diversificación de destinos de las exportaciones andaluzas, al aumentar el negocio en todos los continentes, especialmente en África (+54%) y Oceanía (+26,6%).
Con estas cifras, Andalucía es la segunda comunidad más exportadora de España, con el 21,3%, sólo por detrás de Cataluña con el 22,5%, y casi diez puntos por encima de las
dos siguientes, la Comunidad Valenciana (12,1%) y la de Murcia (10%).
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La reserva hídrica española está al 50,9 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.533 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la
última semana en 1.343 hectómetros cúbicos (el 2,4 por ciento de la capacidad total actual de los embalses, según los datos semanales proporcionados por el MITECO.
En la Cuenca del Guadalquivir las reservas están al 25,2% con 2.021 hm3 almacenados sobre un total de 8.113 hm3 de capacidad y en la Cuenca Mediterránea Andaluza están
al 37,8%, 444 hm3 almacenados de un total de 1.174 hm3 de capacidad.
En la provincia de Granada, con datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a fecha 25 de enero de
2023, las reservas se encuentran al 25,94% y, por embalses la situación es la siguiente:
- Bermejales al 16,95%
- Canales al 76,31%
- Quéntar al 79,79%
- Cubillas al 46,70%
- Colomera al 9,89%
- Francisco al Abellán 18,54%
- Negratín al 20,42%
- Portillo al 91,36%
- San Clemente al 12,76%
En los embalses de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la provincia de Granada las reservas se encuentran al 67,11% y por embalses la situación es la siguiente, según los
datos del SAIH Hidrosur de la Junta de Andalucía:
- Béznar al 71,57%
- Rules al 64,98%
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Las cooperativas COVAP, con sede en Pozoblanco (Córdoba) y ALBA, con sede en Albolote (Granada), han suscrito un acuerdo para avanzar paulatinamente en la
transformación y comercialización conjunta del volumen de leche de vaca que los ganaderos de ambas entidades producen, lo que supone el 88% de litros de
Andalucía. Con esto se pretende una mayor concentración de la producción láctea de la región, que sumó 574 millones de kilos en 2021, y añadir más valor y
estabilidad a los 360 socios ganaderos de ambas entidades.
Conforme al acuerdo firmado, se gestionará gradualmente la comercialización de la leche de vaca de ALBA, fijándose como metas progresar en su transformación mediante la
inversión en proyectos industriales que generen más valor en el territorio de la comunidad autónoma y procurar un mayor nivel de integración de los ganaderos. En
definitiva, las dos cooperativas han decidido trabajar juntas para garantizar la sostenibilidad de un sector tan importante para el medio rural como es el lácteo, con base
en sumar el esfuerzo productor y el industrial, la productividad y la proximidad, algo que cada vez valoran más los consumidores, en una comunidad que es la primera en
consumo de lácteos de España, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2021.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha editado una guía informativa para facilitar el conocimiento entre los ganaderos del Real Decreto
1053/2022, de 27 de diciembre, que regula las granjas de ganado bovino en España. La guía “recoge 18 fichas con los requisitos para los distintos sistemas productivos,
tipos de explotación y capacidad productiva” para que, el ganadero, “una vez seleccionada la ficha que corresponde con su caso particular” encuentre en su lectura “todo
lo que le afecta y debe tener en cuenta para estar al tanto del cumplimiento de la norma, sin necesidad de tener que manejar el texto completo de la misma.”
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La guía está disponible AQUÍ.
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha puesto fin, desde el lunes 16 de enero, a las restricciones de la Unión Europea
al movimiento de animales y productos de ovino y caprino que se vieron afectados por la Viruela Ovina y Caprina (VOC), aunque mantiene las restricciones en una pequeña
área “que se irá levantando progresivamente” como medida preventiva para evitar posibles rebrotes de la infección, según informa a través de un nota de prensa.
El brote se saldó con “trece focos de la enfermedad en Andalucía, doce en la comarca granadina de Baza, en concreto en los municipios de Benamaurel, Cúllar y Baza, así
como en la zona de Huéscar, también en Granada, y uno en el término municipal de Oria, en la provincia de Almería” y fueron sacrificadas “4.345 cabezas de ganado ovino
y caprino”. Como consecuencia de la aplicación de las zonas de protección y vigilancia, de 3 y 10 kilómetros respectivamente, “un total de 210 explotaciones ganaderas y
aproximadamente 45.000 cabezas de ganado han tenido medidas de restricción de movimiento de animales y productos como el estiércol y el pienso”.
Dentro del Plan de Vigilancia Intensivo y específico para la zona afectada “se efectuaron más de 6.000 tomas de muestras de cara a justificar la existencia de la
enfermedad únicamente en los focos declarados, manteniendo como zona libre otras comarcas y municipios de las provincias de Granada y Almería”.
Ayudas a los ganaderos afectados
La Consejería ha tramitado pagos por un importe de 219.000 euros a los ganaderos afectados por el sacrificio de sus animales, además de pagos por 92.000 euros por los
gastos de eliminación de cadáveres. Además, ha establecido ayudas extraordinarias dentro del presupuesto de la Junta, acogidas al régimen de mínimos, para compensar el
gasto extraordinario afrontado por los ganaderos en alimentación del ganado al no permitirse el pastoreo, que se concederán de oficio por la propia administración a los
titulares de las unidades productivas afectadas por las limitaciones de movimientos del ganado. La Administración autonómica afirma que “una vez publicadas las ayudas,
el plazo estimado para su resolución y pago será de tres meses”.
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El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado un documento de Preguntas Más Frecuentes en relación al artículo 30 del Real Decreto-Ley 20/2022, de 27 de
diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras
situaciones de vulnerabilidad.
Se trata, según se explica desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de responder a algunas preguntas recurrentes sobre la ayuda de estado a los
fertilizantes, únicamente con fines informativos. Se puede consultar el citado documento
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El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Real Decreto 1028/2022, de 20 de diciembre, que desarrolla el
registro de contratos alimentarios de carácter digital en el que se deberán inscribir, con carácter obligatorio, los contratos que se suscriban con los productores
primarios y sus agrupaciones, en cumplimiento de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, aprobada en diciembre de 2021. Este
registro incrementa la protección de los productores primarios y sus agrupaciones, ya que facilitará las funciones de inspección y control de las relaciones comerciales.
En este marco, el real decreto aclara quienes son los sujetos obligados a la inscripción de los contratos alimentarios que corresponde a los compradores que formalicen
los contratos con los productores primarios y sus agrupaciones. También precisa el procedimiento de inscripción, que debe realizarse antes de la entrega de los productos
objeto del contrato, así como cuando se produzcan modificaciones del contrato pactadas por ambas partes.
Asimismo, la norma aclara que los obligados a inscribir el contrato serán los primeros compradores cuando adquieran leche cruda a los ganaderos. Para aquellos contratos
alimentarios formalizados como contratos de integración, como en el caso de producciones de engorde del sector avícola, será el integrador el obligado a inscribirlo en
el registro electrónico.
El registro dependerá orgánicamente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y estará adscrito a la Agencia de Información y Control Alimentarios. El acceso
se realizará a través de su página web AQUÍ.
La inscripción, que se realizará de forma electrónica, se pondrá en marcha el 31 de enero de 2023, si bien habrá un periodo transitorio para facilitar su paulatina puesta
en marcha y será obligatoria a partir del 30 de junio.
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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, que hasta
ahora no contaban con una normativa nacional que regulase su ordenación sectorial, como sí ocurre con otros segmentos ganaderos como el porcino o el aviar. Este nuevo real
decreto permite establecer las bases para el desarrollo ordenado de la actividad de este sector en los próximos años, integrando los principales retos a los que se
enfrenta en materia de bienestar animal, de bioseguridad y medioambiental.
El sector bovino ocupa la segunda posición por detrás del sector porcino en cuanto a importancia económica de las producciones ganaderas. La producción de leche y carne
de vacuno representa más del 30 % de la producción final ganadera en España.
Se establece una diferenciación entre los requisitos para las granjas de nueva instalación y las ya existentes. Estas últimas dispondrán de un período transitorio para el
cumplimiento de determinados requisitos cuando ello sea necesario, así como de diferencias derivadas de su aptitud productiva.
El decreto clasifica las granjas en diferentes categorías en función de su tamaño. El objetivo es que el grueso de las granjas ya existentes de carácter familiar no vea
comprometida su competitividad en términos de costes adicionales. Se establece una capacidad máxima para las granjas de nueva instalación de 850 unidades de ganado (el
equivalente a unas 725 vacas de leche).
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El Consejo de Ministros ha aprobado con fecha 27 de diciembre de 2022, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), un paquete legislativo
compuesto por ocho reales decretos que regulan la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para el próximo periodo de programación 2023-27 que entrará en vigor el
próximo 1 de enero.
Con estos ocho nuevos reales decreto se completa el entramado legislativo necesario para implementar el plan estratégico nacional para la aplicación de la nueva PAC en
España que le Comisión Europea aprobó el pasado 31 de agosto. Estas normas se suman a la ley que regula el sistema de gestión de la PAC y otras materias conexas, que
aprobó el Congreso de los Diputados el 15 de diciembre, y a los reales decretos de intervenciones sectoriales que se publicaron el pasado mes de octubre (frutas y
hortalizas, vitivinícola y apícola).
Seis de los ocho decretos regulan cuestiones ligadas a la gestión de las ayudas: gobernanza; intervenciones del plan estratégico; requisitos comunes y solicitud única;
ayuda básica a la renta para la sostenibilidad; condicionalidad reforzada y condicionalidad social; gestión y control de las intervenciones y el Sistema de Información de
las Explotaciones (SIEX): Los otros dos decretos, que no afectan a las ayudas directas, pero sí a la consecución de los objetivos del plan estratégico de la PAC, regulan
la nutrición sostenible de los suelos y el uso sostenible de los productos fitosanitarios
En total, el paquete legislativo de la PAC está formado por la ley y 18 reales decretos, de los que ya se han aprobado 15. Los tres que están pendientes de publicación se
refieren a penalizaciones, potencial vitícola y bienestar animal, y no condicionan la entrada en vigor del plan estratégico.
La nueva PAC es una herramienta fundamental para asegurar la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería españolas y de los
territorios rurales donde se asientan. Los agricultores y ganaderos recibirán en torno a 7.150 millones de euros anuales de ayudas procedentes de los fondos europeos FEAGA
y Feader.
Real decreto de gobernanza
El Real Decreto por el que se regula la gobernanza del plan estratégico de la PAC en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y Feader establece la estructura
administrativa y los procedimientos que permitirán la correcta ejecución del plan. La norma identifica a las unidades responsables y establece las funciones de los órganos
de gobernanza del plan estratégico nacional (autoridades competentes y de gestión, organismo pagador y de certificación), al tiempo que da cobertura a la estructura
descentralizada de gobernanza que operará en el ámbito autonómico. Adicionalmente, este real decreto regula otros organismos como el Comité de seguimiento del plan
estratégico y la Red Nacional de la PAC, que contribuyen al seguimiento de los resultados y a la difusión del plan. En ellos se da cabida al conjunto de interesados en el
plan, y el Órgano de coordinación del sistema de conocimiento e innovación en agricultura, que interviene en la mejora de la interrelación en el ámbito de la innovación y
la formación agroalimentaria. También es objeto de este real decreto la coordinación interadministrativa para la gestión financiera de los fondos FEAGA y FEADER, así como
para la ejecución de una serie de procedimientos en relación con la Unión Europea (UE), entre los que destacan, por su novedad y trascendencia, el examen bienal del
rendimiento que llevará a cabo la Comisión Europea y la tramitación de las eventuales solicitudes de modificación del plan estratégico que se presenten para su aprobación.
Finalmente, el real decreto incluye disposiciones relativas a la gestión de instrumentos financieros como mecanismo de financiación en condiciones favorables que facilita
el crédito en el sector primario. Real decreto de intervenciones del plan estratégico, requisitos comunes y solicitud única. El Real Decreto sobre la aplicación, a partir
de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del plan estratégico de la PAC, y la regulación de la
solicitud única del sistema integrado de gestión y control, regula las intervenciones en forma de pagos directos: la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y sus
pagos complementarios (pago redistributivo y pago a jóvenes agricultores y agricultoras), las ayudas asociadas y los ecorregímenes. Los ecorregímenes, que son una de las
principales novedades de la nueva PAC, remunerarán a las explotaciones que lleven a cabo prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente
mediante compromisos anuales voluntarios. El texto define los beneficiarios, los requisitos y condiciones aplicables para su concesión, así como las asignaciones
financieras y los importes unitarios planificados mínimo y máximo para cada una de las intervenciones, y la forma de calcular la ayuda. Además, en este real decreto se
regulan los requisitos comunes que afectan a todas las intervenciones del plan estratégico, como es el caso del de agricultor activo, y las definiciones relevantes para
estas ayudas. Igualmente se establecen todas las disposiciones relativas al sistema de solicitud única del sistema integrado de gestión y control.
Real decreto de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad
El Real Decreto sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la PAC establece la normativa reguladora de la conversión de los derechos de pago
básico actuales en los nuevos derechos de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que estarán vigentes para el periodo de aplicación 2023-2027. Este texto
regula igualmente el nuevo modelo de 20 regiones que sirve de base para el cálculo del valor de los derechos, a lo largo de toda la programación, así como las
disposiciones relativas a la reserva nacional y las cesiones de derechos. Real decreto de condicionalidad reforzada. El Real Decreto por el que se establecen las normas
para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social, establece el conjunto de obligaciones que deben cumplir los beneficiarios para poder
percibir las ayudas de la PAC establecidas por superficie y animales, en el marco de los pagos directos, el Feader y el Programa de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias. La condicionalidad reforzada establece requisitos en materia de medio ambiente, cambio climático, salud pública, sanidad vegetal y bienestar animal. Así, el
real decreto incluye la relación de requisitos legales de gestión, que son obligaciones establecidas en la legislación de la UE, y desarrolla a nivel nacional 10 buenas
condiciones agrarias y medioambientales (BCAM), con el fin de contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible, atendiendo a los desafíos medioambientales y
climáticos y la nueva arquitectura medioambiental de la PAC. Respecto de la condicionalidad social, en el real decreto se establece el procedimiento a seguir, a partir
de 2024, entre las administraciones involucradas con el objeto de conseguir una agricultura socialmente sostenible mediante una mayor concienciación en cuanto a las
normas que afectan a las condiciones laborales, la seguridad y la salud de los trabajadores, así como las relativas a la utilización de los equipos de trabajo. MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN CORREO ELECTRÓNICO gprensa@mapa.es Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Pº DE
LA INFANTA ISABEL, 1 28071 - MADRID TEL: 91 347 51 74 Página 5 de 7 www.mapa.gob.es Real decreto de gestión y control de las intervenciones. El Real Decreto por el que se
regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del plan estratégico y otras ayudas de la PAC desarrolla todos los aspectos del control que hasta ahora se
regulaban en la normativa europea y que, con la nueva PAC, que aplica el principio de subsidiariedad en el marco del nuevo modelo de rendimiento, debe diseñar cada el
Estado miembro. Todo ello respetando el principio de proporcionalidad y con el doble objetivo de proteger los intereses financieros de la UE y prevenir el fraude, y de
reducir la carga administrativa para la administración y para los beneficiarios. Se incluyen para ello medidas de simplificación en la gestión, fundamentalmente mediante
la modernización de las herramientas de control. Real decreto del SIEX. El Real Decreto por el que se establece y regula el sistema de información de explotaciones
agrícolas y ganaderas y de la producción agraria (SIEX), regula los dos principales componentes de este sistema: el registro autonómico de explotaciones agrícolas (REA) y
el cuaderno digital de explotación agrícola (CUE). El decreto fija el contenido mínimo de dichos componentes, así como el papel de las distintas autoridades competentes,
los procedimientos para su cumplimentación y para la puesta a disposición de las herramientas informáticas necesarias y la interoperabilidad con las herramientas
comerciales. El SIEX tiene como objetivo crear un sistema, gratuito para los ciudadanos, que permita la integración de la información existente en los distintos registros
de las administraciones competentes en materia agraria para avanzar en la simplificación de trámites para agricultores y ganaderos y en la digitalización del sector
agrario. El desarrollo y aplicación del SIEX cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta herramienta contribuye al cumplimiento
parcial y a la implementación de la inversión sobre “Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado” de “Modernización de las
administraciones públicas” recogidos en el Plan de Recuperación y en el cual el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación participa en su cogestión con otros
departamentos ministeriales. Para la entrada en vigor de las obligaciones de este real decreto se establece un periodo transitorio, de manera que las explotaciones de
menor tamaño no deberán cumplimentar sus datos en el CUE hasta el 1 de julio de 2024. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN CORREO ELECTRÓNICO gprensa@mapa.es
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 28071 - MADRID TEL: 91 347 51 74 Página 6 de 7
www.mapa.gob.es Real decreto de nutrición sostenible de suelos. Este real decreto responde al compromiso del Gobierno de avanzar en la fertilización racional de los
cultivos, con el objetivo estratégico de aumentar o mantener la productividad de los suelos agrarios, a la vez que se disminuye el impacto ambiental de la aplicación de
productos fertilizantes y otras fuentes de nutrientes o materia orgánica, en línea con los objetivos de la Estrategia Europea De la Granja a la Mesa. Esta norma
constituye una de las reformas contempladas en la “Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero” y comprometida por el Gobierno dentro del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Como elemento central se establece la necesidad de tener en cuenta todas las actividades que aportan nutrientes
a los cultivos, ya sea de forma intencionada o no, y las posibles vías por las que se pueden perder, buscando aportar sólo los nutrientes necesarios en el momento,
cantidad, forma y lugar adecuados. Ello permitirá disminuir la emisión a la atmósfera de amoniaco, así como de gases con efecto invernadero y prevenir la contaminación de
aguas por nitratos. Así, el proyecto de real decreto propone realizar un planteamiento global, que permita abordar consideraciones parciales de cada una de las diferentes
fuentes de nutrientes y sus procesos en los suelos agrarios para optimizar su uso y reducir su impacto ambiental. La norma establece buenas prácticas de fertilización,
como son los requisitos generales de épocas de abonado, instrucciones respecto al apilamiento temporal de estiércoles o limitaciones al uso de la urea. Además, dispone
medidas de mitigación según el tipo de material utilizado y dispone la necesidad de que los agricultores elaboren un plan de abonado, así como de que dispongan de un
cuaderno de explotación electrónico y cuenten con asesoramiento técnico para una correcta aplicación de los fertilizantes. Destaca el cálculo de un balance de nutrientes
que permita la elaboración de dicho plan, teniendo en cuenta todas las entradas y salidas de nutrientes en el suelo. El MAPA pondrá a disposición de los agricultores las
herramientas necesarias para la implementación de algunas de las nuevas obligaciones como son el cuaderno digital o programas informáticos de recomendación de abonado.
Real decreto de uso sostenible de fitosanitarios. Con este real decreto se da un paso más en la estrategia en favor de un uso sostenible de los productos MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN CORREO ELECTRÓNICO gprensa@mapa.es Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Pº DE
LA INFANTA ISABEL, 1 28071 - MADRID TEL: 91 347 51 74 Página 7 de 7 www.mapa.gob.es fitosanitarios en la que la agricultura española lleva tiempo avanzando, con la
gestión integrada de plagas como elemento básico para conseguir el objetivo de reducción del impacto de éstos. Este real decreto establece el libro electrónico de
explotación, que permitirá conocer el uso de productos fitosanitarios con detalle y casi en tiempo real. Esta información detallada y cercana será clave para la toma de
decisiones y permitirá enfocar los esfuerzos en el uso sostenible de los fertilizantes solo en aquellos cultivos y explotaciones en donde sea necesario. De esta forma se
evitará solicitar esfuerzos innecesarios a los agricultores que estén mejor alineados en esta filosofía de uso sostenible y gestión integrada de plagas. Se trata de un
modelo innovador en Europa que va a permitir además que los agricultores su nivel de riesgo de uso y de riesgo de productos fitosanitarios y compararlo con los niveles
medios del país. Esta información debe ser clave para su toma de decisiones y para corregir de manera rápida las desviaciones.
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El Gobierno destinará ayudas directas, en el marco del Real Decreto-Ley 20/2022, de 27 de diciembre (BOE n.º 311, de 28 de diciembre), para que agricultores y ganaderos
puedan hacer frente al incremento de los precios energéticos como consecuencia de la guerra de Rusia en Ucrania, que ha ocasionado mayores costes de producción debido al
encarecimiento de los fertilizantes y del gasóleo agrícola.
En el caso de los fertilizantes, unos 300.000 agricultores se beneficiarán de la ayuda directa, con un presupuesto de 300 millones de euros. Esta subvención se concederá
por hectárea, hasta un máximo de 300, y será de 22 euros por hectárea en el caso de superficie de secano y de 55 euros para el regadío.
Los fertilizantes suponen un 8 % de los consumos intermedios del sector agrario y su precio medio aumentó el 80 % entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022. Por ello
el Gobierno considera necesario habilitar ayudas para hacer frente a este incremento de costes y que inciden en la rentabilidad de las empresas agrarias.
Además, agricultores y ganaderos seguirán contando con la ayuda de 20 céntimos de euro por litro de gasóleo. Se concederá a aquellos que ejerzan el derecho a la devolución
de las cuotas del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) satisfechas o soportadas con ocasión de las adquisiciones de gasóleo agrario. La subvención será de 20
céntimos por litro de gasóleo consumido y se tomará como referencia el consumo destinado en exclusiva al uso agrario realizado en 2022.
El importe de la subvención se abonará por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por el mismo procedimiento mediante el que se realiza la devolución parcial de
las cuotas del Impuesto Especial de Hidrocarburos. Se considerará solicitada la ayuda con la presentación de la solicitud de devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos por
el gasóleo empleado en la agricultura y la ganadería, conforme a lo establecido en la Orden EHA/993/2010, de 21 de abril a partir del 1 de abril de 2023.
Unos 120.000 agricultores y ganaderos solicitan anualmente esta devolución, si bien se espera que el número que finalmente se beneficie de esta ayuda, calculada en 240
millones de euros sea mayor. La devolución se podrá solicitar a partir del 1 de abril de 2023.
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La reserva hídrica española está al 42 por ciento de su capacidad total, a fecha 20 de diciembre de 2022, según datos facilitados por el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) en su informe semanal. Los embalses almacenan actualmente 23.552 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana
en 3.531 hectómetros cúbicos (el 6,3 por ciento de la capacidad total actual de los embalses). En la cuenca del Guadalquivir las reservas se encuentran al 23,6% y en la
cuenca Mediterránea Andaluza al 37,5%.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado la primera estimación de las principales cifras económicas del sector agrario. Según estos datos, la
renta agraria ha alcanzado los 27.861 millones de euros en 2022, lo que supone un descenso del 5,5% con respecto a la de 2021. La cifra se sitúa un 1,1% por encima de su
valor en 2020. La caída de la renta agraria en 2022 se debe a que el fuerte aumento de los costes de producción del sector motivado por la guerra de Ucrania no es
compensado en su totalidad por el incremento de valor de la producción de la rama agraria, a pesar de registrar valores récord. Además, las adversidades climáticas han
causado descensos en determinados cultivos. La Renta Agraria en términos corrientes por Unidad de Trabajo Anual (UTA) ha disminuido un 1,2%, hasta situarse en 32.194 euros.
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El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 15 de diciembre, concluyó la tramitación del Proyecto de Ley por el que se regulan el sistema de gestión de la
Política Agrícola Común (PAC) y otras materias conexas con la incorporación de las enmiendas del Senado, según se informa en nota de prensa.
Su objeto es establecer “las normas básicas y de coordinación” para que se aplique en España el sistema de gestión de las ayudas de la PAC a partir del año 2023. También
establece las relaciones con las Administraciones por vía electrónica, regula los regímenes sancionadores en materia de ayudas y modifica otras normas diversas como: la
ley de la Viña y el Vino, la General de Subvenciones, algunos aspectos para el cuidado de los animales en la explotación, su transporte, experimentación y sacrificio y la
Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. El texto también hace cambios en el Real Decreto por el que se establecen tarifas de acceso a las redes
de transporte y distribución de energía eléctrica, la denominada tarifa de doble potencia eléctrica para los regantes. Se debe completar con un total de 18 decretos de los
cuales faltan diez por publicar en BOE.
Con la ratificación de las enmiendas del Senado por el Congreso de los Diputados, ha quedado lista la ley para su publicación en el BOE y entrada en vigor.
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La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha levantado las restricciones en la comercialización de carne, leche, piel y estiércol de ovejas y cabras
segureñas de la provincia de Granada y Almería que se habían visto afectadas por la Viruela Ovina Caprina (VOC), con la firma, el 16 de diciembre de 2022, de la resolución
por parte del director general de Producción Agrícola y Ganadera, Manuel Gómez Galera.
Por precaución, se mantienen las limitaciones de acceso a los pastos hasta el 16 de enero de 2023, excepto para aquellas explotaciones que en base a un análisis de los
riesgos sean autorizadas a pastorear, con el objetivo de evitar la posible reinfección de los animales al salir a los mismos y, por ende, la declaración de nuevos focos que
conllevaría reactivar todas las restricciones. Además, en determinadas explotaciones de Granada y Almería, de acuerdo con una decisión de la Comisión Europea, se establecen
determinadas condiciones para determinados movimientos.
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La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión de trabajo con el secretario general de Agua,
Ramiro Angulo, y la directora general de Recursos Hídricos, Susana Benavides, para analizar el impacto de las lluvias y la implementación de medidas con el fin de hacer
frente a la sequía, según se ha informado en nota de prensa. Entre los datos ofrecidos en el encuentro se destacaron “los casi 380 hm³ de agua que han aportado las
precipitaciones de las últimas semanas a los embalses de Andalucía”, fundamentalmente en la zona occidental, que suponen “una subida del 3,2%”.
La consejera ha valorado estos aportes a los embalses, pero ha mandado “un mensaje de prudencia” a la sociedad recalcando que “es preciso que sigamos haciendo un uso
responsable del agua, ya que la eficiencia hídrica es siempre una premisa a tener en cuenta, pero más aún ante la situación de escasez que venimos arrastrando en los
últimos tiempos”. Carmen Crespo ha detallado que, “si bien las lluvias han hecho posible que superemos la barrera del 25% de la capacidad de los embalses de Andalucía, aún
continuamos por debajo de los valores de 2021 y muy lejos de la medida de la última década”.
La capacidad total para embalsar agua en el territorio andaluz asciende a 11.983 hm³ y actualmente se encuentran al 25,7% (3.077 hm³). En 2021, los embalses se encontraban
al 30,3% al reunir 3.616 hm³, por lo que la situación actual refleja una bajada de 539 hm³ en comparación con el agua disponible hace 12 meses. Atendiendo a la media de la
última década, fijada en 6.354 hm³ (53,2%), los recursos embalsados se han reducido en 3.277 hm³.
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La pluviometría media registrada en la cuenca del Guadalquivir desde el 1 de diciembre hasta el 12 de diciembre ha sido de 80 l/m², según ha informado la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que señala igualmente que el valor “coincide prácticamente con la media histórica correspondiente al mes de diciembre completo, que
es de 82l/m²”.
La CHG especifica que más del 90% de estas lluvias se han registrado en los últimos siete días y que han sido “especialmente abundantes en la parte más occidental donde
se han registrado 99 l/m² de media en la zona de Sevilla-Huelva y hasta 86 l/m² en la provincia de Córdoba” y que por el contrario “los valores más bajos se han producido
en la zona de Jaén, Ciudad Real y Granada, con 69 l/m² de media”
La reserva hidráulica del Guadalquivir ha aumentado, concretamente, en 57 hm³, y desde el organismo de cuenca se subraya que, a la vista de las previsiones meteorológicas
de nuevas precipitaciones, es previsible que se sigan registrando nuevas aportaciones a los embalses, aunque los aportes están aún muy por debajo de los niveles medios
para esta época del año.
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Reserva hídrica en España
A fecha 13 de diciembre, la reserva hídrica española está al 35,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan 20.021 hectómetros cúbicos (hm³) de agua,
aumentando en la última semana en 765 hm³ (una variación del 1,4 por ciento de la capacidad total actual de los embalses), según informa el MITECO. La cuenca del
Guadalquivir se encuentra al 19,3% y la cuenca Mediterránea andaluza al 34,2%
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Los agricultores y ganaderos españoles podrán acogerse a deducciones en el rendimiento neto del Impuesto sobre la Renta para las Personas Físicas (IRPF) por la adquisición
de gasóleo agrícola y de fertilizantes, como medida excepcional para paliar los efectos del encarecimiento de los costes de producción, mediante la Orden HFP/1172/2022, de
29 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Función Pública (BOE número 228, de 1 de diciembre), por la que se desarrollan para el año 2023 el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
El método de estimación objetiva del IRPF, mayoritario entre agricultores y ganaderos en nuestro país, contempla como novedad una reducción del rendimiento neto del 35 % en
el gasóleo y del 15 % en los fertilizantes para 2022 y 2023. Se mantienen las reducciones establecidas excepcionalmente en 2021 por piensos adquiridos a terceros y por
cultivos en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica, siempre que representen más del 50% del importe de los consumidos. El índice único para todos los sectores
ganaderos será del 0,50. También se mantiene en los niveles de 2021 el índice por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25 % del rendimiento neto
extensible a todos los regadíos.
Los agricultores y ganaderos, al igual que el resto de contribuyentes que tributen en módulos, se beneficiarán de una reducción del rendimiento neto del 15% en 2022 y del
10% en 2023, frente al 5% en que se fija habitualmente esta reducción.
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